jueves, 25 de febrero de 2010

Comunicado Urgente Red SOS

DERIVA EXTREMISTA DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA HACIA EL CONTROL DE INTERNET


Ley de Economia Sostenible, rien ne va plus.


La Disposicion Final Primera de la LES nos está negando el futuro.


Red SOStenible y La Quadrature du Net (http://bit.ly/8ZmgRb) denuncian como ayer la presidencia europea española ha dirigido al consejo de la Unión Europea un documento en el que se equiparan a la brocha gorda la pedofilia, la propaganda fundamentalista y xenófoba y la vulneración de la propiedad intelectual.


El documento ha provocado indignación dentro del Consejo por su claro cariz propagandista y por el evidente intento de justificar a nivel europeo, a través de la burda criminalización, las operaciones de apoyo incondicional a los lobbies de la industria cultural que España quiere llevar a cabo dentro de su territorio a través de la DF1 de la LES.


Mientras ayer la ministra de cultura Ángeles González Sinde dejaba caer que "no hay novedades"(http://bit.ly/ddkzgO), indicando asi como ya no hay intencion por parte del gobierno de revisar la redacción de la DF1, Presidencia enviaba al Consejo este documento que, con tonos apocalípicos, habla textualmente de Internet como de un "instrumento de retroceso social" y acaba pidiendo directamente a los países si pueden boquear paginas de Internet (aquí el documento: http://bit.ly/9nr6ul).


Según manifiesta el letrado barcelonés Josep Jover, autor de la vía prejudicial europea en tema del Canon Digital y que el próximo día 4 de Marzo llevará al Tribunal de Luxemburgo el caso SGAE/TRAXTORE, "en toda Europa se cuestionan las formas y modos, fuera de toda racionalidad, que se han querido imponer por el gobierno y las entidades de gestión españoles". Tanto es así que, en un acto nada usual, el propio Tribunal Europeo ha ordenado suspender "motu propio" todo procedimiento sobre canon digital.


ESPAÑA YA VIVIÓ LA INQUISICIÓN UNA VEZ: OSCURANTISMO Y VASALLAJE


La disposición final primera de la LES nos está negando el futuro.


En los últimos meses, la sociedad civil española, en una masiva prueba de madurez y de inteligencia democrática ha estado trabajando sin cesar para ofrecer al gobierno soluciones y una salida consensuada para fomentar un Internet ético y beneficioso para todos (véase Manifesto: http://wiki.manifiestointernet.org y http://Red-SOStenible.net).


Frente a la grave situación en la que se encuentra el país, vemos con asombro como el gobierno, tras un primer loable esfuerzo de apertura con la primera modficación de la DF1 de la LES, ahora, presa del pánico, repliega hacia los viejos sistemas conocidos e ineficaces de apoyo a las multinacionales mas inmovilistas, devastando las posibilidades de recuperación que ofrecería potenciar de forma inteligente las nuevas opciones ofrecidas por el desarrollo digital e Internet.


Cuando, entre 2006 y 2008, la ciudadania denunciaba masivamente la burbuja inmobiliaria, el gobierno hizo oídos sordos en favor de los lobbies de la construcción. De ahí esta crisis anunciada.


Ahora el respeto y la comprension de las opciones que ofrece Internet como instrumento de progreso social son la salida de la crisis.


El gobierno hacen oídos sordos en favor de los lobbies de la industria cultural.


Además, esta situación latente está precipitada por la invasiva presión por parte de los lobbies privados de la industria de EEUU (la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA que agrupa a Association of American Publishers (AAP), Business Software Alliance (BSA), Entertainment Software Association (ESA), Independent Film & Television Alliance (IFTA), Motion Picture Association of America (MPAA), National Music Publishers’ Association (NMPA) y la Recording Industry Association of America (RIAA) )a través de su recientemente publicado Report 301(http://bit.ly/c6WQmG), un informe que estigmatiza como “pirata” a toda la sociedad española.


Este informe, con un tono paternalista y poco respetuoso de las leyes que riguen nuestro país (http://bit.ly/a7Ly1d), como si de una colonia se tratara, indica el camino a seguir: textualmente da la LES por descontada afirmando que es un primer paso y apremia a hacer más.


La actitud de vasallaje del gobierno es particularmente grave por los siguientes motivos:


- como refleja de forma muy exhaustiva y documentada un informe de la prestigiosa organización Consumer International (http://bit.ly/9pzohj), la política estadounidense en este sentido mantiene una doble moral: el rigor que exigen a sus “aliados” no es el mismo que practican en su propio país, ya que la aplicación del “fair use”, vigente en su legislación, permite muchas más excepciones al “copyright” de las que permiten las legislaciones europeas con, por ejemplo, el derecho a copia privada y otros derechos.


- la industria del entretenimiento made in USA hizo presión a favor del informe 301 para defender su mercado. Pero los intereses de la industria cultural española son justamente que cese el monopolio de la industria americana y que se equilibren las cuotas de mercado.


- Como queda claro por los recientes acontecimientos, España y Europa no son los interlocutores de EEUU para la recuperación económica, son solo vasallos, mercados. La mirada de EEUU está en Asia.


Ceder a las presiones de los lobbies para complacer a EEUU es sencillamente un suicidio. España, cuya legislación en este momento es la más avanzada de occidente cuanto a posibilidades de desarrollo hacia nuevas formas de copyright, pierde la posiblidad histórica de liderar la transformación europea hacia una nueva economía basada en las opciones del nuevo desarrollo digital y de Internet.


Otros países con más inteligencia en la recuperación como Brasil (http://bit.ly/ciNYkK) o Islandia (http://bit.ly/93WVH6) ya lo están haciendo.


La disposición final primera de la LES nos está negando el futuro.


DERECHOS FUNDAMENTALES: DERECHOS A UN PROGRESO ECONOMICO BENEFICIOSO PARA TODOS NO SOLO PARA MULTINACIONALES Y LOBBIES (http://bit.ly/bYP1A7)


"Se considera que solamente el "autor", a saber, el creador, ya sea hombre o mujer, como individuo o como grupo de personas, de producciones científicas, literarias o artísticas(...), pueden ser los beneficiarios de la protección de los "intereses materiales" (Art. 15, párrafo 1 (c),). Bajo los regímenes de protección de los tratados internacionales existentes, las personas jurídicas también están incluidas entre los ostentadores de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, como se puede ver arriba, sus derechos, al ser de diferente naturaleza, no pueden protegerse al nivel de los derechos humanos".


Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU [GE.06-40060 (E) 020206)


Es inminente la presentación del informe preliminar de la subcomisión parlamentaria consultiva con respecto a Propiedad Intelectual.


En el redactado en discusión vemos con preocupación como no se dirime la ambigüedad promovida por ciertos sectores de tratar la propiedad intelectual equiparándola con los derechos fundamentales de los ciudadanos.


Confiamos en el debate que se está llevando a cabo al interno de la subcomisión, una comisión que representa el espetro del parlamento, para que refleje cuanto está siendo manifestado por parte de la ciudadanía, la Fiscalía (http://bit.ly/cWZ4yB), La Comisión Nacional de Competencia (http://bit.ly/7btjgK), el Supervisor Europeo para la Protección de los Datos (http://bit.ly/bM960G) e incluso de la ONU entre otros, cuando dicen que la justa y necesaria defensa de los legítimos derechos de los autores puede ser llevada a cabo sin socavar los derechos fundamental.


Confiamos en que los partidos sepan reconducir la problemática hacia un desarrollo beneficioso económica, social y culturalmente para todos dentro del marco de los nuevos retos de la era digital.


En este sentido la ciudadanía está poniendo marcha varias iniciativas.


Red SOStenible reitera que es necesario escuchar a la sociedad civil. La sociedad civil de la era digital tiene los instrumentos para que sus votos no sean desperdiciados y desea una relación con sus diputados de colaboración constante, no cada 4 años.


La ciudadanía digital tiene memoria.


Y es capaz de demostrarlo.


http://red-sostenible.net

Los políticos de la propiedad intelectual eligen no mojarse

Después de tantas comparecencias y tensiones, los políticos ultiman un resultado que pronostica bluff.

Por Pilar Portero


Ministra, está a punto de conocerse el documento con las conclusiones de la subcomisión de la propiedad intelectual. ¿le han adelantado algo? ¿se replanteará el cierre de webs en base al resultado de tantas opiniones?. Se lo pregunto a Ángeles González Sinde, sonriente ella y sonriente yo, en el pasillo del Congreso esta mañana. "No veo que tenga que cambiarse nada. Son dos temas diferentes. La ley de Economía Sostenible es garantista y ya se está tramitando aquí, en el parlamento. Ya veremos el documento cuando esté y hablaremos, pero no va a interferir". Su respuesta tajante encaja con la que el diputado socialista José Andrés Torres Mora me acababa de dar unos minutos antes.


"Estamos cada vez más cerca de un acuerdo. Es un tema muy complejo y las comparecencias de la subcomisión han sido muy interesantes. En el documento lo que vamos a recoger son las distintas opiniones que hemos escuchado pero no pretendemos cambiar la ley", alega este político, uno de los situados más cerca del presidente, antes de entrar en el hemiciclo. La Fiscalía y Competencia han advertido sobre distintos aspectos de la propiedad intelectual, le recuerdo pero se disculpa porque tiene que subir al estrado.

Vamos, que después de mandar una encuesta a 300 expertos, que sólo respondieron 100, entre los que citaron a poco más de 20 para argumentar su postura sobre el peliagudo tema, los políticos se lavan las manos. Y en el saco se incluyen Rosa Díez (UPyD), Joan Tardá (ERC) y Aitor Esteban (PNV), los miembros de la mediática subcomisión que pidieron hace un mes que la regulación de las descargas de internet se retirase de la LES.

Tanteo también a José María Lassalle (PP) y corrobora a sus colegas: "No va a ser un documento que interfiera en la ley de Economía Sostenible. No tenemos intención de legislar. Se recogerán las aportaciones de las comparecencias". Me quedo planchada, la verdad. Yo, que me harté de preguntar -reconozco que con una persistencia rallana en la pesadez- a sus señorías sobre el perfil de los comparecientes y que no daba crédito a que el único nombre propio fuera el de Enrique Dans, alucino con este final de ni chicha ni limonada que se perfila.

La parte buena, que los grupos políticos son capaces de mirar juntos en la misma dirección. ¡Qué bonito es el amor!

miércoles, 24 de febrero de 2010

Cuenta atrás para la oleada de desobedientes contra Sinde, ya somos más de 1000. ¿A qué esperas?

Ya son más de 1.000 las páginas adheridas a LaListaDeSinde, una iniciativa de desobediencia digital contra la Ley de Economía Sostenible que pretende poner la propiedad intelectual por encima de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia, libertad de expresión y acceso a la cultura. El día 9 de marzo, a las 11:00, se hará entrega pública de esta lista de más de mil páginas web que han decidido unirse para hacer frente a la censura y autoinculparse con el libre intercambio de archivos incluyendo en su web un buscador de enlaces P2P. La cuenta atrás ha comenzado... apúntate a la lista!


Seguimos dispuestas a desobedecer. A pesar del maquillaje, no ha cambiado ni una coma de lo que nos afecta en la Ley de Economía Sostenible (LES). La censura en internet (tanto la retirada de webs españolas como el filtrado de web extranjeras) sigue en manos de una comisión formada por la Industria del Copyright. Seguimos sin tener derecho a un juicio justo. Lo único que ha cambiado han sido las declaraciones de la Ministra de Cultura "asegurando" que no van contra los internautas. Miente. La LES sigue siendo un obstáculo para la cultura libre, la sociedad de la información y los derechos fundamentales. Así lo ha expresado el Consejo Fiscal del Estado, pero todo apunta a que el Gobierno no cambiará nada y seguirá al servicio de la Industria Cultural una vez más; poniendo a la propiedad intelectual por encima de los derechos fundamentales (en una era en la que los bienes culturales pueden multiplicarse y distribuirse a coste cero y la creatividad se definede... ¡compatiéndola!). Este viernes la LES pasará a discutirse en el Congreso de los Diputados, es el momento de hacerles saber que la red no se calla.


Y todo esto sucede en el contexto de la presidencia española de la Unión Europea, en la que el gobierno del PSOE sigue adelante con un programa represivo y privatizador para la sociedad de la información. Una presidencia descrita por el europarlamentario David Hammerstein de la siguiente forma: "La propuesta del Gobierno Español da la espalda a los derechos fundamentales en Internet: no apoya la neutralidad de la red; no distingue entre el uso comercial y el no-comercial de los datos protegidos; propone nuevas medidas penales para proteger los derechos digitales de autor; apuesta por una actuación de control represivo y policial para las empresas operadoras de telecomunicaciones."


Además, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, propondrá a la Comisión Europea, a finales de abril en Granada, implantar la Ley de Sinde en toda Europa, cuando aún ni se ha aprobado en España. Esto forma parte de su Estrategia de Granada y no lo podemos permitir.


Por eso seguimos desobedeciendo. Porque la red no se calla. Somos más de 1.000 páginas web dispuestas a plantar cara a una ley injusta. LaListaDeSinde.Net alberga un listado de páginas que han incluido un buscador de enlaces a descargas, si cierran una web tendrán que cerrar todas. Esta campaña continuará mientras el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria siguen defendiendo los intereses privados de una industria obsoleta. El 75% de las webs de LaListaDeSinde.Net son de creadores, autores que ponen sus obras a disposición del público, que luchan por un modelo sostenible de cultura libre y, algunos de ellos, viven de ello. Todo ello a pesar y en contra del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, de un Gobierno que está en manos de los poderes corporativos y no de la ciudadanía a la que pretende representar.


El dia 9 de marzo, haremos entrega presencial al Ministerio de Industria de la lista de páginas que han decidido desobedecer públicamente. ¿Porqué en el Ministerio de Industria? Porque a estas alturas ya está claro que Sinde no es más que una marioneta dispuesta a quemarse políticamente ahora que ya se ha garantizado una buena parte del pastel de subvenciones públicas para seguir haciendo peliculas para el sector privado. Quienes aún tienen algo que perder y gran parte de la sartén por el mango son Francisco (Paco) Ros (secretario general del telecomunicaciones) y Miguél Sebastián (ministro de industria), ambos dispuestos a extender la LES a escala europea y a terminar con la neutralidad en la red para satisfacer a las operadoras y a la industria del copyright por igual.


Aún estás a tiempo de unirte: visita la web de La Lista de Sinde y rellena el formulario incluyendo en tu web alguno de los buscadores de enlaces que ofrecemos (existen plugins para WordPress, Drupal y Joomla, pero basta con cortar y pegar un trozo de código en tu web). La cuenta atrás ha comenzado.


Hacktivistas

martes, 23 de febrero de 2010

El Congreso dará a conocer esta semana ‘su reforma’ de la Ley de Propiedad Intelectual

06:30h | Beatriz Toribio


La Subcomisión parlamentaria se pone hoy a trabajar en las conclusiones sobre los cambios que requiere la actual normativa sobre derechos de autor. Lo hace después de escuchar a una veintena de expertos en propiedad intelectual y analizar más de 300 cuestionarios de diferentes asociaciones y colectivos. Sin embargo, fuentes de la subcomisión aseguran que será sólo un “documento de mínimos”.


La Subcomisión parlamentaria sobre Propiedad Intelectual terminará esta semana –o a más tardar la que viene– la misión que la había sido encomendada: elaborar un documento de conclusiones que sirvan al Gobierno para reformar la actual Ley de Propiedad Intelectual.


Los grupos parlamentarios que la componen –PSOE, PP, PNV, CiU, IU-ICV y el Grupo Mixto– se reúnen hoy para perfilar sus conclusiones después de meses de trabajo en los que han analizado más de 300 cuestionarios de colectivos relacionados con la propiedad intelectual. Además, han escuchado a más de una veintena de expertos, desde entidades de gestión como la SGAE a empresas como Google, que han pasado por el Congreso para poner de manifiesto los cambios que necesita la actual normativa.

Sin embargo, todo parece indicar que las conclusiones de esta subcomisión quedarán en la sombra. Las razones son varias: primero, el Gobierno no ha mostrado interés por los trabajos de la misma. De hecho la semana pasada, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, no hizo una sola mención a la misma cuando el PP le preguntó sobre cómo veía el último informe de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), en el que se pide precisamente eso, una reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual.

Otra es el distanciamiento entre los grupos que componen esta Subcomisión. Aunque existe un malestar generalizado entre todas las formaciones políticas por la inclusión en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de una disposición sobre el cierre de páginas web que realicen descargas ilegales, PP y CiU se descolgaron a última hora de lo que pretendía ser un ‘frente común’ contra el Gobierno por haber incluido en dicha iniciativa cuestiones que afectan a los derechos de autor.

PNV, ERC y UPyD exigieron públicamente al Ejecutivo que retirara la polémica disposición y respetara los trabajos del Congreso. Es decir, que esperara a que las conclusiones de esta Subcomisión estuvieran listas para llevar a cabo “una reforma integral” de la Propiedad Intelectual. PP y CiU argumentaron su ‘descuelgue’ de la iniciativa de los partidos minoritarios en que preferían saber cómo quedaría finalmente el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, ya que el Gobierno lo ha modificado en dos ocasiones.

Así las cosas, fuentes parlamentarias aseguran que las conclusiones de esta Subcomisión serán “un documento de mínimos” en el que se reflejarán las reivindicaciones de todos los colectivos implicados. Otras fuentes, en cambio, aventuraban la posibilidad de que los grupos no se pusieran de acuerdo en un documento final y que se publicarían las que realice cada grupo.

lainformacion.com

“Con la ley Sinde podrían cerrar Menéame sin un juicio previo”

ENTREVISTA | Ricardo Galli, creador de Menéame e integrante de la Free Software Foundation

Bajo un sistema de votos de usuarios y la filosofía del software libre, Menéame ha conseguido consolidarse como uno de los medios digitales más importantes e influyentes de la red en castellano.

Héctor Rojo Letón / Daniele Grasso

DIAGONAL: Menéame se financia con publicidad y su ‘negocio’ es servir enlaces a noticias, muchas de ellas con copyright. ¿En algún momento podríais tener problemas?

RICARDO GALLI: Enlazar a sitios o páginas no puede ser delito. Sería ridículo que lograsen convencer a los gobiernos para que cambien las leyes de copyright en este sentido. Aunque cosas peores se han hecho en nombre de la “propiedad intelectual”, por lo que no descarto nada. Ahora mismo la Ley de Propiedad Intelectual es muy restrictiva en el derecho a cita, por lo que muchas entradillas copiadas del original podrían constituir un acto ilícito. Esto también es ridículo, ningún juez admitiría una denuncia en este sentido, y hasta los propios periódicos ponen botones para enviar la noticia a Menéame. Pero nadie sabe qué puede pasar con comisiones ministeriales, por eso nos oponemos radicalmente a la “propuesta Sinde” Es tan absurda que con la interpretación literal podrían cerrarnos el sitio sin un juicio en condiciones.

D.: Magnates de la comunicación como Rupert Murdoch ya han planteado la posibilidad de que Google News no ofrezca la información de sus medios. ¿Esto también podría extenderse a otras páginas o blogs como la suya?

R.G.: Por ahora no. Es más, algunos directores de medios reclaman prohibir los enlaces, pero luego en sus noticias aparecen los botones para compartir. Afortunadamente parece que las decisiones de negocio no las toman con la misma lengua larga.


D.: A pesar de utilizar un sistema de votos y karma para elegir qué noticias aparecen en la portada de Menéame, estas noticias se podría decir que tienen un perfil progresista y en favor del software libre...


R.G.: Sí que hay una tendencia de “izquierdas”, pero tampoco tan exagerada. Si se mira la portada hay artículos publicados de medios de “derecha” y de “izquierda”. Yo creo que la derecha, sobre todo la radical, ya tiene sus sitios como HazteOir.org. De todas formas, la portada en Menéame es mucho más variada ideológicamente que cualquier sitio de información, sobre todo la política.

Nunca hemos buscado un tipo de público en particular, ni de edad ni de ideología (aunque los socios tengamos la edad e ideología que tenemos). Evolucionó de una forma que seguramente estuvo influida por nuestros orígenes (software libre, fundamentalmente) pero que no está bajo nuestro control.

La utilidad fundamental del karma es controlar los abusos, el spam y los trolls persistentes. Además se tienen otros beneficios claros. Cuenta más la opinión de la persona con más experiencia, conocimientos o actividad, por eso decimos que es una especie de “meritocracia” sin dejar de ser “democrático”: cualquier persona puede alcanzar el karma máximo en muy pocos días. El otro beneficio es que el “peso” del voto de cada usuario es perfectamente visible a los demás, no hay algoritmos secretos que dan más peso a unos usuarios sobre otros de forma oculta.


D.: Entre las novedades que trajo la web 2.0 estaba la forma de financiación a través de las donaciones. ¿Por qué habéis apostado por la publicidad?


R.G.: Muy pocos negocios se sostienen con donaciones. La Wikipedia es un caso especial, podrían estar facturando muchos millones con publicidad, pero sus fundadores la han desechado por credibilidad. Pero nosotros no estamos convencidos de que genere ingresos importantes, porque la mejor ‘donación’ es participar. Además levantaría muchas sospechas y conspiranoias sobre cuánto dinero ingresamos, qué hacemos con él, etc. Apostamos por el modelo publicitario, independiente y sobre el cuál los socios y administradores no tengamos que tomar decisiones (todo a través de terceros: AdSense [Google] y Social Media).


D.: El streaming se ha abierto un importante hueco en la red. ¿Es esta la alternativa de la industria a los p2p? ¿Se impondrá el acceso a la información sobre el derecho a la posesión?


R.G.: Soy muy pesimista en relación al acceso a la información y conocimiento frente a la propiedad extremista y radical. Nuestras democracias son cada vez más las de los lobbies. Los gobiernos suelen ceder –por estupidez, cobardía o intereses– fácilmente ante los grandes lobbies... Y los lobbies de la propiedad intelectual son muy poderosos.

Por otro lado en una red como la actual siempre habrá una alternativa, por eso también pretenden matarla. Lo que dijo César Alierta, presidente de Telefónica, de cobrar a los buscadores por utilizar sus redes, es una tontería absoluta, pero se le escapó y dejó muy claras cuáles son sus ideas de fondo sobre el futuro de “su” Internet.


D.: Además es profesor de Sistemas Operativos en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). ¿Qué sistema operativo es su preferido?, ¿Cuál no utilizaría nunca?


R.G.: Es ridículo decir que nunca haré algo, seguramente me equivocaré. Lo que sí puedo decir es que nunca he dado clases con sistemas privativos, siempre con sistemas libres; nunca exigí a un alumno que tenga una licencia de software o que no cumpla con un contrato para poder trabajar en mis asignaturas y desde 1998 uso exclusivamente GNU/Linux en mi vida personal, profesional y en mis clases. También puedo decir que nunca entenderé que se use la universidad pública como máquina de ventas y entrenamiento de sistemas privativos de monopolios foráneos.


D.: Una de las potencialidades de internet es la democratización de la información, es mucho más fácil que la gente pueda difundir su mensaje...


R.G.: Creo que es al revés. La propia arquitectura y alcance global de internet ha producido un cambio en cómo se difunden mensajes. Hace 15 años lo que salía en el telediario era “la realidad”, hoy los internautas ya se lo toman con mucho más escepticismo y se informan de otras fuentes con “realidades” diferentes. Por otro lado, los comentarios son fundamentales para discutir o dar otro punto diferente a una noticia, artículo o apunte. No puedo entender todavía que haya “medios digitales” con noticias que no se puedan comentar. Tampoco puedo entender esa falacia del periodismo de que todas las opiniones son respetables.


IMPULSOR DEL SOFTWARE LIBRE


Ricardo Galli es profesor de informática en la Universidad de las Islas Baleares. También es activista del software libre, miembro de la Free Software Foundation, creada por Richard Stallman, y ex presidente del grupo de usuarios de GNU/Linux de Balears. En 2005 creó Menéame: “Desde el principio le vi una potencialidad enorme. Estamos muy acostumbrados a leer los sitios y periódicos de siempre, que sólo cuentan una parte de la realidad, y en España somos especialmente maniqueos en este sentido”. Actualmente, sus visitas ofrecen cifras similares, según alexa.com, a las de público.es y rtve.es.


Diagonalperiodico.net

lunes, 22 de febrero de 2010

Amos de títeres

La industria cultural de EEUU presiona a España por el P2P

La lista 301 vuelve a colocar a España entre los países que no protegen los derechos de autor. El informe reconoce la importancia de las medidas recogidas en la LES, pero solicita al Gobierno la modificación de otras leyes


B. SALVATIERRA / P. F. DE LIS - MADRID - 22/02/2010 08:00

El informe que elabora cada año la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA), la conocida como lista 301, ha vuelto a incluir a España, por cuarto año consecutivo, en la lista de los países que merecen estar "en vigilancia" por no proteger adecuadamente los derechos de autor. Este documento del lobby de la industria cultural estadounidense que incluye a editores de libros, discográficas, productoras de cine y compañías de software y videojuegos revisa anualmente cómo se está protegiendo el copyright en los diferentes países del mundo, los clasifica y establece una serie de recomendaciones al respecto. El informe, que la industria envía después al Departamento de Comercio de EEUU para que presione a sus socios comerciales, dedica este año 17 páginas a analizar la situación española.


La publicación de la lista 301 se ha adelantado tres meses este año con respecto a los informes de años anteriores. Su lanzamiento coincide así con el acalorado debate sobre el anteproyecto de la LES, que incluye en su disposición final que una comisión de carácter administrativo pueda decidir sobre el cierre de páginas web que enlazan a contenidos con copyright, cierre que después será confirmado por un juez. El informe de la IIPA califica esta medida de "alentadora" y la reconoce como "punto clave", aunque puntualiza que esas disposiciones sólo hacen referencia a "parte de un problema global" que, según el lobby, está "fuera de control".


El estudio, en el que España aparece junto a 23 países más entre ellos, Italia, Hungría, Israel, Vietnam, Uzbekistán o Tailandia demuestra un profundo conocimiento de la situación del mercado español y de la legislación nacional. Indica también al Gobierno, punto por punto, cuáles son los pasos que debe seguir para dejar de ser "uno de los peores mercados del mundo" para la industria cultural.


Mensaje a la Fiscalía

La lista 301 centra buena parte de su argumentario en solicitar la anulación de la circular de mayo de 2006 de la Fiscalía General del Estado, a la que cataloga como una de las principales responsables de la actual situación, detallando que "despenaliza las descargas realizadas mediante redes P2P". La circular dice, entre otros puntos, que es necesario que exista ánimo de lucro comercial para considerar que las web que incluyen enlaces a contenidos con copyright han cometido un delito. "Como resultado de las incertidumbres legales, la policía rehúsa emprender acciones" en Internet, sostiene el informe.


En otro punto, el estudio detalla que es necesario asegurarse de que las operadoras impiden que sus redes se utilicen para el almacenamiento o la transmisión de contenidos protegidos. Las operadoras, durante los meses de negociaciones con la industria cultural española, aseguraron que era imposible técnicamente controlar todo lo que pasaba por sus redes. Pero no es este el único punto contemplado en el informe que apunta a las operadoras como colaboradoras indispensables en la lucha contra las descargas.


La IIPA exige "seguir los pasos adecuados" para que los titulares de derechos obtengan los datos necesarios para iniciar demandas civiles y penales. En concreto, el informe hace referencia al caso Promusicae-Telefónica (2005), en el que la operadora se negó a facilitar las identidades que se correspondían a las direcciones IP de los ordenadores de usuarios que descargaban al tratarse de una investigación civil. La operadora se amparó en la legislación española para no facilitarlos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó refrendó la decisión.


Otra de las modificaciones necesarias, según el informe, es la eliminación del concepto "conocimiento efectivo", que actualmente recoge el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Éste establece la responsabilidad de un prestador de servicios en función de que tenga conocimiento de que lo que circula por sus redes infringe los derechos de propiedad intelectual. Pero las pruebas deben ser obtenidas, en este momento, con la supervisión de un juez, un detalle que no aprueba la industria cultural de EEUU.


El informe también recomienda un aumento en la asignación de recursos a la Guardia Civil y la Policía Nacional para trabajar en las áreas relacionadas con Internet. A ello, añade continuar la lucha contra la piratería en la calle (el estudio, en inglés, incluye los términos "mochileros" y "manteros" en español) o que los jueces y fiscales realicen cursos sobre derechos de autor "para aumentar su conocimiento sobre los derechos de propiedad intelectual y el impacto de la piratería".


La lista 301 detalla que España tiene "el peor problema de piratería entre los principales mercados europeos", con un 32% de usuarios de Internet que utilizan redes P2P para descargar música. Según datos de la consultora Jupiter, esta cifra es más del doble de la media europea.


La IIPA dedica un apartado especial a la modificación o chipeado de consolas, y asegura que "agravan el problema de la piratería on-line", y critica las últimas actuaciones judiciales en este sentido. El informe menciona el juicio que tuvo lugar en noviembre del año pasado, en el que un juez de Salamanca sentenció que los cartuchos modificados de la Nintendo DS amplían las funciones de la consola y no sólo tienen como fin jugar con títulos no originales. Para la IIPA esta sentencia ignora el "propósito principal" de esas modificaciones, que, según detalla, es la reproducción de copias de videojuegos no autorizadas.


Los jueces están endureciendo sus sentencias

Sharemula
La web Sharemula ofrecía enlaces a redes de intercambio de archivos con obras con ‘copyright’. Promusicae, la SGAE y otras entidades se personaron como acusación para cerrarla, pero la Audiencia Provincial de Madrid dictó, en septiembre de 2008, la absolución firme de la página, considerando que no había delito penal en incluir enlaces a contenidos con ‘copyright’ si no se albergaba el archivo en sí. La Audiencia seguía, en parte, la teoría de la circular de la Físcalía General del Estado. El ‘caso Sharemula’ es citado cada año en la ‘lista 301’, porque decenas de sentencias posteriores basan sus decisiones en esta.


Elitedivx
En septiembre de 2009, la Audiencia Provincial de Murcia dicta un auto por el que ordena que se reabra el caso contra la página Elitedivx, que había sido sobreseído por un juzgado de Cartagena siguiendo las directrices de la circular. El ‘caso Elitedivx’ significa una nueva actitud de los jueces frente a las páginas de enlaces, y es uno de los primeros textos que cuestiona que el concepto de derecho o excepción de copia privada pueda aplicarse al intercambio de archivos mediante redes P2P.


Elrincondejesus
Es el último caso en España, y el primer juicio oral que se ha celebrado contra una web de enlaces. El caso está a la espera de sentencia.


Dos meses de pelea entre el Ministerio de Cultura y los internautas

El pasado mes de diciembre, el Gobierno decidía incluir en la LES (Ley de Economía Sostenible) una disposición adicional que permitía cerrar páginas web a una comisión dependiente del Ministerio de Cultura. La idea era que esta Comisión de Propiedad Intelectual actuara a instancias de titulares de derechos o entidades de gestión cuando estos consideraran que se estaban difundiendo sus obras en la Red sin licencia ni autorización. La Comisión se pondría entonces en contacto con el presunto infractor e investigaría si esa página web estaba realizando una violación de los derechos de autor. De confirmarse, la Comisión solicitaría al infractor que retirara esos contenidos. En el caso de no hacerlo, ordenaría a los operadores de Internet la suspensión del dominio. El Gobierno, en todo caso, quiso dejar claro que estas medidas estaban dirigidas contra las páginas que se dedican a violar los derechos de propiedad intelectual en Internet, pero no contra los usuarios que las visitan.


Horas después de conocerse la intención del Gobierno, la Red española bullía de indignación. Cientos de miles de personas suscribieron en blogs, páginas web y redes sociales el llamado ‘Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet’, que negaba que los derechos de autor pudieran “situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. El texto reclamaba que ese cierre se realizara, siempre, con una intervención judicial.


Tras la airada reacción internauta, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rectificaba: “No se va a cerrar nada, ninguna web ni blog. Si ha que modificar el anteproyecto, se modifica”. La disposición adicional, efectivamente, fue cambiada. Se establecía un procedimiento mixto en la que la Comisión analizaba las páginas web susceptibles de ser cerradas, y ese cierre lo decidía un juez de la Audiencia Nacional en el plazo de cuatro días.


El pleno del CGPJ avaló, en un informe a finales de enero, la nueva atribución de los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. También solicitó, sin embargo, una aproximación del número de casos que la Comisión evaluaría al año. El CGPJ pretendía valorar cuántas intervenciones tendrían que realizarse en los juzgados de lo contencioso-administrativo y cuantificar su impacto “en términos de empleo, actividad y precios”.


El Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, publicó hace unos días su informe sobre la disposición adicional, y calificó de “dudoso” que la protección de la propiedad intelectual “deba ponerse a la misma altura que el resto de los bienes jurídicos protegidos”. Para el Consejo, la propiedad intelectual debe ser tratada “como derecho de propiedad” y no como un derecho fundamental, aunque reconoce “su importancia en las sociedades modernas”.


Público

domingo, 21 de febrero de 2010

Las nuevas estrategias de la industria para acabar con las descargas

Esteban Hernández.- 20/02/2010 (06:00h)


Existe la extendida creencia de que, en el fondo, resulta imposible detener las descargas de películas, discos, libros y videojuegos en la red, y que los intentos de la industria de acabar con ellas no serán más que esfuerzos baldíos. Y es una convicción respaldada por toda clase de argumentos, desde los que apuntan que estamos ante una actividad legal hasta los que subrayan que existe un vacío normativo en Internet que será muy difícil de llenar, pasando por los que aseguran que la tecnología impedirá poner fin a estas prácticas, ya que cada intento de la industria de limitarlas o penalizarlas será respondido con nuevos avances tecnológicos que pasarán por encima de las restricciones. En definitiva, para estas posturas, Internet es un entorno donde el ingenio irá siempre por delante de las leyes.

Y se trata de una creencia que se ha reforzado en los últimos tiempos, ya sea como consecuencia de las diferentes sentencias absolutorias dictadas por nuestros tribunales en los procedimientos penales abiertos por delitos contra la propiedad intelectual, o porque los intentos administrativos de limitar tales prácticas, como la llamada Ley Sinde, han generado notable oposición social. Así las cosas, todo parece indicar que el fenómeno de las descargas será durante mucho tiempo una presencia frecuente en el panorama cultural.


Pero no son esos los planes de la industria, que está trabajando en diferentes niveles para lograr salir de una complicada situación a la que culpan del declive de sus ventas, y cuyas nuevas estrategias no se limitan a las iniciativas de corte estatal. Aunque eso no significa que las ignoren. De hecho, que la ministra de Cultura haya afirmado el pasado jueves que "hay aspectos que pueden afinarse" en la regulación de la propiedad intelectual no es más que otra prueba de que una de las aspiraciones no logradas de la industria, la de reformar nuestras leyes para dar cabida a una regulación más rígida, está comenzando a ser valorada. En ese sentido, hay quienes apuntan a que el modelo francés, que propone la denegación del acceso a Internet de los usuarios que realicen descargas, será el futuro inevitable. Sin embargo, los grupos políticos parecen estar todavía lejos de esas posturas, algo que desde el sector cultural se achaca a simple cobardía electoral.


No buscan la pena de cárcel sino el dinero


No obstante, las iniciativas que la industria cultural está preparando no se limitan sólo a instar a las instituciones a que dicten nuevas normas. También hay novedades en el ámbito jurídico, donde el siguiente movimiento será el de evitar la persecución de tales prácticas por vía penal y centrarse en la civil. No se trataría, por tanto, de solicitar pena de cárcel para los infractores cuanto de exigir cantidades que compensen el daño causado a los titulares de los derechos por la utilización no autorizada del material sujeto a propiedad intelectual. Una vía que, además, muchos expertos recriminan a las entidades de gestión que no hayan adoptado desde el principio.


En ese sentido, parece que, como señala Juan José Marín, catedrático de Derecho Civil y abogado de Gómez-Acebo & Pombo, la próxima tendencia la marcará la resolución del caso Manolito p2p, un procedimiento judicial instado por Promusicae (Asociación de productores de música de España) en el que se demandaba por competencia desleal a Pablo Soto, un joven informático que había inventado una aplicación para descargarse archivos de audio, y en el que se solicitaban 13 de millones de euros como indemnización. La sentencia está próxima a dictarse (de hecho, el fallo debería haberse pronunciado hace tiempo) y sus consideraciones jurídicas marcarán el futuro: si se estiman los argumentos de Promusicae se abrirá el camino para reclamar responsabilidades a los creadores del software con el que se realizan las descargas (en el caso de que éstos se lucren mediante venta o ingresos publicitarios). Además, un fallo favorable a los productores de música también facilitaría futuras demandas basadas en nuestra ley de competencia desleal, lo que haría posible perseguir en el orden civil a las páginas que proveen de enlaces a los usuarios.


La vía que se dejará aparcada de momento es la de demandar a los usuarios de las redes p2p, tal y como se hizo en EEUU, donde se llegaron a dictar algunas condenas millonarias. Pero esa decisión no se toma, asegura Javier Aparicio, socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, porque se carezca de base jurídica: “si alguien permite a cualquier usuario de una red p2p que acceda a los contenidos de su disco duro, está realizando una puesta a disposición de obras protegidas y eso autoriza a los titulares de derechos a reclamar por vía judicial”. El problema en este caso no vendría por la articulación jurídica de la demanda sino por las dificultades técnicas para identificar a los usuarios. Porque “si bien se cuenta con los medios para saber, a través del tipo de consumo de Internet, si una determinada dirección IP está o no realizando descargas, es más complicado conocer qué usuario concreto está detrás de esa IP”. Tales datos sólo los tienen las compañías que proveen el acceso telefónico, y se han negado repetidamente a facilitarlos. Y con el respaldo de la UE, advierte Aparicio, quien entiende que “la obligación de ceder datos a terceros de las compañías telefónicas sólo tiene lugar cuando se han cometido delitos graves, y esta clase de prácticas no entran dentro de tales supuestos”.


El otro camino que parece descartado es el de ir contra las empresas de hosting, ya que las normas europeas no las imponen el control de sus contenidos, en tanto, afirman, se trataría de una exigencia que entorpecería enormemente el desarrollo de la sociedad de la información. Otra cosa es, como ya está ocurriendo, que una vez que sean notificadas de que están poniendo a disposición material protegido, estén obligadas a borrarlo de sus archivos.


El acuerdo secreto de Obama


Para Carolina Pina, socia de Garrigues, “dadas las dimensiones del problema, lo que sí resulta necesario es que se llegue a nuevos acuerdos internacionales para proteger la propiedad intelectual, de modo que el derecho vaya a la par de la tecnología”. Y no sólo se esperan iniciativas de ese orden en el ámbito europeo. Aun cuando estemos ante un fenómeno global, hay países especialmente interesados en poner freno a estas prácticas, y Estados Unidos, cuya industria del entretenimiento se está viendo seriamente afectada, es el primero de la lista.


Y parece que ya está manos a la obra; como trascendió a finales de 2009, en las negociaciones del Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) un tratado internacional cuyo objetivo es establecer un marco de protección jurídica que blinde el comercio de las falsificaciones, se estaría abordando en secreto el problema de las descargas. Hasta la fecha el contenido de esas negociaciones sigue sin hacerse público, por lo que diversas asociaciones acordaron remitir una carta al presidente Obama para solicitarle transparencia.


La vía nacional


En cuanto a las iniciativas a nivel estatal, lo estipulado en la Disposición final tercera de la Ley de economía sostenible, más conocida como Ley Sinde, no parece que vaya a generar una utilidad a la altura del revuelo suscitado. En un sentido, afirman los especialistas, porque supone un mal precedente: establecer una protección administrativa porque la justicia va lenta puede abrir la puerta a que muchos otros titulares de derechos reclamen mecanismos similares en los campos más dispares. Además, asegura Ana Isabel Belío, abogada especialista en propiedad intelectual, “todavía habrá que esperar al desarrollo reglamentario de la Disposición Final, ya que hay varios asuntos que dejan lugar a duda. Por ejemplo, el de la composición de la comisión prevista, donde no debería permitirse que hubiera representantes de las entidades de gestión, ya que eso los convertiría en juez y parte”.


En todo caso, avisa Marín, a través de unas iniciativas u otras, la propiedad intelectual sobrevivirá. “Supo adaptarse a toda clase de nuevas tecnologías, (la fotocopiadora, el VHS, el cd…) y esta vez no será distinto: las creaciones de las personas seguirán protegiéndose. Es cierto que este es un momento de incertidumbre, donde están cambiando las expectativas de rendimiento, y en el que se esperan modificaciones legales: quizá haya que aumentar las excepciones y reforzar los mecanismos jurídicos de control sobre quienes utilizan y copian las obras. Pero no hay duda de que la propiedad intelectual no va a desaparecer”.


El Confidencial

sábado, 20 de febrero de 2010

El Gobierno Español se pone firme para obedecer al Tío Sam

Un año más, España ha sido incluida en el listado de países a vigilar por no proteger adecuadamente la propiedad intelectual. El 2010 Special 301 Report incluye un completo análisis de 17 páginas sobre nuestro país, repleto de estadísticas y casos concretos ocurridos durante 2009. El informe, elaborado entre otros por la ESA, la MPAA, la BSA y la RIAA, aplaude la reforma incluida en la Ley de Economía Sostenible, pero la considera insuficiente, indicando la correcta hoja de ruta a seguir:

  • Asegurarse que los ISP impidan que sus redes se utilicen para almacenar o transferir contenidos protegidos.
  • Anular la circular de la Fiscalía sobre propiedad intelectual.
  • Aumentar el personal para investigar las actividades de Internet, en el Ministerior de Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
  • Permitir que los dueños de los derechos puedan obtener la información necesaria para emprender acciones civiles.
  • Tomar las acciones necesarias para asegurarse que los modchips y dispositivos similares sean ilegales.
  • Continuar combatiendo la piratería callejera.
  • Realizar seminarios sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales y aumentar su peso en los estudios de derecho.
  • Desarrollar una campaña de publicidad efectiva.
  • Aprobar la Ley de Economía Sostenible con sus previsiones actuales.
  • Desarrollar legislación contra las infracciones de copyright realizadas por otros medios distintos de páginas web.
  • Modificar la ley de protección de datos para facilitar las demandas civiles y criminales.
  • Modificar la LSSI estableciendo un sistema de aviso-y-retirada y eliminando la actual definición de conocimiento efectivo.
  • Modificar la Ley de Propiedad Intelectual para dejar claro que los daños y perjuicios deben valorarse, como mínimo, por el valor de mercado de las copias originales.
Otros países hispanohablantes también han sido incluidos, como Argentina, Chile o México; además de otras potencias como Canadá o Italia.

viernes, 19 de febrero de 2010

Los consumidores y usuarios no alegan nada sobre el cierre de páginas web

INTERNET | Ley 'Sinde'

  • El CCU publica su informe sobre la Ley de Economía Sostenible
  • En él no hay nada sobre los planes del Ejecutivo sobre las descargas

En su informe (PDF) sobre la Ley de Economía Sostenible, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) no emite ninguna opinión sobre la polémica disposición adicional primera del anteproyecto, que deja en manos de Cultura el cierre de páginas web con la autorización de la Audiencia Nacional.


En este informe, el CCU sólo habla de Internet para analizar el compromiso de convertir en derecho la posibilidad de aceso a Internet a una velocidad de al menos un mega, así como la ausencia en dicho texto de la obligación de poder consultar las lecturas de empresas suministradoras (agua, electricidad, gas...) de poder consultar las lecturas por la Red.


¿La razón? Según Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación -miembro del CCU-, "el documento se centra en los aspectos del anteproyecto en los que hay consenso, y en el asunto de la disposición adicional primera de la LES no existe una posición unitaria" entre las asociaciones que conforman el CCU.


Todo ello, a pesar de la polémica surgida de diversas asociaciones y activistas en Internet, que dieron la voz de alarma cuando se publicó el texto del anteproyecto de LES.


Este informe es uno de los solicitados a diversos órganos consultivos, ninguno de los cuales es vinculante aunque todos ellos son perceptivos. Así, el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial avalaba la fórmula propuesta por el Ejecutivo para proteger la propiedad intelectual en la Red.


Ésta consiste en dar a la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura la potestad de obligar al cierre de sitios web previa denuncia de los posibles afectados, y con la autorización 'expres' (en un plazo máximo de cuatro días) de un juez de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.


Por contra, el Consejo Fiscal ha criticado en su correspondiente informe tal medida, que considera "dudosa" al equiparar la protección de la propiedad intelectual con algunos derechos fundamentales. La Fiscalía no ve con buenos ojos que el proyecto de ley prevea modificaciones en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).


Artículos modificados


El texto del anteproyecto de ley prevé modificar los artículos 8 y 11 de LSSI, que son los que permiten la restricción o interrupción de la prestación de servicios de Internet en caso de que dichos servicios puedan atentar contra determinados valores como la salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona, el principio de no discriminación o la protección de la juventud y la infancia. Con esta modificación se introduciría de manera expresa la propiedad intelectual.


No obstante, el Consejo Fiscal considera que la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental.


Esta misma semana, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, salió al paso de las críticas al asegurar que la posibilidad de cierre de páginas web por orden judicial que contempla la futura LES se prevé "para proteger la libertad de expresión y el derecho a la información" y no la propiedad intelectual.


El ministro explicó en Granada que la medida se justifica "ante la posibilidad de que una administración pudiese cerrar una web o retirar algunos contenidos", hecho que podría atentar contra la libertad de expresión o el acceso a la información, "garantizar que sólo se produzca por orden de un juez", circunstancia que comparó a "cuando se recurre a un juez para una manifestación que la Delegación del Gobierno no permite".


El Mundo

jueves, 18 de febrero de 2010

Indice de libros prohibidos

Para quien aún no lo conozca, Papyre.co.cc es un sitio colaborativo cuyos usuarios formatean todo tipo de libros para convertirlos a formato electrónico fb2 y ponerlos allí a libre disposición de la comunidad, especialmente para el lector homónimo, Papyre. En Kriptópolis avisan que Planeta amenaza -mediante correo electrónico- con emprender acciones legales en su contra si no retira de dicha página las obras cuyos derechos ella detenta. De momento, han hecho caso omiso de la solicitud. Finalmente no hemos tenido suerte y vamos a asistir al siguiente caballo de batalla: los ebooks. Guarden su biblioteca, y, sobre todo, lean.


El responsable de Papyre.co.cc alega -entre otras cosas- en su respuesta que no tiene ánimo de lucro, que no es español y ni siquiera reside en España, por lo que ha tomado la decisión de desestimar la solicitud de la editorial.


(...) sólo el bibliotecario sabe, por la colocación del volumen, por su grado de inaccesibilidad, qué tipo de secretos, de verdades o de mentiras encierra cada libro. Sólo él decide cómo, cuándo, y si conviene, suministrarlo al monje que lo solicita, a veces no sin antes haber consultado conmigo. Porque no todas las verdades son para todos los oídos


Umberto Eco, "El nombre de la rosa"



Visto en Bandaancha y Kriptópolis

La Fiscalía dice que cerrar webs está feo

Sinde, sin embargo, quiere empezar ya. Y tenemos un vídeo que lo demuestra




El Consejo Fiscal, que se ve que es un órgano muy importante, ha dicho que esto de que el Estado cierre webs sin jueces de por medio es, cuanto menos, preocupante. Por mucho que gente como Ana "la próxima vez que vayas a los Goya abrígate más que te vas a resfríar" Belén apoye la medida, la ley resulta invasiva, al menos en España. Seguro que Ángeles González-Sinde sería una gran ministra de cultura en países como China. En todo caso, Sinde ya se ha puesto en pie de guerra y ha empezado a cerrar webs... o por lo menos a intentarlo.

Reproducido de El Jueves

martes, 16 de febrero de 2010

Está claro: era una mala idea


El informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible demuestra de nuevo que las cosas que empiezan mal, suelen acabar mal. Recordemos cómo se inició todo este lío: cuando, el día 1 de diciembre del año pasado, titulé una entrada nada menos que “Involucionismo digital, la vergüenza de la democracia o el gobierno de Los Otros“, la cosa, realmente, no era para menos. Ver a un lobby industrial metiendo mano de manera manifiestamente antidemocrática en un anteproyecto de ley, añadiendo a él de manera burda una disposición final no relacionada para nada con la temática tratada en la ley, y celebrando posteriormente en un restaurante el “haberle colado un gol” al gobierno es algo que hace que se tambalee la fe en la democracia del más pintado. Efectivamente, era lo que parecía: un intento de “colar” legislación favorable a los intereses económicos de unos pocos, aprovechando un anteproyecto de ley convertido a tal efecto en “cajón de sastre”. La incorporación, de hecho, fue tan burda, que ni siquiera aparece recogida en el listado de reformas propuestas, ni en la información facilitada tras el Consejo de Ministros en el que se trató por primera vez el tema, ni en las declaraciones de los responsables al respecto. Estaba clarísimo: era un “añadido de última hora”, que además introducía temas relacionados con la propiedad intelectual en un ámbito donde no correspondía, y desnaturalizaba completamente la Subcomisión que en el propio Congreso de los Diputados tenía supuestamente como encargo plantear las bases de la reforma de la misma.


La reacción fue inmediata: el “gol” no solo estaba marcado “en fuera de juego”, sino que además, violaba las normas más elementales del juego político. Al estar hecha de tan mala manera, metida con calzador y a toda prisa, la Disposición Final Primera se llevaba por delante los derechos fundamentales de los ciudadanos al proponer la creación de una comisión administrativa con capacidad censora, una potestad reservada a los jueces por mandato constitucional. La rápida difusión del Manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” que comenzó al día siguiente forzó una serie de reacciones del gobierno, pero en la dirección equivocada: en lugar de reconocer el error de haber permitido que sus “amistades peligrosas” modificaran a su antojo el Anteproyecto, intentaron “arreglar el desaguisado” dándole apariencia legal, y para ello entraron en una espiral que terminó por llevarles a plantear la modificación de dos leyes, una Ley Orgánica y un Real Decreto con el fin de intentar parchear el tema de alguna manera. La cuestión seguía siendo burda, porque respondía a una pretensión tan clara como espantosa: “como los jueces no nos dan la razón, prescindamos de los jueces”. Para ello, pretendían justificar la creación de todo un “aparato legal” en forma de justicia paralela hecha a la medida de las pretensiones de las sociedades de gestión de derechos de autor, a las que se otorgaba el privilegio de tener sus propios tribunales y procesos.


El informe del Consejo Fiscal pone las cosas en su sitio: efectivamente, las cosas no se pueden arreglar así. Y no se puede, porque los comienzos son erróneos. Para empezar, porque la propiedad intelectual no se puede equiparar con los derechos fundamentales. No, ni parecía lógico, ni lo era, poner la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que cuestiones como el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de juventud e infancia. Sencillamente, es erróneo: por mucho que se pretenda confundir interesadamente, la propiedad intelectual pertenece, como su propio nombre indica, al ámbito de los derechos de propiedad, no al de los derechos fundamentales. Y si la propiedad intelectual no es de por sí un derecho fundamental, mucho menos lo es el negocio derivado de la comercialización de la misma, un negocio que, como tal, únicamente debe someterse al ámbito de las leyes del mercado. Una cosa es la creación, y otra muy distinta su comercialización.


El informe del Consejo Fiscal pone las cosas en su sitio: suspende al gobierno en Derecho, deja claras las incoherencias derivadas de pretender enrocarse en el error, y pide a gritos la verdadera rectificación necesaria: la eliminación de la Disposición Adicional Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, y el planteamiento de un verdadero y legítimo debate sobre la reforma de la propiedad intelectual en el foro que legítimamente le corresponde, en el que se traten mucho más aspectos de un asunto cuyas implicaciones van, sin duda, mucho más lejos que lo que torpe y apresuradamente se planteaba en esa ominosa Disposición Final Primera.


Efectivamente: era una mala idea.


Enrique Dans

lunes, 15 de febrero de 2010

El Consejo Fiscal critica el proyecto de ley que permitirá a Cultura cerrar sitios web

El Consejo Fiscal considera "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos -algunos de ellos derechos fundamentales- por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.


Así se expresa el órgano asesor del fiscal general del Estado en su informe sobre la Ley de Economía Sostenible (LES), que introduce modificaciones en otras normas -como la citada anteriormente- para reforzar las medidas de protección de la propiedad intelectual, y posibilita el cierre de páginas web o la retirada de determinados contenidos de las mismas.


En el informe, la Fiscalía critica que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.


Para el Consejo Fiscal, la propiedad intelectual debe ser tratada "como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental, ya que, "aunque se pueda reconocer su importancia" en las sociedades modernas, "no parece alzarse al mismo nivel" que intereses generales como el orden público o colectivos situados en una posición de debilidad, como los menores.

Contradicción

El Ministerio Público también advierte en su escrito alguna "contradicción" en la disposición de la LES que permite a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), de nueva creación, requerir a los "prestadores de servicios de la sociedad de la información" los datos para identificar a los responsables de las supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual.


Así, cree que no se plantea ningún problema si de lo que se trata es de obtener "la identificación de la titularidad formal registrada" -el titular del nombre del dominio de la página web, por ejemplo-, pero dice que en ocasiones será preciso conseguir otros datos para los que la ley "exige autorización judicial previa".


Para proporcionar "cobertura legal" a la CPI, la Fiscalía propone modificar la ley de modo que no se precise autorización judicial para los datos "que no estén amparados por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, sino por el derecho de intimidad", ya que éste permite valorar "la proporcionalidad de la medida de intromisión" en relación con los intereses que se quiere proteger.


"En cualquier caso, lo que en ningún supuesto puede recabar la CPI, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información, son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblmente autorización judicial", advierte el informe.

Una comisión 'confusa

La Fiscalía critica también la regulación que la ley hace de la estructura de la CPI, que "resulta confusa" porque "más que crear una Comisión con un mínimo común denominador parece originar dos", una que ejerce "labores de mediación" y otra que interviene en los servicios de la sociedad de información "con un enorme potencial de incidencia invasiva en la esfera de derechos fundamentales".


Por último, el informe recuerda que pese a que la ley prevé que los Juzgados de lo Contencioso de la Audiencia Nacional podrán acordar, a propuesta de la CPI, el cierre de páginas web o la retirada de contenidos de las mismas, esta medida "queda limitada a los casos en que el prestador del servicio está establecido en España o en un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo".


El Mundo

sábado, 13 de febrero de 2010

Propuesta española para más represión en Internet

En la "Declaración de Granada" la Presidencia Española propone más represión en Internet

La propuesta del Gobierno Español da la espalda a los derechos fundamentales en Internet: no apoya la neutralidad de la red, no distingue entre el uso comercial o no-comercial de datos protegidos, propone nuevas medidas penales para proteger los derechos digitales de autor y plantea un papel represivo y policial para las empresas operadoras de telecomunicaciones.

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La solución española para una supuesta "economía europea competitiva y basada en el conocimiento" se basa en realidad en más represión, más miedo y en unas draconianas medidas de persecución criminal para defender con uñas y dientes unas empresas y modelos de negocio desfasados y sin viabilidad. Esta fundamentalista posición española rechaza la posibilidad de avanzar hacía un mayor acceso universal a la esfera pública y común de la información, y en realidad desprecia las innovadoras ventajas de unos marcos abiertos y flexibles de propiedad intelectual en el medio digital.

La actual Presidencia Española en la UE utiliza el miedo hacia la actual crisis económica para profundizar en una tendencia proteccionista que pretende construir un bunker fortificado alrededor de unos estrechos intereses particulares. ¡Qué oportunidad perdida!


Extracto de la "Declaración de Granada" que se aprobará el 21 de abril en Granada

18. DESTACANDO que en el ámbito del derecho de autor y derechos conexos, la piratería de bienes culturales y creativos, dañando a la comercialización legal de los medios de comunicación, especialmente a través de Internet, que dificultan la llegada de los modelos de negocio competitivo de la oferta legal de contenidos culturales y creativas, poniendo en cuestión de la remuneración adecuada de los titulares de derechos y frena el dinamismo de la industria cultural europea que da acceso a la calidad jurídica, diversa y de gran oferta cultural;

20 bis. RECONOCE que el desarrollo de la oferta legal de contenidos culturales y creativos, mientras que al mismo tiempo, la prevención y la lucha contra la piratería, es necesario para el crecimiento económico, el empleo y la diversidad cultural;

28. OBSERVA la importancia de la conciencia pública en relación con el impacto de la falsificación y la piratería en la sociedad y la economía, en particular, el peligro potencial de falsificaciones y productos pirateados para la salud y seguridad, así como para la competitividad europea, la creación, innovación y empleo, y alienta a la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas, incluidos los consumidores, para analizar y aplicar campañas de sensibilización eficaces, incluyendo un Día Europeo contra la Falsificación y la Piratería, el 11 de junio. Las consecuencias financieras serán evaluadas por el Observatorio en colaboración con la Comisión para definir los recursos de financiación adecuada. Las campañas se centrarán en los objetivos públicos específicos, como los consumidores y los jóvenes;

30 ter. INVITA a la Comisión que analice la posibilidad de presentar una propuesta modificada de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, a fin de completar el marco legislativo de la UE en el ámbito de aplicación de los DPI.

39 bis. INVITA a los Estados miembros y la Comisión a actuar para promover un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual en los acuerdos internacionales bilaterales y multilaterales.

viernes, 12 de febrero de 2010

Asociaciones y ciudadanos insisten en pedir el fin del canon digital


Diversos agentes sociales, representados por la plataforma 'Todoscontraelcanon.es', han firmado una solicitud en la que piden a los partidos políticos que aprovechen la tramitación de la Ley de Economía Sostenible (LES) para cambiar el texto de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la LES, que permite el cierre de sitios web en cuatro días, por un texto destinado a eliminar el canon digital.


El documento, dirigido a los miembros de la Subcomisión de Propiedad Intelectual y a los responsables de los grupos parlamentarios con los cambios que propone la plataforma para la LES, se entregó en el Registro del Congreso de los Diputados.


La solicitud, promovida por 32 asociaciones, ha sido suscrita, según esos mismos promotores, por 29 Ayuntamientos, 4.920 organizadores y 1.142.891 ciudadanos que la han firmado de manera individual. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI) fueron las entidades responsables de registrar el escrito en el Congreso.


"Queremos llamar la atención de los ciudadanos sobre qué están haciendo los políticos y los jueces, que estos no pueden hacer un análisis sólo desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sino tener en cuenta también los derechos a la información y comunicación", declaró Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI. "Se está contraviniendo los derechos básicos frente a actos que son puramente societarios. No entendemos porqué los políticos, con tanta contestación y clamor social, siguen mirando para el otro lado", añadió.


Para Víctor Domingo, presidente de la AI, el canon "es un grave problema". "Creemos que, con los informes que hay de la Comisión Nacional de Competencia, es una buena oportunidad de eliminar este canon", afirmó, añadiendo que el documento es el resultado de una campaña 'online' que están llevando a cabo desde hace algún tiempo. "No queremos perder tanto esfuerzo colectivo y tantas firmas", sentenció. "En 'petit comité' los políticos dicen que van a eliminar el canon pero cuando llega la hora de la verdad votan en contra", denunció Pérez Subías.

No al canon, otra vez

La plataforma solicita que se elimine el actual texto de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de la LES "por la inseguridad jurídica y la ineficiencia que plantea esta disposición tal y como está redactada".


Por otra parte, el documento propone que se introduzca en dicha Disposición Final Primera una disposición normativa en virtud de la cual "se ordene la eliminación del canon digital en un plazo máximo de dos años y la progresiva reducción de los importes a pagar, conforme al listado de dispositivos previstos en la ORDEN PRE/1743 de 2008, pasando a financiarse la compensación equitativa por copia privada por otros medios, en su caso".


La disposición normativa que sugiere la plataforma también propone que "no se permita el cobro de remuneraciones por el mero hecho de disponer de equipos de radio o de televisión en locales, negocios y/o vehículos", además de sugerir que "se exima el pago de derechos de comunicación pública en todos aquellos acto y actividades que sean de carácter benéfico o gratuito, excluyendo dichos eventos del ámbito de la gestión colectiva obligatoria".


Finalmente, exigen que "la compensación equitativa por copia privada se establezca directamente sobre las obras que lo generan; de esta forma paga el que adquiere la obra que genera el derecho a la obra privada".

Campañas y esquelas

'El Canon mata la Cultura'. Con ese lema arranca una "campaña concienciación de los ciudadanos" en la cual la plataforma Todoscontraelcanon.es invita a las "víctimas del canon" (especificados como bares, tiendas, restaurantes, autobuses, salones de bodas, centros culturales, clubs deportivos, ayuntamientos o páginas web) a que coloquen en sus negocios y en su web carteles y pegatinas con formato de esquelas mortuorias en las que afirman que "la sociedad civil repudia el artero atentado" contra los ciudadanos, creadores, actos benéficos y establecimientos comerciales.


Pérez Subías declaró que el canon ejerce "un monopolio asombroso", en el que "se definen las tarifas de forma unilateral e indiscriminadamente, dependiendo de las necesidades de cada momento y lugar" y que "según los informes de la Comisión Nacional de Competencia, lo que se gana con el canon se reparte entre muy pocos". "Para hacer economía sostenible vamos empezar eliminando el canon", sentenció.


El presidente de la AUI recuerda también que el canon es una herencia de una filosofía de la Europa Occidental, creado "cuando los soportes sólo servían para una función, como grabar música o audio en casetes". "Pero la tecnología ha evolucionado y hay múltiples soportes. Por otro lado, Internet permite que la información esté y aporta un montón de contenidos que no son de nadie o son de gente que los dona libremente y eso no se tiene en cuenta", concluyó.


El Mundo

Entrevista a David Bravo en Buenafuente



jueves, 11 de febrero de 2010

¿”Se desinfla” la reivindicación de los internautas?


“el Ministerio de Cultura cree que los internautas se están desmovilizando y da por buena la actual redacción. Con ella -creen en Cultura- “se cumple la premisa ordenada por Zapatero. La del control judicial”…



Internet está en silencio, quizá, pero no por mucho tiempo. Que no se equivoque el Ministerio. Las movilizaciones continúan y se han configurado diferentes equipos de trabajo: jurídicos, tecnológicos, políticos, y de prensa. No va a haber cesión en las reivindicaciones. Hay una paz sostenida que tenía por objeto dar algo de oxígeno, aunque está visto que no ha sido bien comprendida. Es un error interpretar este gesto como un síntoma de aceptación: los derechos civiles no son negociables y produce asombro tener que repetirlo.


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