sábado, 30 de enero de 2010

"La batalla de Internet", en Informe Semanal



Publicado en RTVE

Propuestas para innovar en la reforma de Ley de Propiedad Intelectual

La artista Simona Levi, miembro de EXGAE y del colectivo Red SOS-Tenible, defendió ante la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual los postulados de la Carta para la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento.


Levi entregó a la subcomisión una copia de este documento, elaborado por un centenar de expertos europeos y que "tiene en cuenta 20 años de propuestas jurídicas para adecuar la Ley de Propiedad Intelectual a la nueva era digital".


"Tenemos que legislar por una sociedad que esté abierta al futuro, no por una que tenga miedo a él", ha dicho Levi, quien ha considerado que "la propiedad intelectual fue inventada como un incentivo a la creación, no como un fin en sí".


"Por eso nos preocupa la deriva que empuja a la industria cultural en este momento a lo nada creativo, todo recaudatorio", ha señalado la representante de EXGAE.

Posibles soluciones

En su exposición, Levi ha repasado las actuales lagunas que encuentra en la Ley y sus posibles soluciones.


El primer aspecto es que los artistas "tienen que poder vivir de su trabajo" y la ley actual "no ampara lo suficiente contra los abusos" al mezclar los derechos de autor y los royalties con el sueldo.


"Hay muchas creaciones por encargo, como series de televisión, sujetas a royalties y si al final se quedan en el cajón, el trabajador no cobra nada. Los royalties tienen que ser un incentivo, no el sueldo cuando el artista trabaja para otro", ha aseverado Levi.

Entidad de gestión

La segunda petición pasa por una reforma en profundidad de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la abolición del canon digital.


Según Levi, "ahora son un monopolio que dificulta la libre circulación de la cultura y el beneficio de los autores, y tienen que ser reformadas", tal y como sostiene la Comisión Nacional de la Competencia en un informe reciente.


"El autor en todo momento tiene que poder derogar el mandato de la entidad de gestión. Si en un momento dado quiere difundir una obra suya con otra fórmula tiene que poder hacerlo y también es necesario que su gestión se ciña a repertorio, y no al artista, de forma que si un autor quiere que la SGAE gestione una de sus canciones pero el resto las quiere gestionar él mismo, sea posible", ha explicado.


También ha propuesto que se potencie y no limite el derecho a cita porque "es absurdo impedir el intercambio en una sociedad que ha aprendido a utilizar eso como forma de aprendizaje", y que las obras que se subvencionan con dinero público, aún no siendo gratis, sean "accesibles con licencias libres".


El colectivo Red SOS-tenible del que es miembro Levi agrupa a numerosas asociaciones civiles y usuarios de internet.


El Mundo

viernes, 29 de enero de 2010

Una Petición de 216.000 Ciudadanos

El grupo de Facebook, “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet”, creado el 4 de diciembre de 2009, es un movimiento ciudadano formado en la actualidad por más de 216.000 INDIVIDU@S de todas las procedencias, UNID@S con la UNICA meta de DEFENDER a ultranza sus LIBERTADES y oponerse a la a Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible, ha elaborado una carta que van a dirigir individualmente a todos los diputados del Parlamento español.

29-01-2010 - Señor/a Diputado/a:

Le escribo para expresar mi preocupación y desacuerdo con la Disposición Final Primera del proyecto de Ley de Economía Sostenible, puesto que, con la actual redacción de dicha disposición, se podría ejecutar el cierre de una multitud de sitios web con total indefensión del demandado, con unos criterios indeterminados y sin que, en ningún caso, un juez pudiera intervenir en la valoración de si la actividad de dicho sitio web vulnera nuestro ordenamiento jurídico. Entiendo que esto es un ataque a la tutela efectiva de los jueces y tribunales, produciéndose de igual forma la vulneración de otros derechos fundamentales y libertades públicas tales como los recogidos en los artículos 18, 20 y 27.

(Confío en que un/a diputado/a sepa lo que contienen estos artículos pero si hace falta se resumen)

Si su partido apoya, defiende, se abstiene o vota a favor de dicha disposición, perderá un votante y aunque le escribo en mi nombre, represento a familia, amigos y conocidos a los que informo puntualmente de estos temas y a los que les duelen estos recortes de los derechos civiles que actualmente se propugnan en favor de unos pocos. Los derechos fundamentales y el interés general no deben mermarse en favor de los intereses particulares de una industria obsoleta. La justicia es más lenta de lo que todos deseamos, pero esta realidad no nos debe conducir a crear una pseudo-justicia Express para una casta de privilegiados y así defender sus intereses económicos por encima de nuestros derechos fundamentales. Si se considera necesaria una aceleración de las medidas cautelares, que se presente la oportuna modificación legislativa, pero siempre respetando al poder judicial y por las vías ordinarias aceptadas en derecho, que son las mismas de las que disponemos todos. Ustedes representan al pueblo, no al grupo de presión de turno.

Por ello le insto a usted, elegido en representación de nosotros los ciudadanos, a votar en contra de dicha disposición final. Los derechos fundamentales que nos amparan y defienden a todos, NO SON NEGOCIABLES, ni son moneda de cambio para favorecer los intereses privados de multinacionales, falsamente amparadas en una inexistente defensa de la cultura. Defenderé mi oposición a esta medida en todo momento y circunstancia mientras siga vigente, y por supuesto, incluye mi voto."

Administradores del grupo: Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

- Eduardo Vidal Martínez
- Javier Fernández Piñeiro



Difunde Asociación de Internautas

jueves, 28 de enero de 2010

El intenso intervencionismo del Gobierno en el cierre de las páginas webs

Francisco José Navarro (Magistrado de la Audiencia Nacional)


Se ve que al legislador la tutela judicial, tanto civil como penal, que se venía brindando hasta ahora para proteger la propiedad intelectual -que, en esencia, es una propiedad, como la que recae sobre una finca o unas acciones- no le parece suficiente y ha arbitrado una nueva e intensa intervención, ahora administrativa, que es la que vamos a comentar.


El anteproyecto es sumamente confuso e indefinido y, siguiendo un hábito legislativo pintoresco, se introduce como pieza extraña en otra ley, la de economía sostenible, en la que parece caber de todo, como en aquel Congreso del Mundo que imaginó Borges en uno de sus cuentos más memorables.


Para analizar la bondad o no de su regulación hay que reunir fragmentos dispersos de varias leyes. Falta la comprensión de lo que se omite deliberadamente, de lo que se olvida por mala técnica normativa o lo que se relega al posterior reglamento. Pero lo que se nos da a conocer sí nos permite un cierto motivo para la justificada crítica, aun aceptando que un anteproyecto es un texto sujeto por esencia a alteraciones.


Lo que esta polémica iniciativa hace, básicamente, es dotar a la Administración de una competencia nueva, a partir de cuyo hecho crucial gira todo lo demás. Así, "?se introduce una nueva letra e) en el art. 8.1 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información con el siguiente tenor: e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".

Interrupción del servicio

Eso significa que, además del juez civil y del juez penal, le surge ahora al titular del derecho de propiedad intelectual un tercer protector, el Ministerio de Cultura, lo que remite la tutela judicial, en tal caso, a un control a posteriori que se agrega a los dos primeros y, a nuestro juicio, los perturba e interfiere seriamente.


Es a la temida Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual a la que se encomiendan las funciones de los artículos 8, 11 y concordantes de dicha Ley 34/2002. La novedad es que se sustituye una norma de tutela judicial integral y directa por otra en que se permite a un órgano administrativo la muy grave decisión de interrumpir per se la prestación de un servicio de la sociedad de la información o retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual: hablando en plata, cerrar sitios web y cosas así.


En suma, se atribuye a la Comisión una competencia exorbitante que permite sacrificar un derecho fundamental -uno de los consagrados en el artículo 20 de la Constitución, como la libertad de expresión o de información- para que prevalezca otro derecho de menor rango que éstos, el de propiedad intelectual.


Estas rotundas medidas no son otra cosa que sanciones -su semejanza con los hechos que dan lugar al castigo penal así lo revela- en las que están ausentes elementales garantías jurídicas. Basta citar dos, entre las clamorosas: la tipicidad, tanto de las conductas infractoras como de las sanciones que les corresponden; y, sobre todo, la presunción de inocencia, con la que el proyecto arrambla abruptamente, vista la facilidad de ejecución de la medida, antes de que pueda articularse seriamente la más mínima defensa jurídica contra ella.

Sospecha de su legalidad

En otras palabras, será ahora el sancionado quien deba reaccionar judicialmente frente a un mandato o prohibición que se le impone, en contra del sistema actual en que, conforme a un esquema que ya procede del Derecho Romano, quien se considerase agraviado -aquí lo sería el autor o compositor- era quien debía acudir al juez para el restablecimiento de su derecho.


Por otra parte, se puede ejecutar sin miramientos una sanción antes de que un Tribunal de Justicia tenga oportunidad de examinar si proceden medidas cautelares frente a ella, tal como el Tribunal Constitucional preceptúa, sin que tal garantía pueda ser reemplazada por esa especie de interdicto que no parece diseñado para que el juez pueda impedir la efectividad inmediata de la medida ante la sospecha de su ilegalidad o, simplemente, de que en el conflicto subyace una cuestión civil.


La fórmula legal acrecienta el peligro de arbitrariedad, ya que la intervención se monta sobre nociones indeterminadas, cuya interpretación se reserva la citada Comisión, que decidirá si la propiedad intelectual se ha vulnerado, si ha habido "ánimo de lucro, directo o indirecto", o si se ha pretendido causar un daño patrimonial. Incluso se la apodera para decidir si somete al juez la autorización de la medida, ya que valorará prima facie si está comprometido alguno de los derechos del artículo 20 CE.

Competencia natural

Por un lado, se mantiene formalmente la garantía del artículo 11.3 de la Ley 34/2002, que exige la decisión judicial para autorizar el secuestro de páginas de Internet o su restricción cuando tal decisión afecte a los derechos y libertades de expresión e información y los demás del citado art. 20. Pero, por otro, se priva al juez civil de una competencia natural suya, concebida en garantía de los ciudadanos, por una pseudogarantía que sólo de forma tardía, limitada y pro forma desemboca en el control judicial, que parece pensado como coartada para acallar las voces críticas que denunciaron el asombroso parecido de los cierres de páginas web con el secuestro de publicaciones, que sólo el juez, por mandato constitucional, podía acordar (art. 20.5 CE).


Además, el mini incidente procesal que se arbitra para la ejecución de estas medidas cuando la Comisión, cuya composición ignoramos pero sospechamos, acuda a él, no hace sino provocar nuevas incógnitas: ¿Cuál es el ámbito de decisión del juez? ¿Puede analizar la legalidad del acto de la Comisión? ¿Puede valorar la objetividad o proporcionalidad de la medida?


Preguntas que no son ociosas, porque la reforma asigna a la Audiencia Nacional la competencia sobre los acuerdos de la Comisión referida; esto es, las medidas acordadas. Lo habitual será que se emprenda un proceso contra una decisión de cierre o interrupción de la prestación ya ejecutada y sobre la que, por tanto, la Sala tendrá las manos atadas para adoptar medidas cautelares al respecto, no imposibles en el plano conceptual, pero sí dificultadas por la ejecución a toque de corneta acordada en el incidente previo.


Además, es inexplicable que se instaure un procedimiento exprés de cuatro días, lo que no sucede ni siquiera en materia de derechos fundamentales, para amparar un derecho que no es fundamental, pese a algún lapsus linguae de quien, por su cargo, no debería incurrir en ellos.


El Economista

miércoles, 27 de enero de 2010

Carta a la Judicatura

Con la venia de Sus Señorías:

Dirigimos la presente carta a todas las Asociaciones Judiciales, así como a todas y cada una de las personas que ostentan en España el cargo de Juez o Magistrado. La escribimos desde la plataforma Red SOStenible, creada recientemente por un grupo diverso y heterogéneo de personas, -profesionales de la creación artística, de la informática, del mundo empresarial y jurídico, trabajadores y trabajadoras de toda condición- todas ellas preocupadas por algunas iniciativas que ponen en riesgo Libertades y Derechos Fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y, particularmente, la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la denominada Ley de Economía Sostenible.

Nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales.

La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5 CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información.

La comentada norma supone la quiebra de dicho precepto y, por tanto, de la configuración constitucional de la Libertad de Expresión; de la separación de Poderes que se consagra en nuestra Carta Magna, dado que el cierre de medios de información como páginas web es una facultad atribuida al Poder Judicial; y de la separación de jurisdicciones.

Los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión.

Por todo ello, el colectivo Red SOStenible le invita a informarse y, si lo considera oportuno, en la medida de su ámbito de actuación, poner su grano de arena a fin de que este atropello a nuestras Libertades y Derechos Fundamentales no se perpetre.

Confiando en la Justicia con mayúsculas, desde Red SOStenible transmitimos un respetuoso saludo a Sus Señorías.

Red SOStenible

martes, 26 de enero de 2010

El peaje de la SGAE

Reportaje de RTVE


20.000 descargas de denuncias contra el "monopolio" de las entidades de gestión

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -


La iniciativa puesta en marcha por los abogados David Bravo y Javier de la Cueva para recoger denuncias contra el Estado español por "monopolio" de las entidades de gestión ha conseguido en apenas cinco días registrar 20.000 descargas de solicitudes de ciudadanos, aunque, tal y como explican los responsables de la iniciativa, la cifra exacta no se podrá conocer hasta que la Comisión Europea "empiece la siguiente fase del procedimiento".


Esta cifra se ha duplicado en el último fin de semana, ya que el pasado viernes las solicitudes descargadas se situaban en torno a las 10.000. Bravo ha facilitado en su blog una serie de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que los ciudadanos puedan tener acerca de esta iniciativa, puesta en marcha a raíz de un informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).


Entre otras cuestiones, el abogado asegura que no se trata de "una denuncia contra el Gobierno", sino contra la legislación española que "facilita" la existencia de unos monopolios prohibidos por la legislación europea. Asimismo, recuerda que el coste de la propuesta será de 2,49 euros por persona --el importe del franqueo del correo certificado-- y no obligará a los denunciantes a acudir al juicio.


"Es un procedimiento en el que no hay un juicio al que tengas que asistir. No todas las denuncias por vulneración del Derecho comunitario acaban en juicio puesto que el Estado denunciado suele corregir sus vulneraciones. Si al final existiese uno, éste se celebra ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el denunciante no tiene que asistir", afirma.


Además, Bravo resaltó la necesidad de contar con múltiples denuncias en este proceso. "Es un sistema habitual de reivindicación ya previsto por la propia Comisión Europea, que las canaliza acumulándolas todas en un sólo procedimiento. Mediante el sistema de denuncia múltiple, se comunica a la Comisión Europea no sólo la existencia de la posible infracción del Estado miembro sino también la preocupación que ésta suscita a los numerosos ciudadanos que se adhieren a la misma", argumenta.


PortalTIC

lunes, 25 de enero de 2010

La guerra de las descargas por internet deriva en un debate sobre la regulación de los derechos de autor

Pedro Vallín - Madrid

Tenía que pasar y ha pasado. A fuerza de esgrimir la ley de Propiedad Intelectual como argumento contra el intercambio de archivos en internet, las sociedades de gestión de derechos corrían el riesgo de obligar a que se volviera la mirada sobre una legislación ideada para un mundo en el que no existía la cultura en red y los ingresos del negocio cultural se medían en función de las copias, justo cuando la tecnología digital –según argumento de los economistas– hacía que el valor de la copia tendiera a cero. Es decir, sobre una legislación decimonónica, en sentido estricto, y poco flexible para adaptarse a un mercado cultural que se ha transformado radicalmente en los últimos diez años. Y ha sido la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la que, mediante un informe de oficio, puso la semana pasada el dedo en la llaga, no sólo en la ley de Propiedad Intelectual, sino en cuanto a la naturaleza de las sociedades de gestión de derechos.

La reacción de las sociedades españoles del sector ha sido pedir la cabeza del presidente de la CNC y agruparse en un nuevo lobby denominado Ibercrea, que se viene a solapar a otros grupos de presión ya existentes como los sectoriales –música y cine ya tienen sus organizaciones o los puramente autorales, como la llamada Colación de Creadores.

La iniciativa de la CNC pone la lupa sobre estas sociedades, que gestionan colectivamente los derechos de los autores, y que se crearon fundamentalmente para garantizar que los ingresos de los creadores fueran proporcionales a la explotación de sus obras. Dicho de otro modo, nacieron para proteger a los autores de los intermediarios de las industrias culturales: los editores. Garantizaban que si una obra se vendía por cuatro perras –una canción, por ejemplo– y luego se convertía en un éxito, hubiera firmado lo que hubiera firmado el autor, tuviera derecho a una parte de los beneficios generados. Aplicado al mercado inmobiliario, significaría que si un arquitecto vende un diseño muy barato para un chalet, y en un futuro el inmueble multiplica su valor, en una posterior venta, un porcentaje de ese plusvalor debía revertir en el creador de la casa. Y también, esas legislaciones de Propiedad Intelectual convertían los derechos de autor en una heredad, permitiendo a los deudos seguir recibiendo parte de los ingresos que una obra determinada generase después de la muerte del creador.

Esta naturaleza de las sociedades de gestión de derechos fue cambiando conforme el negocio cultural se fue convirtiendo en masivo. En España, a principios de los noventa, el cambio de las siglas de SGAE (Sociedad General de Autores de España) por SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) daba una pista de por dónde iban los tiros; ya no se trataba de defender a los autores de los editores, sino de que unos y otros protegieran juntos sus derechos. En aquel entonces, el cambio provocó no pocas suspicacias, y hubo autores que juzgaron que incluir a los editores suponía "meter a la zorra en el gallinero", pero la sangre no llegó al río y la denodada labor de la organización para conseguir que quienes explotaban obras sujetas a propiedad intelectual pagaran un canon, fue todo un éxito que –tras no pocas guerras, sobre todo, con el sector hostelero– multiplicó los ingresos y convenció a todo el mundo de que los derechos de autor son algo serio y caro, y hay que pagarlos.

Sin embargo, la tecnología de la copia también obligó a nuevas definiciones legales. ¿A qué da derecho comprar un disco? ¿Puede hacerse una copia en casete? ¿Y duplicar un CD? El canon de los soportes de contenidos apareció como mecanismo de compensación por esas copias –que la tecnología digital hizo virtualmente idénticas al original–, pero también se creó una figura legal para ampararlo y distinguirlo de la reproducción ilegal: el derecho a la copia privada. Que a la postre sería la gatera por la que se colaron las descargas: si uno tiene derecho a copiar el contenido que ha pagado, e internet conecta a cada usuario virtualmente con todo el planeta, el intercambio de copias entre particulares, en principio protegido por la copia privada, tiende a infinito. Napster lo vio, y pagó su condición pionera, pero el éxito de la industria discográfica norteamericana en su primera batalla contra aquellos sistemas de intercambio, no trajo la victoria final. Ni siquiera el fin de la guerra.

España es campeona mundial del intercambio de archivos, llamado también "descargas ilegales" –erróneamente, pues la ilegalidad sólo puede cometerla quien pone a disposición el contenido, no el que lo descarga– y por eso el Gobierno tiene prisa por poner algún remedio, en tanto el mercado cultural se decanta y reordena, como ya ocurre con la música. Pero la decisión de introducir en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que juzgue las presuntas violaciones de derechos de autor ha causado un gran alboroto: una insurrección en internet y reticencias más o menos serias en los grupos parlamentarios.

Por eso, el informe del CNC –que señala que las sociedades de gestión de derechos funcionan en un régimen monopolístico que da pie a arbitrariedades y abusos– ha caído como gasolina sobre llamas.

Pero a estas alturas del litigio, algunas cosas ya están claras para las autoridades: que la propiedad intelectual debe protegerse y redefinirse, y que hay que crear mecanismos más justos, flexibles y realistas para pagar a los autores por el uso de sus obras en el medio digital. Pero lo que no se sabe aún es si en ese nuevo marco los editores seguirán siendo los poderosos intermediarios que hoy son, ni si las sociedades de gestión serán imprescindibles para recaudar en nombre del autor. Y esas dos dudas quitan el sueño a ambos gremios. Que, como se dijo, son hoy uno solo, bajo unas mismas siglas.


La Vanguardia

domingo, 24 de enero de 2010

Preguntas más frecuentes sobre la denuncia contra el Estado español por monopolio de las entidades de gestión

Preguntas generales

P. ¿Por qué interponer la denuncia?

R. Porque la Comisión Nacional de Competencia señala que la legislación española pudiera estar contraviniendo la legislación europea en materia de monopolio, monopolio que da lugar a abusos por parte de las entidades de gestión según dicho informe.

P. ¿Para qué voy a interponer la denuncia?

R. Para solicitar a las autoridades de la Unión Europea que analicen la situación legal española en materia de derechos de autor y comprueben si tal y como señala la Comisión Nacional de Competencia nuestra legislación pudiera contravenir la europea.

P. ¿Qué efectos puede tener la denuncia?

R. Puede suponer que la Unión Europea obligue a España a evitar los abusos en materia de propiedad intelectual, cambiando nuestra legislación.

P. ¿Cuánto me va a costar esto?

R. En dinero, te costará el importe del franqueo del correo certificado (2,49 euros). En cosas, el importe de dos folios y de un sobre.

P. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en esto?

R. En tiempo invertirás el que tardes en ir a una oficina de correos a presentar la denuncia. Dependerá de lo lejos que esté de tu oficina o domicilio.

P. ¿Tendré que contratar un abogado?

R. No. Se trata de un procedimiento en el que no se necesita estar representado por un abogado.

P. ¿Quién se va a encargar de los sucesivos trámites del procedimiento?

R. Nos vamos a encargar David Bravo y Javier de la Cueva, quienes iremos informando a través de nuestros blogs.

P. ¿Voy a tener que asistir a un juicio?

R. No. Es un procedimiento en el que no hay un juicio al que tengas que asistir. No todas las denuncias por vulneración del Derecho comunitario acaban en juicio puesto que el Estado denunciado suele corregir sus vulneraciones. Si al final existiese uno, éste se celebra ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el denunciante no tiene que asistir.

P. ¿Esto es una denuncia contra el Gobierno?

R. No. Lo que se denuncia es que existe una legislación española que facilita la existencia de unos monopolios prohibidos por la legislación europea.

P. ¿Por qué interponer tantas denuncias? ¿No basta con una?

R. Las denuncias múltiples son un sistema habitual de reivindicación ya previsto por la propia Comisión Europea, que las canaliza acumulándolas todas en un sólo procedimiento. Mediante el sistema de denuncia múltiple se comunica a la Comisión Europea no sólo la existencia de la posible infracción del Estado miembro sino también la preocupación que ésta suscita a los numerosos ciudadanos que se adhieren a la misma.

P. Sólo por curiosidad, ¿cuántas denuncias hay interpuestas a estas horas?

R. No lo podemos saber. Ya nos lo dirá la Comisión Europea cuando comience la siguiente fase del procedimiento que ahora todos hemos abierto con nuestra denuncia. Sí nos consta, sin embargo, que la denuncia ha sido descargada ya más de 20.000 veces.

P. ¿Se va a llevar un registro de denuncias?

R. No, el registro lo llevará la Comisión Europea.

P. ¿Hasta qué fecha puedo interponer la denuncia?

R. Dependerá de la contestación que nos dé la Comisión Europea y lo anunciaremos oportunamente a través de nuestros blogs:

http://derecho-internet.org/

http://filmica.com/david_bravo/

Quién puede interponer la denuncia

P. Tengo menos de 18 años, ¿puedo interponer la denuncia?

R. Podrías interponerla contando con la firma de tu madre, de tu padre o de quien ejerza sobre ti la patria potestad. Pero en ese caso, te recomendamos que esperes a que cumplas la mayoría de edad y luego te adhieras o que les comentes la iniciativa para que ellos interpongan la denuncia.

P. Tengo menos de 18 años pero estoy a punto de cumplirlos. ¿Puedo luego sumarme a la denuncia?

R. Cuando cumplas los 18 años, puedes sumarte entonces a la denuncia. En cuanto tengamos el número de procedimiento, publicaremos un documento para que lo puedas hacer.

P. Vivo fuera de España, ¿puedo interponer la denuncia?

R. Sí. Si vives fuera de España, puedes interponer la denuncia dirigiéndola a la delegación de la Comisión Europea del país donde vivas. Si no existe dicha delegación, puedes enviarla a las direcciones que figuran en las instrucciones de la denuncia.

P. Vivo en España y mi nacionalidad es de un Estado de la Unión Europea. ¿Puedo interponer la denuncia contra el Estado español?

R. Sí, cualquier nacional de un Estado miembro de la Unión Europea puede denunciar a otro Estado, aunque no fuera el suyo.

P. Represento a una empresa, asociación o colectivo. ¿Puedo interponerla en su nombre?

R. Si bien es posible, no es necesario. Puedes interponer la denuncia a título personal.

P. Pertenezco a una empresa, asociación o colectivo. ¿Necesitáis adhesiones a la denuncia?

R. No, pero muchas gracias de antemano por el interés. La denuncia trata de facilitar a los ciudadanos el ejercicio individual de sus derechos, por lo que no se trata de ejercer derechos colectivos, sino de cada uno de nosotros.

Cómo interponer la denuncia

P. ¿Cómo interpongo la denuncia?

R. Descargas la plantilla de la denuncia, la rellenas y la envías por correo certificado. Puedes descargar la denuncia de los siguientes enlaces:

Formato .doc

Formato .odt

P. ¿Cómo tengo que rellenar la denuncia?

R. En el segundo folio de la denuncia tienes las explicaciones.

P. ¿Puedo interponer la denuncia anónimamente?

R. No. Tienes que poner tus datos, pero puedes solicitar de la Comisión Europea que éstos no se transmitan al Estado español.

P. ¿Hay alguna diferencia entre permitir que el Estado español conozca que le he denunciado o no?

R. No existe ninguna diferencia a nivel legal para que la denuncia tenga mayor o menor éxito el hecho de que la interpongas permitiendo que el Estado español conozca o no tus datos.

P. ¿Puedo enviar la denuncia desde la web correos.es?

R. Sí puedes, pero el problema es que no conservas la copia sellada de tu copia de la denuncia. El sistema más seguro es el de su presentación por correo certificado en una oficina de Correos.

P. ¿Tengo que enviaros el recibo de haber presentado la denuncia?

R. No. No es necesario, basta con que lo guardes y conserves tú. De todas maneras, hay personas que están publicando en sus blogs una copia escaneada de la misma o del impreso de Correos. Incluso se ha propuesto confeccionar un mural.

Cómo es el procedimiento después de interponer la denuncia

P. ¿Cuáles son los primeros trámites después de presentar una denuncia?

R. A todos los que hemos presentado la denuncia nos llegarán dos primeras notificaciones de la Comisión Europea:

1.Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la Comisión acusará recibo de la misma al denunciante.

2.Además, al tratarse de una denuncia por vulneración del Derecho comunitario, en el plazo de un mes desde el envío del primer acuse de recibo, la Comisión enviará otra comunicación indicando el número de expediente que le ha correspondido.

P. ¿Cómo es el procedimiento posterior?

R. Se inicia el procedimiento previsto por la normativa comunitaria y que básicamente consiste en lo siguiente:

1. Si la Comisión Europea considera que se pudiera estar vulnerando el Derecho comunitario, enviará al Estado español una carta de emplazamiento para que éste haga sus alegaciones.

2. Ante la contestación que la Comisión reciba del Estado o si esta contestación no existe, la Comisión podrá emitir un dictamen que remitirá al Estado, proponiéndole las rectificaciones necesarias.

3. Si el Estado no se compromete a corregir las infracciones, la Comisión Europea podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para que éste decida si existe infracción.

P. ¿Cuánto puede durar este procedimiento?

R. Depende de los trámites de investigación y prioridades de la Comisión Europea, y de si el Estado presuntamente infractor corrige los defectos de su legislación.

P. ¿Conseguiremos algo interponiendo la denuncia?

R. Esta pregunta está mal planteada. Desde el momento en que se interpone la denuncia, ya has conseguido lo más importante: no te has quedado quieto y has luchado por tus derechos mediante un procedimiento legal.

P. Ya, pero, ¿se cambiará la legislación española?

R. Eso deseamos y para eso luchamos.

P. ¿Se plantearán nuevas acciones legales distintas a ésta?

R. Todas las que sean oportunas y necesarias. Llevamos años haciéndolo y es nuestro sistema de trabajo.

Tengo una pregunta que no está respondida

En ese caso, plantéala en twitter con el hashtag #cnc o en este grupo de facebook.

Nos perdonarás que no te contestemos directamente, pero la añadiremos a este documento para que así todos puedan beneficiarse de tu pregunta y de la respuesta.


David Bravo

sábado, 23 de enero de 2010

¿Monopolio de la SGAE? ¿Y qué?

Lo comentamos hace tres semanas en esta misma columna, y ahora, el informe de la Comisión Nacional de la Competencia lo refrenda plenamente: las sociedades de gestión de derechos de autor en España funcionan en régimen de monopolio, en un mercado imperfecto y sin opciones cuya existencia perjudica tanto a creadores como a consumidores.

La Comisión Nacional de la Competencia es un órgano consultivo de gran prestigio, pero cuyos informes no son vinculantes. De hecho, tan poco vinculantes son, que las reacciones han sido inmediatas: por un lado, la SGAE afirma que "el informe es sesgado", como si las cosas fuesen sesgadas o dejasen de serlo no en función de su metodología de investigación, sino simplemente porque lo dice el evaluado... Si en un país como Estados Unidos, una empresa investigada por las autoridades antimonopolio respondiese a un informe diciendo que "es sesgado", las carcajadas se iban a oír al otro lado del océano. Pero aquí no pasa nada. No solo no pasa nada, sino que, más impresionante todavía y demostrativo de la impunidad total con la que se mueven estas sociedades en este país, se sueltan con el colmo de la desfachatez: "es bueno que seamos un monopolio". ¿Bueno para quién? No hace falta que responda: bueno para ellos.

Hasta aquí, las reacciones de los "acusados". Pero, ¿y el gobierno? ¿Qué dice el gobierno de esto? Después de todo, que las sociedades de gestión de derechos de autor sean un monopolio es algo que redunda en una menor difusión de la cultura española en el mundo, que limita las opciones y perjudica a los creadores, y que está creando una auténtica alarma social...

¿Reacciones? Inmediatas: la ministra de cultura, Ángeles González-Sinde, sale inmediatamente ¡a defender a las sociedades de gestión de derechos de autor!, afirmando que "la SGAE existe desde hace más de cien años" (¿legitima eso algo?) y que "todas las entidades de gestión actúan en España conforme a las leyes", cuando ese es precisamente el problema: ¡que la ley permite y hasta favorece que estas sociedades operen en régimen de abierto monopolio! ¿Pero qué cabe esperar de una ministra que proviene, precisamente, de DAMA, una de las sociedades acusadas? Si en un país, una ministra puede tener manifiestos conflictos de intereses con total impunidad sin que pase nada, lo de menos es que salga a defender a sus amigos ante "el demoledor informe de esos malvada, perversa y sesgada Comisión Nacional de la Competencia", ¿no?

Pero, ¡aha! Nos queda la garantía de toda sociedad democrática: ¡si el gobierno no reacciona, lo hará la oposición! Estoooo... ¿seguro? La "feroz" oposición que debería denunciar los claros abusos del gobierno y las prebendas otorgadas a estas sociedades, se arruga completa y vergonzosamente ante la presión de las sociedades de gestión de derechos, y ya no se oponen a lo que antes se oponían frontalmente. Y digo yo... ¿qué arma tienen en su mano las sociedades de gestión para ser capaces de provocar un vuelco semejante en el principal partido de la oposición?

Mientras, las sociedades de gestión de derechos de autor aseguran el siguiente paso: toman por asalto la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados, y se aseguran de que el 90% de las opiniones que escuchen los diputados en la lista de comparecientes sean las suyas. No pasa nada, aquí nadie protesta...

Si en un país un lobby puede operar como monopolio, ningunear a la Comisión Nacional de la Competencia, manipular a gobierno y oposición, meter mano en anteproyectos de ley, decidir paneles de comparecientes en comisiones parlamentarias y hacer sentir a la ciudadanía que asisten a un programa de cámara oculta, es que tenemos un verdadero problema. Si se ignoran la petición de una auditoría por parte de trabajadores de una de estas entidades, las concesiones de prebendas irregulares por algunos ayuntamientos, la gestión irregular de entidades con ánimo de lucro vinculadas a la sociedad con la creación de auténticos emporios inmobiliarios, y los planes de jubilación millonarios para sus directivos, es que, simplemente, en este país vale todo. Son un monopolio, están por encima de la ley, y hacen lo que les da la gana. Corrupción generalizada. Apaga y vámonos.

Columna de Enrique Dans en Expansión

jueves, 21 de enero de 2010

El primer juicio en España contra una web P2P, visto para sentencia


Primer juicio en España contra una página web P2P.
José Colón (PÚBLICO)

MIGUEL ÁNGEL CRIADO - Madrid - 21/01/2010 14:11


A pesar del enorme ruido que hay alrededor de las páginas de enlaces P2P, ningún dueño de estos sitios se había sentado ante el juez hasta hoy. Ahora, Jesús Guerra, un hostelero de Barcelona, ha tenido la ocasión de ser escuchado por un tribunal. La sentencia, que se conocerá en los próximos días, podría aclarar de una vez si este tipo de web son obra de piratas como sostiene la industria cultural y parece haber asumido el Gobierno o meros intermediarios en el intercambio entre particulares.


El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona ha asistido este jueves al primer cara a cara entre los abogados de la industria cultural y los defensores de las páginas de enlaces. En medio, Jesús, propietario de Elrincondejesús , una página que contiene enlaces a películas y series. El sitio, como han mostrado los peritos, no contiene los archivos en sí.


"Hemos defendido que no hay comunicación pública de obras protegidas; enlazar no es comunicar", dice Carlos Sánchez Almeida, letrado defensor. Sánchez Almeida, que no puede entrar en demasiados detalles a la espera de la sentencia, sí ha pedido en su alegato final al juez "no sólo que se pronuncie sobre las páginas de enlaces sino que sostenga que el P2P es el futuro".


Esta sentencia puede suponer un hito clave en la guerra que mantiene la industria cultural con Internet por ser la primera y, ya sea condenatoria o absolutoria, por conocerse justo cuando el Gobierno impulsa una ley ad hoc contra estas páginas.


Aunque una de las partes del conflicto insiste en la ilegalidad de las páginas P2P, de la treintena de casos abiertos en España, la práctica totalidad han sido archivados sin llegar a celebrar juicio durante las diligencias previas (varios han sido recurridos ante la Audiencia). El argumento habitual sostenido por los jueces es que estas páginas no incurren en delito alguno al no albergar directamente las películas y canciones sujetas a derechos de autor. Solo en un caso, el de InfoPSP, hubo sentencia pero se trató de un pacto prejudicial entre las partes.


La sucesión de derrotas judiciales es una de las razones por las que la industria cultural se giró hacia el Gobierno para pedir su intervención. El resultado fue la inclusión en el proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) de una disposición para que sea una comisión administrativa y no un juez la que cierre estas páginas en diciembre pasado. La inmediata protesta en Internet obtuvo la concesión gubernativa de incluir una consulta previa al juez sobre si con el cierre de determinada web se podría estar vulnerando algún derecho fundamental.


"Hemos sostenido que en un mundo donde se pueden prestar libros hasta el infinito, el traje de la propiedad intelectual se ha quedado pequeño; compartir no estaba previsto en esta ley", añade Sánchez Almeida.


Aunque falta por conocer la sentencia, este mismo juzgado rechazó en julio pasado el cierre cautelar de Elrincondejesús que pidió la SGAE al inicio del procedimiento. Entonces, el auto del juez estableció una serie de consideraciones sobre la tecnología P2P que, de generalizarse en sede judicial, podría suponer un duro golpe contra los que intentan criminalizar el intercambio de archivos.


Sanchez Almeida adelantó también que su defendido estudiará si emprende acciones legales contra Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) del Mº de Industria.


La SETSI abrió un expediente a Jesús Guerra por no incluir su NIF ni su nombre en su página web como exige la ley en enero pasado. El expediente ministerial sirvió a la SGAE para demandar a Elrincondejesús cuatro meses después.


Dos de los peritos han mostrado ante el juez que, al no incluir ningún tipo de publicidad que le genere ingresos, la legislación sobre comercio electrónico que usó la SETSI para multarle, no es aplicable.


Público

miércoles, 20 de enero de 2010

PNV, ERC-IU-ICV y el Grupo Mixto se oponen a la Ley de la SS

Blog El abogado del Navegante

Días decisivos

Carlos Sánchez Almeida

La historia siempre se repite: todo lo que pasó en el mundo real vuelve a pasar, antes o después, en el ciberespacio.

Parte de la oposición parlamentaria pide que se retire todo lo relativo a Propiedad Intelectual de la LES

Red-SOStenible considera acertado que el parlamento recupere el protagonismo y la dignidad que le corresponde como representación de los ciudadanos. La noticia de que varios grupos políticos hayan convocado una rueda de prensa para expresar que pedirá al gobierno “que retire todo lo relativo a Propiedad Intelectual” de la LES y se deje trabajar a la Subcomisión encargada supone el mínimo de responsabilidad que se puede exigir a nuestros diputados.


Esperamos y deseamos que se aborden todos los estudios y consultas que sean necesarios para realizar la adaptación normativa necesaria para formentar la Innovación y la participación en la sociedad del conocimiento libre, de todos y para todos. Teniendo siempre presente que es su obligación buscar el bien común y el interés general de los ciudadanos.


Red SOStenible


Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión

“El que sabe no habla, el que habla no sabe”


Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.


El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española "la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio".


Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.


La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.


Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.


El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?


El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon, sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.


El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:


"La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir".


Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.


Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.


David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.


Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

martes, 19 de enero de 2010

Toda la oposición en el Congreso se rebela contra el cierre de páginas webs

18:51h | Beatriz Toribio

A las quejas de los internautas y de los expertos en Internet se suma ahora el de los grupos políticos de la oposición en el Congreso de los Diputados.


Los diputados del PP, CiU, ERC-IU-IV, PNV y UpyD que forman parte de la Subcomisión parlamentaria de Propiedad Intelectual pedirán mañana públicamente al Gobierno que retire del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible todas las cuestiones que afecten a los derechos de autor, es decir la polémica disposición adicional sobre el cierre de páginas web. Consideran que es un despropósito que el Ejecutivo reforme cuestiones sobre propiedad intelectual cuando esta subcomisión no ha realizado aún su trabajo.

Al Gobierno se le ha abierto un nuevo frente con el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. A las quejas de los internautas y de los expertos en Internet se suma ahora el de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Aunque la razón es distinta: la oposición parlamentaria está molesta porque el Ejecutivo ha incluido cambios que afectan a los derechos de autor cuando aún está pendiente la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.

Según ha podido saber lainformacion.com, este miércoles todos los diputados que forman parte de la Subcomisión de Propiedad Intelectual darán una rueda de prensa para pedir al Gobierno “que retire todo lo relativo a Propiedad Intelectual” que aparece en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aseguran fuentes parlamentarias. Es decir, que se posponga la polémica disposición adicional sobre el cierre de páginas web a instancias de una comisión dependiente del Ministerio de Cultura.

La iniciativa, según adelantaba hoy lainformacion.com, ha partido de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), quien la ha comunicado al resto de formaciones en una reunión mantenida esta mañana para preparar el inicio de las comparecencias de expertos que pasarán por esta subcomisión para analizar los cambios que necesita la actual normativa sobre Propiedad Intelectual.

El malestar entre todos los grupos políticos era lantente. Todos se quejan de que el Gobierno ha “desairado” al Parlamento al aprobar una serie de cambios relacionados con la Propiedad Intelectual cuando esta subcomisión parlamentaria estaba ya convocada y debía escuchar a una veintena de expertos de todos los sectores relacionados con los derechos de autor.

Como adelantaba lainformacion.com este lunes, en la lista de comparecientes -hasta ahora guardada con gran recelo- están Google, SGAE y un amplio número de sociedades relacionadas con la gestión de derechos de autor.

En la rueda de prensa estarán José María Lacalle, diputado del PP; Joan Tarda, en representación de ERC-IU-ICV; Rosa Díez, de UpyD; Aitor Esteban, del PNV y Montserrat Surroca, diputada de CiU. Todos ellos son miembros de esta subcomisión parlamentaria.

El anuncio se hará poco antes de que empiecen las comparecencias de los expertos. Este miércoles será el turno de los representantes de las entidades de gestión de derechos de autor: la SGAE, DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales),CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España) y AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión) .

El resto de expertos acudirán al Parlamento el 26 de enero y el 2 de febrero.

Nace otra plataforma contra el canon digital y las medidas 'antipiratería'

Efe | Madrid

Esta plataforma, que ha sido presentada en rueda de prensa por sus responsables, la integran el Foro Liberal, la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, el Club Liberal Español, La Rosa Blanca, Hazte Oír, Cuba en Transición, Profesionales por la Ética, Coruña Liberal, Foro Aragón Liberal y Convivencia Cívica Catalana.

Según ha explicado el abogado y presidente de la Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles, Luis Canal, las medidas recogidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible "vulneran derechos fundamentales, obstaculizan el desarrollo de la sociedad de la información" y atentan contra el principio de libre prestación de servicios en Internet.

A su juicio, la nueva legislación que quiere aprobar el Ejecutivo responde sólo a los intereses de las grandes corporaciones multimedia y a su negativa a adaptarse a los nuevos modelos de negocio en la Red.

Canal ha considerado que atribuir "a última hora" a jueces de la Audiencia Nacional la decisión final sobre el cierre de páginas web con contenidos que vulneren los derechos de autor no es sino "una cortina de humo y pone a los tribunales al servicio" de la industria audiovisual.

"El anteproyecto es una auténtica aberración jurídica" y vulnera varios artículos de la Constitución, ha recalcado el letrado, quien se ha referido a los componentes de la Comisión de Propiedad Intelectual que se creará en virtud de esta nueva ley como "comisarios políticos".

Por todo ello, la plataforma Libertad 2.0 ha exigido que "se aborde una reforma de los derechos de autor en profundidad y que no criminalice a los ciudadanos" y ha pedido la dimisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, y de la titular de Cultura, Ángeles González-Sinde.

También han anunciado una serie de movilizaciones y acciones durante la tramitación del anteproyecto de ley, que el Gobierno confía en que inicie su trámite parlamentario antes de marzo, además de no descartar "el ejercicio de acciones legales" por la vía penal "en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos". Además, solicitarán reuniones a los partidos políticos con representación parlamentaria.

Sobre la decisión de crear esta plataforma al margen de la Red SOS-tenible que han formado numerosas asociaciones ciudadanas y de internautas también en contra de las medidas antipiratería del Gobierno, la presidenta del Foro Liberal, Almudena Negro, ha explicado que discrepan de algunos de los postulados de ese colectivo, como su defensa de los derechos colectivos frente a los individuales.

"Diferimos en algunas cosas pero compartimos el objetivo, y por ello animamos a todo el mundo a que se sume a las propuestas de Red SOS-tenible", ha dicho.

Libertad 2.0 también promueve la adhesión a un manifiesto al que se puede acceder en la dirección de Internet http://libertad20.es.

Red SOStenible expondrá a la UE su desacuerdo con las medidas 'antipiratería'

[foto de la noticia]

La plataforma Red SOStenible, que agrupa a asociaciones de internautas, colectivos de ciudadanos, empresarios y juristas, ha dirigido una carta a partidos políticos e instituciones en la que expresa su disconformidad con las medidas contra la 'piratería' en Internet aprobadas recientemente por el Gobierno.

Según informa esta plataforma en una nota, el próximo 3 de febrero la Comisión de Cultura y Educación de la Unión Europea recibirá a una delegación de Red SOStenible para que le presente la citada carta y para hablar de la situación española en relación con la protección de la propiedad intelectual.

"El Gobierno pretende introducir modificaciones legales deprisa y corriendo, anticipándose a los estudios que está realizando el propio Parlamento a través de la Subcomisión de propiedad intelectual puesta en marcha el pasado verano por la Comisión de Cultura del Congreso", señala Red SOStenible.

En opinión de esta plataforma, las medidas contra la llamada 'piratería' en Internet, contenidas en la disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y aprobadas el pasado 8 de enero por el Consejo de Ministros, "ningunean al Parlamento en favor de las exigencias de la Coalición de Creadores que tratan de impedir que el poder judicial pueda pronunciarse con las debidas garantías sobre si alguien está violando la propiedad intelectual o no".

Red SOStenible lamenta también que la subcomisión parlamentaria, que ya ha hecho pública la lista de sus interlocutores, no vaya a recibir "prácticamente a ninguna asociación" que represente a los ciudadanos que utilizan Internet, "pero sí a entidades privadas como las sociedades de gestión de derechos de autor", o representantes de la industria del entretenimiento.

"La subcomisión desprecia así los intereses de la ciudadanía en favor de intereses privados", se asegura en el comunicado.

'Deriva autoritaria, irresponsable y antieconómica'

La plataforma advierte a los partidos políticos de que aceptar las medidas aprobadas supone "apoyar que sea el Gobierno quien establezca las normas y los cánones y sancione en la medida que quiera hechos derivados de conflictos de derecho privado y a favor de un determinado colectivo".

Este proceder, afirma Red SOStenible, "supone una deriva autoritaria, irresponsable y antieconómica, inaceptable en un estado democrático". "Despreciar de esta forma a la ciudadanía conlleva un coste electoral".

Por eso, Red SOStenible invita a los ciudadanos a enviar a políticos e instituciones la carta que esta plataforma ha redactado y que está disponible en su web.

En la carta Red SOStenible cree que el Gobierno debe "volver atrás" y no poner en marcha las medidas aprobadas porque "no se están garantizando los derechos fundamentales" de los ciudadanos que usan las redes y las nuevas tecnologías en su vida diaria.

La plataforma está de acuerdo con que se "persigan y castiguen las infracciones civiles o penales realizadas a través de Internet", pero pide que se respete la Constitución.

Además, Red SOStenible le ha pedido cita al embajador de Estados Unidos, "ante la fuerte presión ejercida por este país sobre el ejecutivo en defensa de los intereses de las multinacionales americanas".

El Mundo

lunes, 18 de enero de 2010

Ciudadano, tú tienes la palabra: envía una carta a los políticos

Ésta es una carta que tú mismo puedes enviar a los políticos, empresarios y lideres de opinión que consideres que pueden estar interesados en este tema o que aún no están debidamente informados de porque la ciudadanía está escandalizada por esta medida.
También puedes enviárselo a personas influyentes o con una cierta posición social a las que conozcas, por ejemplo a tu alcalde, al reconocido empresario que estudió contigo o a ese deportista que tanto admiras. Además, si te parece pertinente, podemos tratar de asistir a una reunión él y contigo.
Una buena idea puede ser que si se la envías por mail nos remitas una copia (contacto@red-sostenible.net). De esta forma él se dará cuenta de que todo el mundo sabe que está informado. La Red SOStenible somos todos.


Texto de la carta


Estimado Sr./Sra.:


Ante la publicación del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible quisiéramos expresar con firmeza que existe una línea roja que se ha traspasado, siendo preciso volver atrás. Esa línea roja viene delimitada por los derechos fundamentales que no se están garantizando cuando los ciudadanos (no "los internautas", sino cualquier ciudadano ) usamos las redes y las TIC en nuestra vida diaria.


Es a todas luces legítimo que se persigan y castiguen las infracciones civiles o penales realizadas a través de Internet, sean contra la Propiedad Intelectual, o contra cualquier otro bien jurídico amparado por las leyes. Ahora bien, para realizar esa persecución y, si hubiere lugar, imponer una sanción, deben ser respetados los derechos fundamentales y las garantías del Estado de Derecho. Para ello, el único camino a seguir es el del más escrupuloso respeto a la Constitución.


Sin embargo la Disposición Final Primera de la LES no cumple estas mínimas garantías por varias razones. Entre ellas, de conformidad con nuestra Constitución, debe ser un juez quien evalúe las infracciones de la ley, por tanto es el juez quien debe juzgar si hay o no vulneración de la propiedad intelectual, tomando las medidas cautelares oportunas y dictando la resolución acorde a derecho.


Si la Justicia no funciona lo suficientemente rápido para salvaguardar unos determinados intereses patrimoniales, quiere decir que no se cumplen las garantías del Art. 24 de la Constitución. En tal caso lo lógico es que se pongan más medios al servicio de la Justicia y no que se conculquen los Derechos Fundamentales garantizados por los artículos 14 a 29 de la Constitución Española.


Y si el hecho de ejercer un derecho fundamental menoscaba el interés económico de alguien, es un problema que compete a ese modelo de negocio que seguramente no es el más adecuado para el momento. Pero no por ello debe tratarse de modificar la legislación para salvaguardar el lucro en menoscabo del interés general (y menos aún, con medios públicos). La Constitución, en su Art. 38, reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, con todo lo que ello significa. Puede parecer duro, y de hecho lo es, pero en la actual configuración de nuestro sistema jurídico y económico, es el mercado el que establece qué negocios perviven y cuáles no.


Por otro lado, los intentos de equiparar los derechos de autor con la propiedad (lo que ha venido a llamarse "propiedad intelectual") tienen un efecto tremendamente negativo; la expropiación del conocimiento público, sufragado por toda la humanidad durante generaciones y la apropiación del mismo por parte de quien dice tener "todos los derechos reservados" sobre "su" obra. Como si esas mismas personas no hubieran reutilizado conocimientos que a todos pertenecen y del que nadie es, ni puede ser, su amo en exclusiva. Como si no hubiéramos sufragado todos, solidariamente, las estructuras que han hecho posible su aprendizaje, su bienestar y la posibilidad misma de vivir, para poderla realizar.


La propiedad privada, a la que muchos quieren equiparar los derechos de explotación de las obras, en España no es ilimitada por naturaleza. Antes al contrario: está sometida a una función social. El límite a la propiedad privada no es algo que sea ajeno, exógeno, o impuesto desde fuera, sino que es algo consustancial a la misma. En el caso de los derechos de explotación de la obra (la mal llamada "propiedad intelectual") es el derecho universal de acceso a la cultura el que impone el límite que, sin despojar al autor de su obra, entiende que el objetivo de los derechos de explotación es fomentar la creación para el aprovechamiento social. Y si ese aprovechamiento colectivo no se produce, tales derechos de explotación pierden cualquier legitimidad y sentido, dado que son fruto de un pacto social entre el autor y la sociedad que accede a su obra. No podemos llamar Cultura, en base a lo establecido en la Carta de los Derechos Humanos, a aquello a lo que no se tiene un acceso universal.


La "Propiedad Intelectual" es mucho más que los derechos de explotación. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el documento "General Comment nº 17 (2005)", dice que hay que mantener un equilibrio entre el derecho a la explotación y el derecho de acceso a la cultura y por lo tanto ambos deben estar al mismo nivel; pero también pone limite al enriquecimiento desmesurado que pretenden algunos a la hora de traficar con la cultura, diciendo que los derechos de explotación deben permitir una vida digna de los que los ostentan, lo que nos lleva a la conclusión lógica de vivir del trabajo diario, mediante conciertos, recitales, giras y galas, más que de los derechos de explotación acumulados, que han de entenderse como un bonus y no como un fin, así como la divulgación pública de sus obras, como una forma de promoción de la misma.


Es por eso, que en nuestra Constitución, en su artículo 44, se establece que "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general." Por lo tanto, los Derechos de Autor no pueden equipararse a los Derechos Fundamentales, y mucho menos, ser prevalentes sobre ellos u obstaculizar los objetivos de nuestra Carta Magna.


Es por tanto necesario abrir un proceso de reflexión sobre los derechos de autor y sobre todo, sobre los derechos de explotación de las obras, quiénes los detentan realmente y cual debe ser su límite y su defensa en la era digital. Estamos convencidos de que ante la imparable evolución tecnológica es necesario extender y proteger el dominio público con contenidos sufragados o suvencionados con nuestros impuestos, ampliar los supuestos del derecho a cita y liberalizar o nacionalizar, el monopolio privado de la gestión de los derechos colectivos. En todo caso, la posibilidad de que cada persona pueda autogestionar sus propios derechos, o delegarlos en quien prefiera, es algo básico que debería ser prioritario de acometer, puesto que en la era digital, de un modo u otro, todos somos autores.


Para todas estas consideraciones, ya existe una subcomisión en el Congreso de los Diputados que está estudiando estos asuntos y existen muchos espacios públicos para el debate y la aportación. Sin embargo, la ciudadanía tiene la sensación de que la opinión interesada de las Entidades de Gestión y de la Coalición de Creadores está pesando más que el interés general, el bien común y la propia Constitución.


Por lo que concierne la sempiterna pregunta sobre cómo se pueden defender los derechos de explotación de los autores en la nueva era digital --aunque no seamos nosotros los que tenemos que encontrar las soluciones como ciudadanos, sino los legisladores-- podemos decir que desde hace años cientos de estudios y experiencias han demostrado que ese nuevo paradigma que es la Red puede generar mayores beneficios para los autores, para la difusión de la obra y para la creación en general.


A modo de ejemplo, les reportamos aquí algunas de estas reflexiones, muchas de las cuales ya están siendo estudiadas o implementadas por gobiernos e instituciones, tales como la Comisión de Cultura y Educación de la CE, el gobierno de Brasil y la Administración Obama:


  • Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento es una relación de recomendaciones, medidas y necesidades redactado por una relación de expertos usuarios/as, consumidores/as, organizaciones, artistas, hackers, miembros del movimiento de cultura libre, economistas, abogados/as, profesores/as, estudiantes, investigadores/as, científicos/as, activistas, trabajadores/as, desempleados/as, emprendedores/as, creadores/as proveniente de más de 20 países.

http://fcforum.net/es/

  • Copia este libro es © copyleft 2005 de David Bravo Bueno, Se distribuye bajo licencia Creative Commons

http://copiaestelibro.bandaancha.st/

  • Mapa jurídico de un conflicto: Propiedad Intelectual y Derecho a la Cultura Carlos Sánchez Almeida

http://culturalibre.org/capitulo-5/

  • Free Culture (español), de Lawrence Lessig

http://elastico.net/archives/2004/09/traduccion_al_e.html

  • FAIR USE IN THE U.S. ECONOMY Economic Contribution of Industries Relying on Fair Use

http://www.ccianet.org/CCIA/files/ccLibraryFiles/Filename/000000000085/FairUseStudy-Sep12.pdf

  • File-Sharing and Copyright Felix Oberholzer-Gee, Harvard University. Koleman Strumpf, University of Kansas

http://www.unc.edu/~cigar/papers/File-Sharing_and_Copyright_2009-05-16.pdf

  • Los usuarios que descargan archivos P2P 'gastan más dinero'

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/redes/los-usuarios-que-descargan-archivos-p2p-gastan-mas-dinero_Fo58z3eGxWsRG0NKpjhCE7/

  • Lo que las discográficas ocultan

http://www.theinquirer.es/2009/11/17/lo-que-las-discograficas-ocultan.html

  • ¿Cobran más los músicos en un mundo de descargas ilegales y pirateo?

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/20/cultura/1258739927.html

  • El cine español cerrará con cifras récord, a pesar de Internet

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/cine/el-cine-espanol-cerrara-con-cifras-record-a-pesar-de-internet_uVFrhCBCXhYPTF51YCG3a7/

  • Modelos de negocio: Cómo ganar dinero en un mundo perfectamente copiable (I)

http://www.rtve.es/noticias/20091210/modelos-negocio-como-ganar-dinero-mundo-perfectamente-copiable/305282.shtml

  • Modelos de negocio: Cómo ganar dinero en un mundo perfectamente copiable (y II)

http://www.rtve.es/noticias/20091210/modelos-negocio-como-ganar-dinero-mundo-perfectamente-copiable/305322.shtml

  • No somos el problema, somos la solución

http://mangasverdes.es/2010/01/14/no-somos-problema-somos-solucion/

  • Are downloads really killing the music industry? Or is it something else?

http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2009/jun/09/games-dvd-music-downloads-piracy

  • A Big Music Year for Jackson, Boyle, Swift, Digital Downloads… and Vinyl?

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/a-big-music-year-for-jackson-boyle-swift-digital-downloads-and-vinyl/

  • 5 Predictions for the Music Industry in 2010

http://mashable.com/2009/12/25/music-industry-predictions-2010/

  • Youtube, Sony, música, copyright y modelos de negocio

http://ningunterra.com/2009/08/03/youtube-sony-musica-copyright-y-modelos-de-negocio/

  • El cosmonauta Una película de ciencia ficción producida por muchas personas (y tú)
 desde sólo 2 euros. Es Creative Commons para que la edites, la copies, 
la remezcles y la compartas, como tú quieras.

http://elcosmonauta.es/

  • WE BELIEVE IN THE FREEDOM OF MUSIC!

http://www.sellaband.com

  • Open business a business that operates around the principles that are similar to those of the free software and open source movements, i.e. with 'free' and 'open' content.

http://p2pfoundation.net/Open_Business

  • Revver an online media network built the way the internet really works. We support the free and unlimited sharing of media.

http://revver.com/

  • The World Is Going Flat(-Rate) A New Study Shows Copyright Exception for Legalising File-Sharing is Feasible, as a Cease-Fire in the “War on Copying” Emerges

http://www.ip-watch.org/weblog/2009/05/11/the-world-is-going-flat-rate/

  • IP Watch List is the inaugural edition of the Consumers International IP Watch List, a survey that examines the intellectual property (IP) laws and enforcement practices of a range of countries, from the perspective of the world's only global consumer advocacy body, Consumers International (CI).

http://a2knetwork.org/sites/default/files/ip-watchlist09.pdf


Como puede ver la sociedad civil tiene respuestas. Sólo falta que se la escuche.

Por todo esto pedimos que Usted reciba cuanto antes una delegación de la Red SOStenible, que refleja la opinión de un amplio espectro de la sociedad civil preocupada por la nueva propuesta legislativa.

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El Gobierno español también pretende implantar la censura en las televisiones por Internet


El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, presentado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados , incluye a los sitios web que contengan videos : páginas web, blogs, redes sociales y diarios digitales. Propugna el cierre de un medio de comunicación por un órgano administrativo (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales), sin intervención judicial, cuando afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, tutelado y garantizado por los Tribunales.

17-11-2009 - Además de imponer la comunicación previa y el registro, adopta un régimen de sanciones de hasta 1.000.000 de euros de multa y por último, las televisiones por internet podrían estar sujetas también, como las hertzianas, a la obligación de financiar el cine español con el 5% de sus ingresos.

Pongamos un ejemplo:

logo de Internautas TelevisiónLa Asociación de Internautas tiene en su página web un canal de "televisión" (internautas televisión), que además puede ser incluida en cualquier página web mediante una sencilla línea de código y que tienen incluidas a día de hoy 1.700 webs , blogs y páginas personales

1.El Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, define, en su artículo 2 (definiciones), apartado 1, la figura del "prestador del servicio de comunicación audiovisual: La persona física o jurídica que tiene el control efectivo, esto es, la dirección editorial, sobre la selección de los programas y contenidos y su organización en un canal o en un catálogo de programas."


2.A su vez, en el artículo 2.2, establece que: "Son modalidades del servicio de comunicación audiovisual:

a) El servicio de comunicación audiovisual televisiva, que se presta para el visionado simultáneo de programas sobre la base de un horario de programación.

b) El servicio de comunicación audiovisual televisiva a petición, que se presta para el visionado de programas y contenidos en el momento elegido por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio de comunicación."

3.Por lo tanto, a efectos del Proyecto de Ley, "internautas televisión" sería un "servicio de comunicación audiovisual televisiva a petición", que se presta sobre la base de un catálogo de vídeos, y la Asociación de Internautas, sería un "prestador de un servicio de comunicación audiovisual", al que se le aplicarían las obligaciones y el régimen de sanciones previsto en él.

4.Por su parte, el artículo 59 (sanciones) establece que:

Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100.000 euros para los servicios de comunicación televisiva

Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 100.001 hasta 500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva

Las infracciones muy graves serán sancionadas: En todo caso, con multa de 500.001 hasta 1.000.000 de euros para los servicios de comunicación audiovisual televisiva

5.Como quiera que sólo se habla de "servicios de comunicación audiovisual televisiva", en general, y no se distingue entre "servicios de comunicación audiovisual televisiva simultánea" y "servicios de comunicación audiovisual televisiva a petición", en principio este régimen sancionador se aplicaría a todos ellos.

6.Pero sí se distingue luego (art. 59.1.b y c) entre "servicios de comunicación audiovisual televisiva por ondas hertzianas terrestres", que usan el espectro radioeléctrico y, por ello, están sujetos a un sistema de "licencia", y el resto de servicios de comunicación audiovisual televisiva (incluida las televisión por internet), sujetos a un sistema de "comunicación previa".

Ello quiere decir, en primer lugar, que la televisión por internet requiere una comunicación previa, como se establece en el artículo 22.2: "La prestación del servicio requiere comunicación fehaciente ante la autoridad audiovisual competente y previa al inicio de la actividad."

En segundo lugar, la Asociación de Internautas se tiene que inscribir en el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, según el artículo 33: "Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual habrán de inscribirse en un Registro estatal o autonómico de carácter público, en atención al correspondiente ámbito de cobertura de la emisión."

Y en tercer y último lugar, se le aplican las obligaciones del proyecto de Ley y el régimen sancionador (artículos 55 a 60), que, al margen de las multas, establece que ciertas infracciones muy graves (artículo 59.1.c y d): "Podrán ser además sancionadas con la extinción de los efectos de la comunicación previa y el consiguiente cese de la prestación del servicio de comunicación audiovisual". Es decir, el cierre de un medio de comunicación por un órgano administrativo (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales), sin intervención judicial, cuando afecta directamente al ejercicio de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, tutelado y garantizado por los Tribunales.

La Asociación de Internautas se dirigirá a los grupos parlamentarios para presentarles las oportunas enmiendas.


Asociación de Internautas

domingo, 17 de enero de 2010

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sábado, 16 de enero de 2010

Debate en Cuatro sobre la Ley de Cierre de Webs

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