Un juez de Barcelona confirma la legalidad del P2P en España

• En una completa sentencia, desmonta todos los argumentos de la SGAE
• Absuelve al dueño de una página de enlaces que no tiene ánimo de lucro

Después de tres años de lucha judicial, Jesús Guerra Calderón, dueño de un pequeño bar de un polígono de Caldes de Montbui (Barcelona) y de la página web de enlaces P2P 'Elrincondejesus.com', ha vencido a la SGAE. Una histórica sentencia (PDF) afirma no sólo que las páginas de enlaces son legales, sino que reafirma la legalidad de las propias redes de intercambio P2P en nuestro país.

Raúl N. García Orejudo, magistrado titular del Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, ha desestimado la demanda de la Sociedad General de Autores y Editores y ha absuelto a Jesús de las pretensiones de la sociedad de gestión, que pretendía el cierre del sitio web, así como una indemnización, por la "comunicación pública y y la reproducción de obras musicales del repertorio gestionado por al SGAE".

En esta sentencia absolutoria, el juez, que ya había desestimado un cierre cautelar de la página hace meses con parecidos argumentos, entra al fondo de la cuestión: ¿Es legal enlazar a sitios de intercambio de archivos P2P? Según el texto, las pruebas periciales indicaban que en Elrincondejesus.com "no se almacenaban ninguno de los archivos cuya referencia se indica".

Es más, el juez considera que el sistema de 'links' o enlaces no supone ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública de las obras protegidas, ya que lo único que creó el autor del sitio demandado es un mero índice que facilita la búsqueda en redes de intercambio de archivos.

"En sentido amplio", dice el juez, "el sistema de enlaces constituye la base misma de Internet y multitud de páginas y buscadores (como Google) permiten técnicamente hacer aquello que precisamente se pretende prohibir en este procedimiento, que es enlazar a las llamadas redes P2P".

Además el titular "no percibe cantidad alguna directa o indirectamente relaconada con el servicio que ofrece", ya que el sitio web era abierto a todos, gratuito y no tiene publicidad. En suma, no hay ánimo de lucro, ni directo ni indirecto.

El P2P es legal

Pero es que el juez va mucho más allá, al afirmar que "las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet, no vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual".

Cuando una persona descarga un archivo para su uso privado a través de las redes P2P, que son legales, ese mismo acto es perfectamente lícito, razona el juez, siempre que no haga uso lucrativo ni colectivo del mismo una vez obtenida la copia. Pero la mera obtención de la copia es un acto perfectamente legal, insiste.

Además, recuerda la sentencia que la Ley de Propiedad Intelectual habla de la legalidad de la fuente y no de la legalidad del acceso, "de tal manera que la mayoría de los usuarios de estas redes acceden legalmente a la obra, por cuanto han celebrado un contrato lícito y válido a cambio de un precio con un prestador de servicios de la Red".

Canon

El juez valora que estas copias, si son guardadas en un disco duro o en discos ópticos, "precisamente porque son elementos susceptibles de recibir copias probadas de obras protegidas por propiedad intelectual, están gravados con el correpondiente canon o compensación equitativa del artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual".

¿Hay comunicación pública cuando hablamos de P2P, otro de los requisitos que exige la ley para considerar la práctica ilegal? La sentencia reconoce que si bien hay una "puesta a disposición del público de obras sin distribución de ejemplares" y que "es comportamiento puede ir a una pluralidad de personas", reconoce que es complicado demostrarlo, ya que se pueden dar casos como que el intercambio sea con una sola persona.

Por último, recuerda la sentencia la imposibilidad de identificación del usuario en los procedimientos civiles (y alude al caso Promusicae contra Telefónica), aunque la SGAE recurre a otro tipo de estrategias para obtener dichas identificaciones, como sucedió precisamente en este mismo caso hace meses.

El Mundo

Quince días de diciembre

Han pasado ya más de tres meses desde que el pasado 1 de diciembre se desatase en nuestro país lo que seguramente fue el episodio de activismo más fuerte en la todavía corta historia de la red española: tras la vergonzosa introducción, por parte del lobby de la comercialización de los derechos de autor a través de una vicepresidenta del gobierno, de una siniestra "disposición final" en una ley no relacionada con el tema, que equiparaba lo que ellos denominaban "salvaguarda de los derechos de autor" a cuestiones como la seguridad nacional, la protección de infancia y juventud o la salud pública, un grupo de usuarios de la red nos poníamos de acuerdo para la redacción, en pocas horas, de un manifiesto que, tras su publicación a las nueve de la mañana del día siguiente, comenzaba a circular por toda la red.

Por "toda la red", nos referimos a "toda la red": en un plazo de escasas horas, el texto podía encontrarse en más de ochocientas mil páginas de todo tipo, desde blogs personales hasta periódicos y medios de comunicación, acumulaba más de doscientas mil personas en un grupo de Facebook creado a tal efecto, aparecía en todos los boletines informativos, y forzaba no solo a una Ministra de Cultura a recibir a una serie de personas implicadas en su redacción, sino también a varios miembros más del gobierno, desde su Presidente hasta dos vicepresidentas y un Ministro de Justicia, a realizar declaraciones al respecto.

Entre la publicación del Manifiesto "en defensa de los derechos fundamentales en Internet" y el inicio de unas vacaciones de Navidad que llegaron como un auténtico bálsamo para el gobierno, pasaron aproximadamente quince días que sentaron en cierta medida las bases del activismo digital en nuestro país, y que permitieron a muchos darse cuenta de que en la red, este tipo de temas no se regían por asociacionismo, procesos constituyentes o imposibles elecciones de representantes, sino por algo mucho más sencillo: liderazgo.

Algo más de tres meses después... ¿qué fue del manifiesto? Tras las primeras reacciones desesperadas de un gobierno que intentaba disimular de mala manera el gol que los lobbies de la propiedad intelectual les habían colado, nos encontramos, a vuelta de vacaciones, con algunas reformas que, lejos de enmendar el error cometido, se enrocaban en él más aún.

En lugar de eliminar la polémica y a todas luces inadecuada Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, el gobierno, con la excusa de asegurar una intervención de los jueces en el proceso de cierre de páginas web, montaba un enorme aparato legal que, mediante la modificación de nada menos que dos leyes, una Ley Orgánica y un Real Decreto, creaba de facto una justicia a la medida de las entidades de gestión de derechos de autor. En España, lo que dichas sociedades - no así los jueces - definiesen como delito, estaría sujeto a leyes, tribunales y jueces "diferentes", con plazos y criterios distintos al del resto de los mortales.

De la promesa de la Ministra de Cultura de volver a recibir al grupo de usuarios de Internet por segunda vez al cabo de unas semanas para una reunión de trabajo, nada. Ni el hecho de haber sido recibidos por todas las fuerzas del arco parlamentario con la excepción del grupo socialista, ni la intensa exposición mediática, ni las decisiones que en otros ámbitos han dejado claro que la protección de los derechos de autor no puede estar por encima de los derechos fundamentales de los usuarios han conseguido que este gobierno vuelva a consultar a los usuarios de Internet.

La siniestra Disposición Final Primera sigue en su sitio, a pesar de que incluso magistrados de la Audiencia o una Subcomisión Parlamentaria dedicada a deliberar sobre la propiedad intelectual hayan criticado la inclusión arbitraria de medidas relacionadas con el tema en un Anteproyecto convertido en ¿cajón de sastre¿, y recomendado crear desde cero una nueva legislación.

La red no olvida. Por mucho que el gobierno quiera pensar que el movimiento en defensa de los derechos fundamentales en Internet "se ha desinflado", la realidad es que estamos esperando. El espíritu de aquellos quince días de diciembre sigue ahí. Gobierno, tú mueves.

Enrique Dans en Expansión

Más de mil páginas web se autoinculpan de desobedecer la 'ley Sinde' ante Industria

LalistadeSinde.net, una iniciativa que lucha contra la Ley de Economía Sostenible (LES) que regula el cierre de páginas web, ha presentado este martes ante el Ministerio de Industria una lista con más de 1.200 sites que se autoinculpan de haber realizado libre intercambio de archivos.

La ley Sinde no ha cambiado ni una coma de su texto en lo que nos afecta De esta forma, la comunidad digital pretende "hacer frente a la censura" impuesta por las nuevas medidas y denuncia que, pese a las protestas, la bautizada ley Sinde "no ha cambiado ni una coma" de su texto inicial en lo que afecta a los internautas, según explica en su web el grupo Hacktivistas.net, uno de sus principales instigadores.

La afirmación por parte del Ministerio de Cultura de que la nueva ley no irá contra los internautas no convence a los resposables de Hacktivistas, que recuerdan que tanto la retirada de páginas españolas como el filtrado de las extranjeras sigue en manos de una comisión gubernamental y no de lo jueces. Una comisión que, puntualizan, "está formada por la industria del Copyright".

En Industria, mejor que en Cultura

LaListaDeSinde.Net alberga un listado de páginas que han incluido un buscador de enlaces a descargas. El listado con los nombres de sus integrantes ha sido entregada en el Ministerio de Industria y no en el Cultura porque, según sus portavoces, "a estas alturas ya está claro que Ángeles González-Sinde no es más que una marioneta dispuesta a quemarse políticamente".

Las últimas palabras de la titular de la cartera de Cultura sobre este asunto que tantas ampollas han levando en Internet incidían en que la nueva regulación sería "respetuosa con los derechos individuales" y que su ya famosa Disposición Adicional Primera sobre Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual no tiene otro objetivo que fomentar la creación y la difusión de contenidos.

20 Minutos

Hoy se entrega 'la lista de Sinde'

Ya son más de 1.174 las páginas adheridas a LaListaDeSinde.Net, una iniciativa de desobediencia digital contra el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que pretende poner la propiedad intelectual por encima de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, libertad de expresión y acceso a la cultura. Hoy a las 12:00 horas se hará entrega pública en el Ministerio de Industria de esta lista que hace frente a la censura. Estas webs han decidido autoinculparse con el libre intercambio de archivos incluyendo en su web un buscador de enlaces P2P. En tanto los legisladores sigan encontrando importante la copia y no al autor en este juego de intereses, no habrá solución.

El 75% de las webs de LaListaDeSinde.Net son de creadores, autores que ponen sus obras a disposición del público, que luchan por un modelo sostenible de cultura libre y, algunos de ellos, viven de ello. Todo ello a pesar y en contra del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, de un Gobierno que está en manos de los poderes corporativos y no de la ciudadanía a la que pretende representar.

Visto en Bandaancha

Operación Neutralizar la Red

El caso Indicedonkey estuvo enmarcado en el despliegue mediático conocido como "Operación Descargas en la Red", una de cuyas características fundamentales fue la pretensión, por parte de investigadores y denunciantes, de involucrar en la causa penal no únicamente a los webmasters denunciados, sino también a sus proveedores de hosting. Una estrategia ésta que, vista con perspectiva histórica, no era sino un anuncio de lo que estaba por venir. Mediante la argucia procesal de intentar responsabilizar a los intermediarios, se escondía un objetivo mucho más ambicioso: acabar a cualquier precio con la neutralidad de la Red.

Artículo completo en Bufet Almeida

Los jueces insisten: se archivan las actuaciones contra otra página de enlaces a redes P2P

Las actuaciones seguidas contra la página de enlaces a redes P2P indicedonkey fueron archivadas en Marzo de 2008, sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid dejó sin efecto esa resolución al no haberse practicado la ratificación de una prueba pericial que tenía por objeto estudiar el funcionamiento de la página web. Tras la reciente práctica de esa prueba, y al quedar demostrado con ella que se trata de una página web de enlaces a archivos difundidos en redes P2P, el Juzgado de Instrucción ha decidido volver a archivar las actuaciones en un auto (susceptible de recurso) donde menciona la resolución Sharemula, haciendo así suyas sus argumentaciones. Como recordarán, esa resolución decidía el sobreseimiento libre y firme de las actuaciones seguidas contra los administradores de la web denunciada al considerar que una página de enlaces no realiza un acto de comunicación pública de obras intelectuales por ser el enlace un "mero dato fáctico". Estas páginas, por tanto, no realizan ninguno de los actos de explotación de derechos de propiedad intelectual reconocidos a sus titulares en la LPI, por lo que no pueden tampoco infringirlos.

Resulta paradójico que la que se ha bautizado como "Ley Sinde" sea una propuesta nacida con la declarada intención de cerrar por vía administrativa páginas de enlaces como las que en el día de hoy ha obtenido una resolución de archivo suscrita por un juez. Pese a que ayer se hiciera pública una carta de la Presidencia del Gobierno en la que se justificaba la creación de este órgano administrativo por la necesidad de cerrar páginas que vulneran derechos de propiedad intelectual, parece más que probable que las verdaderas razones se encuentren en resoluciones como las que ahora comentamos.

En el informe 301 del año pasado y del presente, elaborado por importantes multinacionales estadounidenses de la industria del entretenimiento, se reprochaba a España la existencia de la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado así como la resolución del caso Sharemula, a la que ponía como ejemplo de la "frustración" que sufría la industria "con el proceso judicial español"". Con esta resolución en la mano, una más de tantas, nos preguntamos si la propuesta de que en el futuro no sean los jueces quienes decidan sobre estos asuntos es, simple y llanamente, la solución que desde España les ofrecemos a tanta frustración.

Javier de la Cueva y David Bravo, abogados de uno de los imputados en el caso Indicedonkey

Antorchas en la Biblioteca

La Ley Sinde, una enfermedad neuronal

La pretensión del Gobierno Zapatero es modificar el tratamiento jurídico de los hipervínculos de Internet, de forma que puedan cerrarse las páginas que recopilan enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor. En lugar de focalizar el problema en la vigente Ley de Propiedad Intelectual –que no define el enlace como comunicación pública de las obras- el Gobierno pretende otorgar competencias a un órgano administrativo, la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, para que por ésta se determine qué páginas deben ser cerradas.

El sistema mental de nuestros políticos es un triste reflejo de las estructuras jerárquicas donde medran. Unas estructuras jerárquicas, caldo de cultivo de toda corrupción, que les impiden comprender la complejidad de la sociedad-red emergente. En su simpleza, piensan que pueden identificar el índice de libros prohibidos que les permita censurar la Biblioteca. Como quien le quita a un niño el tomo de la letra P de la enciclopedia, para que no pueda buscar la Palabra Prohibida.

No entienden nada. De la misma forma que se aísla al invasor, la propia Red es capaz de restaurar sus sinapsis dañadas, circunvalando cualquier tipo de censura. A la larga, el derroche de fondos públicos no servirá para mucho. Pero eso no quiere decir que la Ley Sinde no sea dañina: cualquier mutilación de la Red puede ser un infinito drama humano, como lo es cualquier abuso del poder sobre la ciudadanía.

Artículo completo en Kriptópolis