Está claro: era una mala idea

El informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible demuestra de nuevo que las cosas que empiezan mal, suelen acabar mal. Recordemos cómo se inició todo este lío: cuando, el día 1 de diciembre del año pasado, titulé una entrada nada menos que “Involucionismo digital, la vergüenza de la democracia o el gobierno de Los Otros“, la cosa, realmente, no era para menos. Ver a un lobby industrial metiendo mano de manera manifiestamente antidemocrática en un anteproyecto de ley, añadiendo a él de manera burda una disposición final no relacionada para nada con la temática tratada en la ley, y celebrando posteriormente en un restaurante el “haberle colado un gol” al gobierno es algo que hace que se tambalee la fe en la democracia del más pintado. Efectivamente, era lo que parecía: un intento de “colar” legislación favorable a los intereses económicos de unos pocos, aprovechando un anteproyecto de ley convertido a tal efecto en “cajón de sastre”. La incorporación, de hecho, fue tan burda, que ni siquiera aparece recogida en el listado de reformas propuestas, ni en la información facilitada tras el Consejo de Ministros en el que se trató por primera vez el tema, ni en las declaraciones de los responsables al respecto. Estaba clarísimo: era un “añadido de última hora”, que además introducía temas relacionados con la propiedad intelectual en un ámbito donde no correspondía, y desnaturalizaba completamente la Subcomisión que en el propio Congreso de los Diputados tenía supuestamente como encargo plantear las bases de la reforma de la misma.

La reacción fue inmediata: el “gol” no solo estaba marcado “en fuera de juego”, sino que además, violaba las normas más elementales del juego político. Al estar hecha de tan mala manera, metida con calzador y a toda prisa, la Disposición Final Primera se llevaba por delante los derechos fundamentales de los ciudadanos al proponer la creación de una comisión administrativa con capacidad censora, una potestad reservada a los jueces por mandato constitucional. La rápida difusión del Manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” que comenzó al día siguiente forzó una serie de reacciones del gobierno, pero en la dirección equivocada: en lugar de reconocer el error de haber permitido que sus “amistades peligrosas” modificaran a su antojo el Anteproyecto, intentaron “arreglar el desaguisado” dándole apariencia legal, y para ello entraron en una espiral que terminó por llevarles a plantear la modificación de dos leyes, una Ley Orgánica y un Real Decreto con el fin de intentar parchear el tema de alguna manera. La cuestión seguía siendo burda, porque respondía a una pretensión tan clara como espantosa: “como los jueces no nos dan la razón, prescindamos de los jueces”. Para ello, pretendían justificar la creación de todo un “aparato legal” en forma de justicia paralela hecha a la medida de las pretensiones de las sociedades de gestión de derechos de autor, a las que se otorgaba el privilegio de tener sus propios tribunales y procesos.

El informe del Consejo Fiscal pone las cosas en su sitio: efectivamente, las cosas no se pueden arreglar así. Y no se puede, porque los comienzos son erróneos. Para empezar, porque la propiedad intelectual no se puede equiparar con los derechos fundamentales. No, ni parecía lógico, ni lo era, poner la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que cuestiones como el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de juventud e infancia. Sencillamente, es erróneo: por mucho que se pretenda confundir interesadamente, la propiedad intelectual pertenece, como su propio nombre indica, al ámbito de los derechos de propiedad, no al de los derechos fundamentales. Y si la propiedad intelectual no es de por sí un derecho fundamental, mucho menos lo es el negocio derivado de la comercialización de la misma, un negocio que, como tal, únicamente debe someterse al ámbito de las leyes del mercado. Una cosa es la creación, y otra muy distinta su comercialización.

El informe del Consejo Fiscal pone las cosas en su sitio: suspende al gobierno en Derecho, deja claras las incoherencias derivadas de pretender enrocarse en el error, y pide a gritos la verdadera rectificación necesaria: la eliminación de la Disposición Adicional Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, y el planteamiento de un verdadero y legítimo debate sobre la reforma de la propiedad intelectual en el foro que legítimamente le corresponde, en el que se traten mucho más aspectos de un asunto cuyas implicaciones van, sin duda, mucho más lejos que lo que torpe y apresuradamente se planteaba en esa ominosa Disposición Final Primera.

Efectivamente: era una mala idea.

Enrique Dans