lunes, 31 de mayo de 2010

El Gobierno y el PSOE dejan sola y sin guión para su regulación de Internet a González-Sinde

Asume que no habrá Ley antes de otoño mientras Ferraz y la subcomisión de Cultura abogan por reformar la LPI y repensar el canon digital tras el aviso del TUE. La industria audiovisual marca distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras.-


31-05-2010 - Empieza a sospechar que tiene razón la SGAE con eso de que “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra de Cultura reconoce, por primera vez, que la Ley de Economía Sostenible no llegará a Pleno del Congreso antes de octubre, a lo peor nada hasta 2011. González-Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual bajo su Ministerio con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas de sospechosas de encajar en su perfil ‘pirata’. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de modificar el primer rumbo y de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete durante la presidencia española. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. Sinde sólo espera. Cuando la Ley vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.

A Ángeles González-Sinde no sólo la asusta la evidencia de que el Congreso de los Diputados haya prorrogado por cuarta vez -ahora, hasta el 1 de junio- el plazo para presentar enmiendas a la 'Ley Sinde’. El texto del proyecto de ley todavía no ha llegado a Comisión. Hasta en el Grupo Socialista se da por hecho que no saldrá del Congreso hasta finales de junio o incluso julio: una vez que se cierre el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, deberá debatirse en Pleno y después negociarse en Comisión. En Moncloa barajan ya la posibilidad de que el Senado no proceda a su tramitación hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones en septiembre, por lo que el proceso puede demorarse hasta finales de 2010, muy lejos de las promesas iniciales de Rodríguez Zapatero. El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. Si el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le advertía que “una regulación preventiva de Internet llevaría al fracaso” y no se puede “poner puertas al campo, al contrario, hay que diseñar la tabla de surf adecuada para navegar", el director general de Red.es, dependiente del Ministerio, Sebastián Muriel, exige “el equilibrio adecuado” en derechos de autor y apunta a un doble modelo de negocio que alterne el copyright con las licencias 'Creative Commons'. De hecho, a pesar de que fue la propia ministra Sinde la que sugería a los editores de libros electrónicos darle ya la espalda al ‘creative commons’, España es el primer mercado del mundo en este modelo de copyleft.

En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. No por el silencio que mantienen aún CiU, IU o Coalición Canaria, la oposición inicial de PNV, ERC y UPyD a la “ley antidescargas”, o la ‘suavidad’ a la que se ha trasladado el PP. Sino porque, por más que puedan obviar a las asociaciones de internet, los recelos de las empresas del sector, o los avisos de las patronales tecnológicas, ni en Presidencia ni en Ferraz quieren driblar sin más los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social -que pide una reforma integral de la LES y de la Ley de Propiedad Intelectual- y la Comisión Nacional de la Competencia. Aunque quisieron exponer su modelo mixto -denuncia de la Comisión de Propiedad Intelectual y cortes cautelares autorizados por la Audiencia Nacional- a las bendiciones de la comunidad jurídica, el informe del Consejo Fiscal llovió sobre mojado en las luces rojas que las cúpulas y las principales asociaciones de la magistratura y la abogacía han encendido ante Sinde y Caamaño.

RETRASOS Y REFORMAS

Lo recordaba esta semana en sede parlamentaria en el Día Mundial de la Red nada menos que la secretaria de Innovación y Nuevas Tecnologías del PSOE, María González: “la Ley Sinde es todavía un debate abierto y el Gobierno ha mostrado en este asunto su disposición a los cambios”. De la Comisión de Propiedad Intelectual -de la que habían empezado ya a barajar apellidos en Industria y Cultura- no quieren ni hablar: la ley deja pendiente de desarrollar el reglamento que especificará el procedimiento. Y en la mesa de Caamaño aún barajan el perfil de una Comisión al que el propio ministro no dudaba, en su presentación en sociedad, en calificar como ‘policía’ de internet. Sinde no sabe, no contesta, no tiene ni una pista de quién formará la llamada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura encargada de supervisar las páginas web susceptibles de bloqueo, que existe desde 1987 pero ahora se redimensiona, desdoblándose en dos secciones. La Coalición de Creadores ha pedido que la Comisión que decidirá sobre el cierre de páginas webs no tenga representantes de las entidades de gestión a las que representa, pero si "expertos independientes".

La Ley de Propiedad Intelectual puede tener los días contados. Por primera vez la titular de Cultura lo reconoce formalmente. Cosas de la ‘edad’, para Sinde, que lo achaca a dos décadas de antigüedad de su regulación original y nueve años de vida de la directiva comunitaria que la regula. Pero por más que prevenga que su reforma no se acometerá “mañana por la mañana”, ni son sus años el origen de la reforma, ni podrá seguir en el limbo parlamentario del que Ángeles González-Sinde no quiere retirarla. Ya desde antes de que la LES pasara el visto bueno del Consejo de Ministros, la subcomisión de Propiedad Intelectual -con los votos socialistas al frente- la incluyó entre sus exigencias urgentes. Mientras Sinde se negaba a reformar la LES y la LPI -de espaldas a los avisos del CSE y la CNC- la Subcomisión del Congreso le viene advirtiendo de que dará en los muros de la legalidad de la UE si no reforma el canon digital y las sociedades de gestión de derechos y bautiza una nueva Ley de Propiedad Intelectual. España no quiere ser la vanguardia del pirateo, pero tampoco de la represión.

Esa fue la conclusión del de la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso, con el que llama a corregir la imposición al usuario del canon digital y recuerda que la facultad de los ciudadanos de realizar copias privadas no puede suponer el perjuicio de los creadores, ni la penalización por inercia del usuario, que hay que volver a legislar y que el gravamen digital es una forma de represión legal contra el ciudadano. Nada que no hubiera advertido el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” con su exigencia de revisar "tarifas inequitativas y discriminatorias", y el monopolio de la gestión de los derechos de autor. En la Plaza del Rey, bajo la mesa, saben que no tienen ya más remedio que barajar las recomendaciones avaladas por PSOE, PP, CiU, PNV y ERC en el documento oficial de la Subcomisión.

Tras haber estudiado informes de un centenar entidades, no sólo insta al Gobierno a que “realice políticas activas para pacificar los conflictos, a fomentar el diálogo entre los diferentes sectores y a realizar los cambios necesarios para restablecer el consenso social en torno a los derechos de autor”. Le exige que en esta legislatura se presente una revisión sistemática y coherente de la actual Ley de Propiedad Intelectual, o la elaboración de una nueva Ley. Y mira a la regulación comunitaria para recordarles a Sinde y Caamaño que se ha olvidado de la Conservación Digital, las Obras Huérfanas y las Ediciones Agotadas, que sigue de espaldas a la valoración del daño que la copia privada produce en el sector cultural y, en el marco de la Directiva comunitaria que establece su compensación y, sobre todo, que Moncloa debe implementar los mecanismos de control y las medidas de transparencia que recomienda el Parlamento Europeo sobre la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (publicación de tarifas y repertorios, claves de reparto y balances de ejercicio) y superar el alto grado de concentración de las entidades como la SGAE.

DESENCUENTROS EUROPEOS

Y es que, casi dos años después de la introducción del canon digital en España, la Justicia europea le ha puesto fecha y motivos de caducidad al modelo ibérico. Al menos, a la parte que pagan las empresas y las administraciones públicas. En muchos países del mundo existe un canon por copia privada (una tasa que se aplica a diversos medios de grabación a favor, supuestamente, de autores, artistas y productores), pero e modelo vigente en España, desde el 2008, es de lo más duros ya que se aplica a más productos que en otros países (reproductores MP3 o teléfonos móviles por ejemplo). El informe jurídico redactado por la abogada general del Tribunal de la Unión Europea, Verica Trstenjak, señala que el canon no se ajusta a la legislación comunitaria porque su aplicación es “indiscriminada” y sobrepasa la “compensación equitativa” a los autores, que la Unión Europea sí reconoce. Sinde se aferra al consuelo del tiempo muerto: las conclusiones de Trstenjak no son las definitivas del Tribunal de Luxemburgo, que todavía tiene que dictar sentencia, pero fuentes de la institución recordaban a Público que en un 80% de los casos los jueces acaban por confirmar los análisis de la abogacía general. Más aún: el informe jurídico de la abogacía general plantea que la aplicación del canon también podría ser incorrecta cuando grava a los consumidores: “sólo estará justificado” cuando los soportes se utilicen "presumiblemente" para realizar copias privadas de contenido protegido, algo que no tiene por qué ocurrir cuando el dueño de un soporte, como un CD, lo usa para compartir sus propios escritos o fotografías.
Las asociaciones de internautas y de los consumidores ya se han pronunciado respecto al dictamen y ofrecen nuevas soluciones, como una recaudación “exclusivamente” para productos originales de venta al público, fonogramas y videogramas. Y solicitan un procedimiento "sencillo, eficaz y rápido" para la resolución de reclamaciones de quienes no estén obligados por ley a pagar.

No sólo las empresas que venden soportes informáticos o las asociaciones de consumidores están en contra del canon. Administraciones públicas o universidades han elevado ya la voz contra el gravamen y una veintena de grandes ayuntamientos están dispuestos a rebelarse contra él. Los esfuerzos de Sinde por atribuir a "los fabricantes” la responsabilidad por “haber trasladado el problema a los consumidores, que son los que pagan el canon digital”, sólo ha dado en los muros de la batalla con la industria de dispositivos digitales y sus patronales y con la evidencia de su propia Ley del Canon Digital. Es el propio artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual el que desde 1996 (e incluso antes la norma anterior) establece la obligación del fabricante o importador y del resto de revendedores de repercutir el canon a lo largo de toda la cadena de distribución hasta llegar, finalmente, al consumidor. Los fabricantes actúan como "meros recaudadores de impuestos para la sociedad de autores", advierte la patronal Aetic.

Además, el Supervisor de Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, le ha advertido de manera formal a la presidencia española y a Barroso que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España pueden violar al menos dos directivas europeas: la 95/46, sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones. Y sugiere, en lugar de hacer responsables a las telecos y los proveedores de internet del contenido de sus redes (como sugiere el ACTA y estaba dispuesto a apadrinar Sebastián en la Carta de Granada), medidas “menos intrusivas”, como la monitorización ad hoc dirigida de cierto tráfico de Internet en lugar de la vigilancia global. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa. Más aún, llueve sobre mojado en las líneas rojas que la judicatura española, el CSE, el CGPJ y el Consejo Fiscal le marcaban desde enero a la ministra Sinde: la regulación española no puede colocar la propiedad intelectual sobre otros derechos fundamentales como la privacidad o la libertad de expresión.

SIN FECHA PARA LOS ‘VIAJES A NINGUNA PARTE’

Cuando lleguen la Disposición Final Segunda de la Les y la reforma de la LPI -o las dos- , si lo hacen, será con todas las luces de alarma ya encendidas. Las de su necesidad, se las ha encendido desde antes de que la LES viera la luz, la judicatura. Se lo recordaba la Asociación Francisco de Vitoria: el de la LES puede ser el viaje a ninguna parte. Ya los tribunales de justicia ordinarios son hoy los responsables de decidir el cierre de una página web que se lucran con la piratería. Dejarlo en manos de la Audiencia Nacional, “supone un retroceso y un ataque contra los derechos y libertades de los titulares de páginas”. Más aún si, como pretende, pero ahora se persigue a las que, sin cobrar por ello, enlazan a las primeras, aún a riesgo de “violar lo que empezaba a ser una máxima de jurisprudencia”: no cerrar una web “cuando no había ánimo de lucro.

La mayor parte de los casos que cuestionaban la legalidad de las páginas P2P han sido archivados en las diligencias previas, con el argumento de que estas páginas no incurren en delito ya que no contienen las películas sino enlaces que llevan a otras webs para descargar el contenido. Hasta ahora los jueces de lo mercantil han concluido mayoritariamente que los enlaces no infringen la propiedad intelectual. Además, la Industria de contenidos comienza a tener sobre la mesa el precio de las facturas que puede tener para ellos su avanzadilla para regular los contenidos de internet. Los abogador especialistas en propiedad intelectual le recuerdan a Sinde la facilidad para neutralizar el cierre cautelar de una web: bastaría con acudir a la Audiencia Nacional para pedir la suspensión de la medida cautelar. Y ya hay colectivos de internautas que han advertido a Cultura de que, en cuanto entre en vigot la LES, no sólo se plantearán a Google, con la intención de desafiar a la administración, sino que tras la primera decisión de la Comisión de Propiedad Intelectual presentarán una denuncia por un delito de prevaricación contra sus miembros.

Las luces rojas de la eficacia técnica de la ‘Ley Sinde’ se las encienden los técnicos: la legislación propuesta por el Gobierno no va a ser casi aplicable. La rapidez de los avances tecnológicos permitirá a las web irse a otros países o saltarse los bloqueos. Nuevos atajos de las webs de descargas descentralizadas, el éxito del streaming -que ha reemplazado al P2P y se ha hecho con dos tercios del consumo audiovisual de la red- , las empresas de VPN- que usa un 10% de los internautas-, las técnicas de identidad oculta, la movilidad de las webs y el retorno a los mismos niveles de las descargas en el mercado sueco les recuerdan que no será tan fácil la ‘caza de brujas'. Y que, a lo peor, queda reducida a poco más que una carrera de sombras.

Finalmente, las alarmas por la eficacia financiera se las dispara de nuevo el estudio económico de la Federación de Estudios de Economía Aplicada. Fedea advierte que las medidas ‘antipiratería’ de la Ley Sinde no sólo son “ineficaces para defender a los artistas” y le hacen “sólo el trabajo sucio a las discográficas”, y a 600 artistas que cobran de la SGAE, sino que se volverán contra sus creadores y acabarán por “frenar el desarrollo de internet” y entorpecer “la transformación del modelo productivo de la industria discográfica”. Según su informe, los ingresos producidos por la música son prácticamente los mismos en 2005 que en 2008 (en torno a los 450 millones). Lo que ha cambiado es la composición interna del negocio, no los beneficios. Para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) la industria musical no se destruye, sólo se transforma con la red de redes. Entre 2004 y 2008 el número de compositores y obras musicales se ha multiplicado por dos. Es cierto que las ventas de CDs han descendido notablemente, pero la comercialización mediante descargas en Internet y los ingresos por conciertos se han casi triplicado. La venta de música en el mercado digital se ha multiplicado por cinco en cuatro años al pasar de 5 millones a 36 millones de euros. Además, los ingresos por descargas han pasado en ese plazo de 1 a 11 millón, y los contenidos digitales por móviles se han disparado de 5 a 18,5 millones en cinco años.

Las ventas de música digital a nivel mundial ya suponen un 25% del total de los ingresos de la industria. Y su crecimiento repercute directamente en las ventas físicas, saneando la industria de las regiones donde impulsan y ofertan este tipo de servicios. En lo que respecta a Europa, la regla de más ventas digitales, menos pérdidas en ventas físicas y globales, se mantiene. Europa ha visto crecer su sector de música digital en un 29,7% respecto a 2008. El decrecimiento en ventas físicas ha sido del 8,9% y la industria a visto menguar su facturación desde 2008 en un 4,1%."Si el precio de la oferta online es suficientemente razonable, desaparecerán los incentivos para las descargas", apunta Boldrin, con el modelo a la vista de iTunes, como un ejemplo exitoso, donde cliente y empresa ganan. En su lista de recomendaciones para Sinde, crear un marco legal que permita desarrollar un mercado competitivo de distribución digital de la música, y limitar el copyright a dos o tres años. Además, los autores insisten en que "dedicarse a perseguir webs de música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a Internet por temas relacionados con el ocio, probablemente no sea la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial en el nuevo modelo".

LOS ARGUMENTOS ‘PIRATAS’ DE SINDE

No cree en los informes británicos que le recuerdan que el 44% de aquellos que utilizan “métodos piratas” estarían dispuestos a pagar una pequeña tasa mensual para seguir descargando archivos;la encuesta de CoreData, que concluye que si los precios fuesen inferiores, la mayoría de los usuarios accederían a pagar, o el estudio de Nico van Eijk: los usuarios que más usan P2P son los mejores clientes del sector de la música, películas y videojuegos. El 68% de los usuarios que descarga música también la compra, acude a conciertos y adquiere productos de merchandising. Pero González-Sinde rebaja el tono y defiende ahora que “el consumo ilegal de material audiovisual en España se debe a la falta de películas disponibles en el mercado". Sólo que lo ha hecho, además, por primera vez y como argumento de respuesta ante la nueva denuncia de la industria audiovisual norteamericana, la patronal del cine y la agencia de comercio del Gobierno Federal. Un informe de este mismo mes del Congreso de EE UU deja de nuevo a España como “país pirata” en la misma lista negra de sospechas que Canadá, México, China o Rusia y le atribuye la descarga de más de 1,2 millones de copias ilegales sólo en diciembre de 2009.

En palabras de la ministra, “los usuarios en España tienen una voracidad de poder consumir y en algunos casos no encuentran los productos que quieren y eso les lleva a acceder a otras fuentes no remuneradas para el visionado de películas”. Lo hace apenas dos semanas después de que la Ministra de Cultura denunciara durante una comparecencia en el Congreso para informar de la LES y la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que “un puñado de webs están poniendo en riesgo un negocio que aporta el 4% a la riqueza del país”. Si su viaje oficial a EE UU esta semana buscaba distender el enfrentamiento con el lobby cultural americano, superar la permanencia de España en el grupo de países ‘piratas’ bajo vigilancia en la Lista 301 y pasar la página a los recelos que el vicepresidente Joe Biden dejó durante su viaje a España, la ministra ha conseguido todo lo contrario. España es “uno de los peores infractores de derechos de propiedad intelectual”, replicaba al día siguiente de su encuentro el presidente de la Asociación Cinematográfica de EE UU. Ha reavivado las heridas de gigantes como Sony Entertainment, que se han llegado a plantear la viabilidad del mercado de los DVDs en España. Tanto como que Sinde tenga que incluir de nuevo en su discurso un guiño: “hay que evitar que las grandes distribuidoras no se arriesguen a invertir en España porque no es segura, como ocurre ahora con i-Tunes, que no permite la compra de películas desde el mercado español”.


Ana Zarzuela en Intelligence and Capital News Report

Si no hay comunicación, la actividad de enlazar webs no es delito

Xavier Gil Pecharromán, 24-5-2010, 17:36

Una nueva sentencia rechaza que pueda existir delito contra la propiedad intelectual sin comunicación aunque exista ánimo de lucro.


Con fecha de 17 de mayo de 2010, el Juzgado nº 3 de Mislata (Valencia) ha sobreseído por segunda vez el caso divxonline.info al considerar que se trata de una página dedicada a facilitar enlaces, pero no aloja archivos, ni realiza directamente descargas, limitándose su actividad a enlazar.


La titular del juzgado, la juez Perelló Faubell, considera que "únicamente se incurriría en responsabilidad cuando el prestador de los servicios conociera que la actividad o información a la que remite el hiperenlace es ilícita, y aún conociéndolo deberían concurrir los requisitos previstos en el artículo 17.1 de la Ley 34/02, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico, lo que sin duda no ocurre en el presente caso".

Por segunda vez

Fundamenta sus apreciaciones en las sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra de 20 de diciembre de 2007, de la Audiencia Provincial de Baleares de 22 de febrero de 2007 y el auto de 11 de septiembre de 2008 de la Audiencia Provincial de Madrid, entre otras. El pasado 9 de septiembre de 2009, este mismo juzgado ordenó el sobreseimiento de las actuaciones seguidas contra el administrador de la web divxonline.info al entender que su actividad carecía de ánimo de lucro.


Sin embargo, el administrador de la web no fue notificado, por lo que no se presentó en la Audiencia de Valencia para defender el archivo, por lo que en una sentencia se revocó el sobreseimiento al considerar que "no puede descartarse en instrucción el ánimo de lucro en el acusado, pues la exhibición del material tenía la finalidad de enriquecerse con las obras ajenas gracias a la publicidad".


La defensa alegó, nuevamente ante el juzgado de Mislata, que sólo se había revisado el ánimo de lucro, pero el artículo 270 del Código Penal exige la concurrencia de un elemento objetivo, que consiste en comunicar públicamente y sin autorización una obra intelectual, y un elemento subjetivo, que consiste en que esa actividad se realice con ánimo de lucro para considerar delito la actividad.


Por ello, el juzgado de Mislata se ha referido ahora exclusivamente a la inexistencia de comunicación y vuelve a sobreseer el caso.


El Economista

viernes, 28 de mayo de 2010

Biblioteca en peligro

Internet es una biblioteca universal. En la red, en la nube se encuentran los contenidos creados por las personas del siglo XXI. 48hrs Magazine, Dosdoce o the Participatory Museum son excelentes ejemplos de ello. En marzo participé como voluntaria en las 4as jornadas OS Repositorios, sobre el acceso abierto en la ciencia, los abusos de las licencias = pagos por "derechos de editor", y la importante labor de la biblioteca en facilitar el acceso al contenido científico gracias a los repositorios institucionales - he escrito algunos resúmenes en su blog. Y ahora en mayo he asistido a las jornadas de bibliotecarios del {B·D.


iPad, un nuevo aparato para leer libros
Redes sociales, lectura social, escritura social... las bibliotecas están llamadas a participar activamente en esta nueva sociedad, complementando los servicios que ya ofrece (acceso a libros, bibliografías, clubs de lecturas, acceso a Internet, etc) con nuevos servicios en nuevos espacios (recomendaciones en Twitter, reseñas en blogs, fotos en Flickr, videojuegos en bibliotecas, webs favoritas en Delicious, libros en Librarything o Shelfari, etc). Estos nuevos servicios generan nuevos retos para los bibliotecarios, generan más costes, más trabajo. Este es el mensaje que me ha quedado de las 12avas Jornades Catalanes d'Informació i Documentació.

Como no se puede estar en dos sitios a la vez, me perdí el diálogo abierto sobre propiedad intelectual. Felizmente, mis amigas bibliotecarias que sí asistieron a la actividad me explicaron que el abogado Carlos Sánchez Almeida sostuvo un diálogo ameno junto a Dídac Martínez. Me dijo que buscara el vídeo "No a la censura por copyright" Y aquí lo tengo.


Esta parodia me trajo a la memoria una recomendación de la biblioteca del Museo Marítimo, Radio encubierta, en donde el magnífico Kenneth Branagh interpreta al político de turno, cito:
Kenneth Branagh en la película Radio encubierta
"You see, that's the whole point of being the government. If you don't like something, you simply make up a new law that makes it illegal"... y recordé a la ministra Sinde y su ley de economía sostenible.

La censura es una práctica contra la que la biblioteca se ha tenido que enfrentar durante siglos, es una vieja conocida. Para las nuevas generaciones, que piensan que por vivir en una democracia se libran de ella, es un desengaño encontrarse con ella, incluso cuando ven un dibujo animado. ¿Se piensan que los jóvenes, que cada vez utilizan más la red como indican los estudios, no se darán cuenta de las chapuzas que hacen los editores, distribuidores, y compañía? El cierre de una web es igual a la incineración un libro.

Publicado originalmente en nodamikako.blogspot.com

jueves, 27 de mayo de 2010

El Congreso prorroga el plazo hasta el 1 de junio para presentar enmiendas a la 'ley Sinde'

El Congreso ha prorrogado el plazo para presentar enmiendas a la denominada 'Ley Sinde' contra las llamadas descargas ilegales en Internet, de forma que los partidos políticos podrán presentar las enmiendas hasta el día 1 de junio, según confirmó una portavoz del colectivo Red-SOStenible.


Para la plataforma Red-SOStenible, la ley "ataca" los derechos fundamentales en Internet "en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse". En un comunicado, recordaron además que "miles de ciudadanos" han pedido la retirada de la polémica disposición.


El colectivo pide a los partidos políticos que se opongan a la 'Ley Sinde', una ley "que no ampara los derechos mínimos", por entender que "no se puede concebir una ley que afecta intereses particulares y no generales donde el juez no pueda entrar en el fondo del asunto". En su opinión, "cerrar el acceso a un sitio web puede devastar la economía de un pequeño y mediano emprendedor".


Igualmente, consideran que no se deben mezclar asuntos del orden de "la competencia desleal con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro".


Por último, aseguran que "es inadmisible que se legisle en favor de un sector económico atrasado en su reconversión a expensas de los emprendedores que están ya implementando las oportunidad de la era digital".


Por ello, cree que el ministerio de Cultura, al frente del cual se encuentra Ángeles González-Sinde, "no está a la altura del alcance del problema".


"Ha invertido un tercio de sus recursos en Industrias Culturales y ahora necesita una Comisión nada imparcial para rentabilizar estos recursos, distorsionando el desarrollo normal de la economía cultural".


Para este colectivo, "el respeto y la comprensión de las opciones que ofrece Internet son la salida de la crisis".


La Ley de Economía Sostenible, que en su disposición final segunda incluye medidas contra la 'piratería' en la Red como el cierre de páginas webs, fue aprobada el 19 de marzo y enviada al parlamento para su tramitación.


El Mundo

miércoles, 19 de mayo de 2010

La Audiencia de Alicante también confirma la legalidad de las páginas de enlaces P2P

Nueva decisión judicial (PDF, 126 KB) que confirma la legalidad de los enlaces a sitios de intercambio de enlaces P2P. En esta ocasión, un auto de la Audiencia de Alicante confirma el sobreseimiento libre de la causa contra el sitio web Naiadadonkey.com.


Ya van siete resoluciones firmes en este sentido, mientras que aún no hay ninguna que sostenga que es delito.


En esta ocasión el auto confirma los fundamentos de derechos de los dos autos anteriores en los que se sobreseía la causa, y en los que destacaba que en España no es delito "crear páginas webs de enlaces a otros archivos, como han dictaminado numerosos fallos judiciales".


Otra de las razones esgrimidas para el sobreseimiento es evitar la criminalización de un instrumento. "Resulta complicado criminalizar a alguien que ha creado una herramienta tecnológica, pues ello crea una incertidumbre absoluta para todos aquellos que apuestan por la innovación", afirmaba el auto anterior.


En esta ocasión, el auto de la Audiencia de Alicante recuierda que el sitio no alberga obras sino que enlaza a ellas, por lo que no cumple los requisitos del delito contra la propiedad intelectual. Asimismo, tampoco existía en esta ocasión ánimo de lucro.


Termina así una odisea para Ignacio Cuesta, responsable de esta página, una de las cerradas durante la primera operación policial a gran escala contra los intercambio de archivos en la Red (bautizada como 'Descargas en la Red') que sucedió en 2006, con 15 detenciones y el bloqueo de 17 páginas web.


El anuncio de aquella operación fue criticada en su día por la manera en que se comunicó a la opinión pública. Los casos contra varias de las páginas entoces clausuradas terminaron también en sobreseimiento, como el de Indicedonkey o emule24horas.


El propio administrador de naiadadonkey.com explicó en su momento su caso particular, sobreseído en un principio por un error que luego fue subsanado, y las circunstancias que rodearon la comunicación de la denuncia, plagada de irregularidades.


Según recuerda el abogado especializado en Internet Javier de la Cueva, son ya siete las resoluciones firmes en las que se dice que enlazar no es delito, mientras que no hay ninguna en sentido contrario. Los casos que avalan que enlazar no es delito son Ajoderse, Todocaratulas, Sharemula, TVmix, Emule24h, Rojadirecta y Naiadadonkey.


El Mundo

lunes, 17 de mayo de 2010

La ‘Ley Sinde’ se retrasa y no será una realidad hasta 2011

06:00h | Beatriz Toribio


El proyecto de Ley de Economía Sostenible, en la que se enmarca la ‘ley antidescargas’, tenía que estar listo el próximo mes de junio, según anunció el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aunque está ya en el Congreso, aún no se ha iniciado su debate parlamentario y todo apunta a que no saldrá de las Cortes hasta finales de este año.


La que pretendía ser la medida estrella del Gobierno en la presente legislatura se retrasa y mucho. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunció por activa y por pasiva que la Ley de Economía Sostenible, con la que el Ejecutivo pretendía cambiar el modelo económico español, estaría lista para el mes de junio, algo que ya es imposible.

El texto del proyecto de ley –en el que se enmarca la polémica disposición adicional sobre el cierre de páginas web- está en el Congreso, pero todavía no ha llegado a Comisión. La semana pasada se ampliaba por tercera vez el plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas, algo que podría volver a repetirse mañana, según confirmaron fuentes parlamentarias.

Hasta en el Grupo Socialista se da por hecho que el texto de la futura norma no saldrá del Congreso hasta finales de junio o incluso julio. Y es que una vez que se cierre el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas, deberá debatirse en Pleno y después negociarse en Comisión. Fuentes parlamentarias temen que el Senado no procederá a su tramitación hasta que arranque el nuevo periodo de sesiones en septiembre.

Una vez en la Cámara Alta se repite el proceso: si los grupos enmiendan de nuevo el texto, el trámite puede llevar meses y en caso de introducirse modificaciones vuelve al Congreso, donde ya sería aprobada definitivamente. Por ello, las mismas fuentes aseguran que el trámite en las Cortes del proyecto de Ley de Economía Sostenible podría prolongarse hasta finales de 2010 y no descartan que se solape con el debate de los Presupuestos del año que viene.De hecho, hay quienes apuntan a que debido a la complejidad de la futura norma ésta podría incluso no estar lista del todo hasta 2011.

¿Qué postura adoptarán los grupos ante la 'ley antidescargas'?

Se espera que el proyecto de ley sufra serias modificaciones durante su trámite parlamentario, ya que en su conjunto no gusta a la mayoría de los grupos políticos. En cambio no está tan clara la postura que van a mantener las diferentes formaciones en todo lo que afecta a Internet. Cuando se dio a conocer la ley, casi todos los grupos mostraron un fuerte rechazo al cierre de páginas web por parte de una comisión que depende del Ministerio de Cultura.

Pero tras las modificaciones que realizó posteriormente el Gobierno, que se vio obligado a introducir la tutela judicial en el proceso ante la polémica que generó la ‘ley antidescargas’ dentro y fuera de la Red, algunos partidos suavizaron su rechazo. Es el caso del PP, que al principio lideró una oposición muy fuerte a esta norma y llegó a pedir la dimisión de la ministra Ángeles González-Sinde , pero después fue diluyendo sus críticas.

El principal partido de la oposición llegó a desmarcarse de un frente común que plantearon PNV, ERC y UPyD. Estos grupos se mostraron contrarios a que la ‘ley antidescargas’ se regulara fuera del marco de una nueva Ley de Propiedad Intelectual. Los populares sí siguen insistiendo, por ejemplo, en que se aclaren aspectos concretos de esta norma como la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá la potestad de denunciar una web que considere que atenta contra la legalidad aunque será el juez quien tendrá la decisión final.

Respecto al resto de grupos, como CiU, IU o Coalición Canaria, en un principio también mantuvieron reuniones con blogeros, periodistas y especialistas en Internet para mostrar su rechazo a la disposición final primera de esta ley. Pero su posición respecto a la tramitación sigue siendo una incógnita.

Lo que se da ya casi por hecho es que durante el trámite parlamentario el Gobierno se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto a la conocida como ‘Ley Sinde’, ya que a la polémica que ha suscitado en la Red se han unido los ‘avisos’ de algunos órganos consultivos como el Consejo Economico y Social o la Comisión Nacional de la Competencia.

martes, 11 de mayo de 2010

Nueva sentencia que avala la legalidad de las páginas de enlaces P2P

La labor de enlace no es "ni distribución, ni reproducción, ni comunicación pública", sino "la esencia misma de Internet". De hecho, es lo que hace Google. Así de contundente es la sentencia de un juzgado de Barcelona que absuelve el dueño de Indice-web.com, que había sido demandado por la SGAE por una posible violación de derechos de propoiedad intelectual.


Todo ello, mientras la Ley de Economía Sostenible, que prevé el cierre rápido de sitios de enlaces P2P, sigue en el Congreso esperando su tramitación parlamentaria.


Se trata de la segunda sentencia de este tipo, tras el caso del sitio web 'Elrincondejesus.com', cuya sentencia absolutoria consideraba no sólo que las páginas de enlaces son legales, sino que reafirmaba la legalidad de las propias redes de intercambio P2P en nuestro país.


'Esencia de Internet'


La sentencia da por acreditado que "no se almacenan ningún tipo de contenidos audiovisuales en el sitio web Indice-web.com", que "en las redes P2P las transmisiones se realizan entre usuarios de la Red y no interviene Indice-web.com en modo alguno", y que los servicios de dicho sitio web de enlaces "son gratuitos".


Pero el juez va más allá, y considera que esa labor de enlazar o "crear un índice que favorece y orienta a los usuarios para acceder a otros webs o a las redes de intercambio de archivos P2P (...) constituye la esencia misma de Internet".


"Es más, éste sería un caos si no hubiera páginas y/o buscadores (como Google) que facilitan hacer aquello que en este procedimiento pretende que se declare como acto vulnerador de derechos, esto es, enlazar a otras páginas o a las llamadas redes P2P", dice la sentencia, que desestima la demanda de la SGAE y se le imponen las costas judiciales.


El conocimiento medio de Internet del juez


Como nota anecdótica, en esta ocasión, el juez da más credibilidad a los informes periciales presentados por la defensa y a cargo del experto Juan Carlos García Cuartango frente a los aportados por la acusación, ratificados por un letrado.


El juez explica esta preferencia "no sólo por la titulación profesional de los firmantes (que sin ser un criterio absoluto, otorga una presunción de mejor y mayor conocimiento a un técnico de telecomunicaciones que a un jurista), sino también y sobre todo, por la mayor coherencia de sus conclusiones y observaciones, y, además, porque las mismas se ajustan más a los conocimientos generales que tiene cualquier usuario medio, como es quien suscribe, de Internet".


Ver sentencia íntegra


ElMundo.es

Una nueva sentencia rechaza criminalizar las páginas de enlaces

Página de Indice-Web.

Mientras el Gobierno envía al Parlamento una ley para cerrar las páginas de enlaces P2P, los jueces se empeñan en mantenerlas abiertas. Un juzgado de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria en el caso Indice-Web . Denunciada por la SGAE, el juez considera que poner un enlace no supone comunicación pública de la obra a la que enlaza.

En el segundo juicio de este tipo que se celebra en España, el Juzgado nº 6 de lo mercantil oyó a las partes el pasado 15 de abril y acaba de enviar su sentencia a los abogados. El juez ha decidido absolver a Indice-web y no estimar los argumentos de la SGAE. La entidad Gestora demandó a esta página por considerar que los enlaces que contiene (que llevan a archivos de particulares) estaban vulnerando su propiedad intelectual.


Pero el juez, como pasó en el reciente caso de El Rincón de Jesús , ha considerado que la mera acción de enlacer no vulnera derechos de autor alguno. Como explica el abogado de la defensa, Javier de la Cueva, "la sentencia deja claro que los enlaces no suponen comunicación pública". Este era el argumento esgrimida por la SGAE en su demanda.


Justo hace ahora un año, la jueza instructora del caso rechazó el cierre cautelar de la página como había pedido la SGAE con los mismos argumentos.


Con esta sentencia y la de El Rincón de Jesús, los jueces, al menos con la legislación actual, están diciendo que no se puede cerrar una página de enlaces. Aún hay unos 30 casos más abiertos y muchas de sus sentencias se van a conocer en los próximos meses, coincidiendo con el debate parlamentario de la Ley de Economía Sostenible que, precisamente, quiere sustraer a los jueces este tipo de casos y que sea una comisión administrativa la que decida si cierra una web o no.


Público

sábado, 8 de mayo de 2010

La Audiencia de Madrid confirma que enlazar a partidos en Internet no es delito

Rojadirecta.com ha ganado en los tribunales la guerra del fútbol en Internet, después de que la Audiencia Provincial de Madrid desestimara el recurso de Audiovisual Sport, que solicitaba su cierre por violación de la propiedad intelectual. Con esta ya van cuatro resoluciones judiciales de audiencias provinciales que dejan claro que enlazar en la Red no es delito.


En el auto de desestimación, el juez recuerda que "los responsables de la página no realizan actos de comunicación pública de obras protegidas por la LPI (Ley De Propiedad Intelectual) ya que no alojan en sus archivos los títulos descargados". es decir, la actividad de RojaDirecta.com es de "mera intermediación".


Además, dice el auto, el beneficio a través de la publicidad de este sitio web "no compensa las descargas", sino el "acceso genérico a la página". Por último, constata que "los gestores de la página (...) facilitan únicamente el visionado de programas de televisión emitidos en abierto".


Asimismo, el auto recuerda otro similar, de 2008 sobre Tvmix.com, en el que se descartaba que el que una página web facilitara enlaces para ver partidos de fútbol desde el extranjero fuera delito o incluso inducción al delito.


La razón es que "los programas usados son de libre uso, y su uso es abierto y universal, por lo que no se necesitan licencias de pago (...) y, en consecuencia, no se produce ninguna infracción", aunque reconoce que se producen quebrantos económicos a terceros.


La denuncia de Audiovisual Sport, sociedad controlada por la filial de Prisa Sogecable, data de 2007, cuando inició acciones judiciales contra Rojadirecta.com por un supuesto delito contra la propiedad intelectual.


Desde el portal se facilitan enlaces a restransmisiones en directo por la Red de eventos deportivos, entre ellos la Liga española de fútbol y Copa del Rey.


En julio del pasado año la causa fue archivada y sobreseída, auque Audiovisual Sports recurrió. Ahora, el caso se une a otros tres que insisten en la legalidad del hipervínculo o 'link' en la Red.


Uno de los casos más conocidos acerca de la legalidad de los enlaces en la Red es el llamado 'caso Sharemula', en el que también la Audiencia Provincial de Madrid confirmó su sobreseimiento con el argumento de que enlazar a redes P2P no constituye un delito.


Además, un caso similar lo constituye el del portal Tvmix.net, también denunciado en su momento por Audiovisual Sport, Digital + y la Liga de Fútbol Profesional (lo que provocó el cierre del sitio por parte de sus administradores), y sobreseído en mayo del pasado año mediante un auto del Juzgado de Instrucción n° 13 de Madrid.


Por último, la Audiencia de León confirmaba el archivo de la causa contra Emule24horas.


Es cierto que existen otros pronunciamientos judiciales que han seguido adelante, aunque sin un resultado definitivo de momento. Otros procesos han terminado en autos de conformidad, es decir, que el acusado se declara culpable y no se entra al fondo de la causa.


El Mundo


jueves, 6 de mayo de 2010

La teoría del botijo

Andrés Dionis: Mirad. Para mi hay una cosa que es clave en todo esto y que no se ha dicho todavía. Los artistas, los creadores, tienen que seguir teniendo el derecho inalienable a decidir como cojones se explotan sus obras. A ver señores. Yo creo algo y si quiero se lo hago escuchar solamente a mi hermana, a mi chati, o a a mi comunidad de vecinos, o me voy a una discográfica, les como el tarro y consigo que me lo publiquen o me hago amigo de Rodrigo, nos montamos una cosa independiente nosotros y lo hacemos por Internet y lo hago de pago o gratis. Lo hago como a mi me de la gana, que para eso me lo he inventado yo. Y esto es lo mismo que un tío que hace un botijo y luego decide si lo vende o lo rompe. Pero como eso es una cosa que se puede tocar nadie te va a discutir lo que haces con el botijo, sin embargo ese derecho inalienable de cualquier artista, de cualquier creador, a poder decidir como coño se explota su obra no existe. No existe en España porque hay un medio que es Internet, que es cojonudo, pero que lamentablemente se da a que no tengas control sobre tus propias obras, y eso tíos es una putada. Es inaceptable, y hay que arreglarlo. Todo esto genera adicionalmente un gran problema económico. A partir de la idea de un tío que creo algo se ha montado toda una industria desde hace 150 años o 120 espectacular, una industria gordísima, la industria de la cultura, del entretenimiento. Se basa en la creación de la gente. Todo esto ha creado un gran problema económico. Tenemos una vulneración de los derechos de unos tíos que crean cosas y tenemos un problema económico. ¿Qué hay que hacer? Pedirle al Gobierno que meta mano a esto.

Y todavía quiere una prensa más dócil

Sinde alienta un frente común de la prensa contra el 'todo gratis' en Internet

29 de abril. Reunión al más alto nivel. De un lado, Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura. De otro, los popes de la prensa española: Manuel Polanco, Antonio Fernández-Galiano y José Manuel Vargas. Los editores llevaban un mensaje claro: debe imponerse a Google una tasa sobre sus ingresos a repartir entre operadores de red y generadores de contenido. Según explican a El Confidencial fuentes conocedoras del encuentro, Sinde respondió que no puede haber reformas legislativas sin un clima de opinión favorable y reprochó a la prensa que no esté poniendo toda la carne en el asador en la defensa de la propiedad intelectual.

La ministra les recordó que en sus diarios se publican artículos favorables a las descargas en Internet o hasta se defiende la limitación en el plazo de los derechos de autor. En esta línea, les lanzó dos recomendaciones. La primera, la necesidad de que articulen un frente editorial común contra el ‘todo gratis’ en Internet. La segunda, que busquen amigos para apuntalar sus reivindicaciones, en clara referencia a las telecos. El propio presidente de Telefónica, César Alierta, ya aseguró a principios de febrero que Google, Microsoft o Yahoo “utilizan las redes sin pagar nada”, un modelo que “no va a poder seguir”.

La aristocracia de Prisa, Unedisa y Vocento no expuso a Sinde nada que no haya repetido hasta la saciedad Fernández-Galiano en su condición de presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). Es decir, que Google se aprovecha de las millonarias inversiones de los diarios en plantilla y contenidos para obtener pingües ingresos publicitarios. Incluso que factura desde el extranjero sin pagar impuestos en España. Y le apuntaron que la entrada de los nuevos tablets, que los editores esperan que impulsen el negocio de prensa digital, sería el momento ideal para acometer las reformas legislativas necesarias.

Para demostrar que no existe el clima de opinión adecuado para plantear medidas que vayan en contra de la gratuidad en Internet, la ministra recordó a los editores la contestación social que ya encontró para sacar adelante su propuesta de cerrar aquellas web que infrinjan los derechos de autor. En efecto, el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible, que inicialmente avalaba el bloqueo de páginas sin autorización judicial, tuvo que modificarse ante la fenomenal revuelta en la Red para introducir esas garantías. En todo caso, Sinde no descartó una futura reforma de la Ley de propiedad intelectual que dé acomodo a las demandas de AEDE y se comprometió a responder a la batería de iniciativas planteadas por los editores.

Sinde sustituye a De la Vega

La tasa Google fue uno de los argumentos que ya puso sobre la mesa Fernández-Galiano cuando visitó a María Teresa Fernández De la Vega el pasado 29 de diciembre. Acababa de llegar a la presidencia de los editores y acudió a la reunión con la vicepresidenta con el objetivo de reactivar el plan de ayudas al sector, paralizado tras un año largo de negociaciones. Cinco meses después, no hay ni rastro del plan en cuestión y varios directivos consultados por este diario en las últimas semanas lo dan por muerto. “No hay voluntad política. Sin más. Y con la que está cayendo…”, asegura uno de ellos. Todo pese a que la intención declarada del Ejecutivo era sacar adelante la iniciativa durante los meses de la Presidencia española de la UE. En este escenario, los dueños de la prensa parecen haber buscado brazos más amables.

De hecho, Polanco, Vargas y Galiano recordaron a Sinde que el Gobierno se ha olvidado de la prensa al tiempo que ha sido especialmente sensible con la problemática de las televisiones privadas. Una clara andanada contra De la Vega. La llamada angustiada de las cadenas –temerosas del impacto de la crisis en sus balances- fue atendida por la vicepresidenta, que comandó la eliminación de la publicidad en TVE y la eliminación de las restricciones para que las televisiones pudieran fusionarse. Todo un balón de oxígeno. Entre los editores hay una mezcla de enfado, envidia y autocrítica. “En el caso de las cadenas privadas todas querían lo mismo, pero con los editores…”, subraya un editor.

El Confidencial

miércoles, 5 de mayo de 2010

Si Rapidshare es inocente... ¿pueden ser culpables los que enlazan a Rapidshare?

Un tribunal de apelación de Dusseldorf ha revocado una sentencia contra el servicio de alojamiento de archivos RapidShare, según informa la propia compañía.


La compañía había sido demandada por Capelight Pictures y se le había prohibido alojar algunas películas que sus clientes habían subido a la popular página.


Según la decisión del tribunal, la compañía no es responsable de los contenidos que suben sus usuarios, ni puede examinar individualmente cada elemento que almacena.


Christian Schmid, fundador de RapidShare, afirma estar "muy contento" por este resultado. "El tribunal ha confirmado que RapidShare no es responsable de los contenidos subidos por sus usuarios. La sentencia demuestra que los intentos de denunciar como ilegal nuestro modelo de negocio no tendrán éxito a largo plazo".


Según su política de privacidad, nadie puede acceder a los archivos subidos sin conocer la direción completa de descarga del mismo, ni siquiera los trabajadores de la compañía. Además, tampoco hay ningún programa que "escanee los archivos en busca de determinados patrones".


Desde su creación en 2006, RapidShare se ha enfrentado a varias denuncias por motivos parecidos.


El Mundo

martes, 4 de mayo de 2010

La Coalición tiene un líder: el General Patton

Andrés Dionis: Lo que tu planteas, y perdóname, lo tengo muy claro. Despachos como el vuestro que trabajan mucho en temas de propiedad intelectual si se acaba la piratería se van a quedar sin negocio. A todos nos puede llegar la revolución industrial Javier. Lo que quiero que quede claro es que tu has hecho una exposición teóricamente desde tu punto de vista puramente técnica y lo más objetiva posible al ser técnica y lo que te digo yo es que tu posición está sesgada. Eso que quede claro. Es alucinante, es triste, y en fin, que queráis echar la culpa sobre la lentitud de la justicia a una cosa que nada tiene que ver con eso. Os lo voy a decir muy claramente. Ni las sentencias, ni el orden judicial civil, es capaz de comprender o aprehender todo el problema. El problema es mucho más gordo, estamos hablando de una vulneración diaria, constante y masiva de derechos de propiedad intelectual en Internet. Eso no es un problema legal, es un problema de otro tipo. Esto no es un problema jurídico, es un problema de orden público digital. Tenemos un medio donde diariamente se vulneran derechos de propiedad intelectual de forma constante y masiva. Coño. Eso es un problema acojonante y tiene que meterle mano alguien. ¿Quién mete mano a esas cosas? Los gobiernos, que son los que tienen que analizar los problemas y poner las soluciones. ¿La solución es dar medios a la justicia? Yo no lo creo. Sinceramente. Yo metería medios a la justicia de cualquier manera. Los que somos abogados sabemos que la justicia no tiene suficientes medios y eso nos jode nuestro trabajo, igual que el taxista se caga en la puta madre de los atascos. A nosotros nos pasa lo mismo, y en eso tu y yo somos compañeros y lo sabemos. Cuantos más medios tenga la justicia mejor. Ahora bien. De lo que estoy hablando es un problema de otro orden. Es distinto. A eso no tienen que dar respuesta la justicia, tienen que dar respuesta los políticos, tiene que dar respuesta el legislador, y lo está haciendo. ¿Están administrativizando un problema que es de parte? No. Eso es una mala lectura del problema. Es una lectura sesgada del problema. El problema no es de parte, es de la sociedad. Es de la sociedad, y por tanto se puede administrativizar, claro que sí. Otra cosa es que puedas decir que tenga sentido que sea un juez del juzgado central. Los detalles técnicos. Yo creo que no es que se pueda administrativizar, es que se debe. Es necesario. Igual que se administrativizado el tema de las multas. Hay muchas partes de nuestra vida en las que el Gobierno interviene y tiene que intervenir porque tiene que establecer a veces una serie de reglas. Es un problema muy gordo y hay que resolverlo y por eso hay un procedimiento administrativo, porque no es un procedimiento sancionador, para que fuera un procedimiento sancionador tendrían que estar tipificadas las sanciones. No lo es. Va a ser un procedimiento cuya voluntad es restablecer la legalidad.


Intervención completa del nuevo Patton

La industria musical en la encrucijada


En siete años las ventas de música han bajado un 66,6%. Parece que el formato físico está abocado a la extinción y las descargas de música digital ganan cada vez más terreno, pero, paradójicamente, la venta de vinilos subió el último año en un 200%. Nuevos actores como Spotify o Myspace han revolucionado por completo la forma en la que consumimos música, ¿son vías de negocio rentables?, ¿pueden vivir los artistas ofreciendo sus creaciones de forma gratuita? Mientras, el fenómeno de la piratería no para de crecer, aunque muchos ni siquiera aceptan esa denominación. Los gobiernos se plantean diversas formulas para resolver el problema. ¿Es la polémica “Ley Sinde” una solución adecuada?

El pasado 13 de abril celebramos en MENOS 25 una mesa redonda para abordar la actual disyuntiva que vive la industria musical. No es fácil tratar un tema tan controvertido como este y pudimos comprobar lo alejadas que están entre si las posiciones de los distintos grupos. Pese a entreverse dos bandos —cuya principal diferencia es la aceptación o no de la “Ley Sinde”— lo cierto es que la postura de cada asistente era única, por lo que el debate fue ameno, participativo y controvertido.


Tiempos de crisis


El primer tema que se abordó en la mesa fue la crisis de la industria musical. Parece claro que la bajada en ventas de música ha propiciado un crisis en la industria, pero ¿hasta dónde alcanza?, ¿afecta por igual a todos los actores del proceso? Andrés Dionis, de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, afirmó que estamos ante una crisis de distribución, provocada por la competencia desleal de las copias gratis de ti mismo. Mark Kitcatt, presidente de la Unión Fonográfica Independiente, apuntí que la crisis no se limita tan sólo a la distribución, sino también a la producción, aunque reconoció que Internet ha traído algo bueno, y es que ahora “hay menos problemas de acceso para las independientes, es más fácil que la gente escuche nuestro discos”. Miguel Pardo, cantante de Sex Museum, apuntó que la crisis es de las discográficas, no de los músicos, ya que ha subido el volumen de conciertos, porque la “libre circulación de contenidos por la red asegura más ocio”. Gerado Cartón, presidente de PIAS Spain, fue el más duro y afirmó que la crisis es triple: “musical, cultural y económica”. “ Lo cierto es que todos los años desde hace cinco”, dijo, “ tenemos que despedir a gente”. Roberto Cortillas, batería de Cohete y abogado de la Asociación de Interpretes y Ejecutantes, se mostró menos alarmista, asegurando que hay que aprovechar la crisis “para hacer una lectura tranquila y sosegada y ver lo que esta cambiando”. Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, y Javier Maestre, abogado especializado en propiedad intelectual, mostraron una postura parecida al afirmar que lo que está en crisis es el modelo de negocio basado en la copia. Domingo, además, se mostró muy crítico con el pago del canon digital: “Si tu me estás cobrando por compensar esa copia privada un canon arbitrario, indiscriminado e injusto no me vengas ahora con otro tipo de historias, porque eso está rompiendo cualquier tipo de debate”. Este fue quizás el momento más tenso de la mesa redonda. Cartón defendió a las discográficas afirmando que no ven “ni un duro del canon” y Dionis defendió a la SGAE y criticó a las industrias tecnológicas: “¿Por qué echáis la culpa del canon a las entidades de gestión que lo cobran y no a los fabricantes que podrían no repercutirlo, si han llegado a un acuerdo?”. La conversación se centró también en el derecho a la copia privada. Aunque toda la mesa reconoció la existencia de este derecho, su alcance estuvo en entredicho. Domingo se mostró rotundo acerca del intercambio de archivos: “Me niego a decir que el intercambio de archivos, sin ánimo de lucro, es piratería, me sorprende que cuando me copio toda la programación de Radio 3 nadie me llama pirata“


La polémica “Ley Sinde”


Cuando llegó el momento de abordar la “Ley Sinde” quedó claro que las posturas entre discográficas e internautas son difíciles de conciliar. Todos los integrantes de la mesa se mostraron a favor de la “Ley Sinde”, aunque con diferentes matices, excepto Gonzalo San Gil, Domingo y Maestre. Este último se mostró muy duro con la Ley: “Es difícil encontrar a alguien de un mínimo prestigio que defienda lo que un catedrático de derecho procesal de la Universidad Complutense, un auténtico clásico, Andrés de la Oliva (...) ha calificado como monstruo aberrante con camuflaje para ignorantes.” Dionis, le replicó, que cuando quisiera le presentaba a juristas favorables a esa norma y Maestre se mostró a favor de seguir aplicando la Ley de Propiedad Intelectual. En la recta final de la mesa redonda Dionis defendió que “los creadores, tienen que seguir teniendo el derecho inalienable a decidir como se explotan sus obras” y Maestre que “la normativa de propiedad intelectual se centra en la protección de un modelo de negocio basado en la venta de copias, que está en vías de extinción”.


Los protagonistas


Gerardo Cartón - Director de PIAS Spain


“O al final se ataca al usuario (...) o la industria va a seguir haciendo aguas ”


PIAS Spain es una de las distribuidoras de música independiente más importantes de España. La postura de Cartón, su director, es muy clara: “Este es un país donde puedes pillarte todo el ocio del mundo gratis y encima eres Robin Hood”. Gerardo es, además, muy crítico con la “Ley Sinde”. Cree que no servirá de nada y que la única manera de acabar con la piratería es atacar al usuario, porque si no las páginas se irán a otra parte y el problema continuará.


Rodrigo Cortillas - Batería de Cohete y abogado especializado en propiedad intelectual


“La cultura no debe ser gratuita porque no nace de los árboles”


Rodrigo Cortillas es batería del grupo de pop Cohete y abogado de la Asociacón de Interpretes y Ejecutantes. Su postura es más moderada. Cree que hay crisis, pero no está de acuerdo con el “alarmismo”. “Si bien es cierto que desde el sector musical no deberíamos demonizar los cambios”, afirma Cortillas, “tampoco creo que sea demasiado coherente que la parte de los internautas diga todo gratis”. Y pregunta, “¿Realmente creéis que no es mejor un modelo de tipo Spotify que un P2P?”


Andrés Dionis - Adjunto al presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos


“Competir con una copia gratis de ti mismo es muy complicado”


Andrés Dionis representa en la mesa a La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, una plataforma que reune a las principales sociedades de gestión de derechos de España, entre otras la SGAE. Dionis cree que la cirsis de la industria musical se debe a “una vulneración diaria, constante y masiva de derechos de propiedad intelectual en Internet” y afirma que es el Gobierno el que debe intervenir. Por ello defiende la “Ley Sinde”, aunque piensa que es sólo “un buen primer paso”.


Victor Domingo - Presidente de la Asociación de Internautas


“No es nada gratis total porque ya estamos pagando un ADSL”


Victor Domingo es muy crítico con el canon digital. “No me creo que seamos más piratas que nadie”, afirma, “porque estamos pagando un canon digital que no paga ningún país ni de Europa ni del mundo”. El presidente de la AI piensa que el problema de fondo de la industria musical es que su negocio basado en la copia “es obsoleto” y niega que el intercambio de archivos, sin ánimo de lucro, sea piratería. Carga además contra la SGAE a la que acusa de estar “torticerando el debate”.


Mark Kitcatt - Presidente de la Unión Fonográfica Independiente


“En Internet te puedes bajar lo que quieras sin pedirnos permiso a mi ni a él”


La UFI agrupa a las discográficas independientes de españa. Su presidente, Mark Kitcatt, es además dueño de Everlasting Records. Reconoce que la libre distribución de contenidos en Internet ha beneficiado en parte a las independientes porque “es más fácil que la gente escuche nuestros discos”, aunque cree necesario que los contenidos estén licenciados. La solución para Kitcatt pasa por “encontrar un servicio que legitime las prácticas con las que disfruta la gente”.


Javier Maestre - Abogado especializado en Internet y propiedad intelectual del Bufete Almeida


“Lo que está en crisis es el modelo de negocio basado en la copia”


Javier Maestre es socio del Bufete Almeida, un despacho de abogados especializado en nuevas tecnologías y propiedad intelectual. Su posición sobre la crisis de la industria es clara: “La normativa de propiedad intelectual se centra en la protección de un modelo de negocio basado en la venta de copias que está en vías de extinción”. Es además muy crítico con la “Ley Sinde” a la que califica, cogiendo prestadas las palabras de Andrés de la Oliva, como “monstruo aberrante”.


Miguel Pardo - Vocalista de Sex Museum


“Aunque tu hayas escrito tus canciones, la SGAE te viene a cobrar”


Miguel Pardo es cantante de Sex Museum, una de las bandas de rock independiente con más trayectoria de nuestra escena musical. Como músico cree que no se está notando la crisis porque ha habido una notable subida de la asistencia a conciertos, aunque piensa que “resulta más difícil que una discográfica apueste por un músico”. Es muy crítico además con la SGAE: “Vas a tocar y estás pagando tu, autor, miembro de la SGAE, a un tío que no hace nada”.


Gonzalo San Gil - Periodista y bloguero


“Los usuarios de P2P son los que compran más discos y más películas”


Gonzalo San Gil es periodista y tiene un blog donde trata temas relacionados con propiedad intelectual y sociedad de la información. San Gil piensa que la crisis de la industria “es absolutamente falsa”. Es muy duro con la “Ley Sinde” a la que califica de “fascismo absoluto”, “pues quería que entre unos cuantos, la comisión, pudieran manejar la distribución de cultura de un país”. Gonzalo cree además que “la industria cultural está pagando los abusos que ha cometido con los aficionados “.


Documentos


Transcripción completa de la mesa redonda

lunes, 3 de mayo de 2010

Reporteros Sin Fronteras alerta de los "peligros" de la 'Ley Sinde' para la libertad de expresión

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Reporteros sin Fronteras (RsF), María Dolores Masana, advirtió este lunes, con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que la "batalla por una información libre se va a jugar cada vez más en Internet" y pidió a la Unión Europea que "declare el principio de neutralidad de la Red".


Durante una rueda de prensa en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) la que se presentó el informe de RsF 'Depredadores de la libertad de prensa: porque sólo una persona libre los puede herir', la presidenta de RsF mostró su preocupación por la denominada 'Ley Sinde' y el 'paquete Telecom' aprobado por la Unión Europea en 2008 y "los peligros", que, a su juicio, conllevan ambas medidas para la libertad de expresión.


En este sentido, hizo un llamamiento a las autoridades europeas para que respeten la neutralidad de Internet, es decir, que ningún administración pública ni ninguna empresa privada de telecomunicaciones tengan capacidad para cerrar una página web por los contenidos que se publican en ella, y que sólo sea un juez el que pueda hacerlo, si es que se demuestra que transgrede la ley.


Para RsF, la libertad de expresión "se está cercando cada vez más" en Internet. Como muestra, Masana señaló que cerca de 120 ciberdisidentes cumplen prisión en el mundo por dar a conocer en Internet sus opiniones, de los cuales 59 son chinos, lo que a su juicio pone de manifiesto la censura que ejerce ese país en la Red.


En general, Masana denunció "un ascenso de agresiones" contra los periodistas en todo el mundo y se quejó de que "en el 98 por ciento los crímenes que se cometen quedan impunes". Concretamente, la presidenta de RsF llamó la antención sobre la situación de los periodistas locales que trabajan en países conflictivos, que son los que "más engrosan las listas de muertos". Así, señaló que de los 221 periodistas asesinados en Irak desde 2003, el 92 por ciento eran locales.


Respecto a los 40 nombres de líderes mundiales denunciados por RsF en su último informe como "predadores" de la libertad de prensa, Masana los calificó como "saqueadores" que "aprovechando la fuerza del poder" arrebatan de la "forma más ignominosa" los libertades indivuales y colectivas de los ciudadanos. "La brutalidad de los predadores que aparecen en esta lista no conoce límites", señaló.


Portaltic.es

"El Gobierno les está haciendo el trabajo sucio a las discográficas"

Para Michele Boldrin y Pablo Vázquez, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la normativa antidescargas del Ejecutivo frenará el desarrollo de Internet en España.


Las medidas antidescargas que promueve el Gobierno en la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible (LES) no son las adecuadas para acabar con la lacra de la piratería digital en España. Así lo afirman en el Informe sobre la industria de la música, realizado por la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el economista y catedrático de la Universidad Washington (Saint Louis), Michele Boldrin, y el profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director de Fedea, Pablo Vázquez.


Como explican ambos economistas en el documento, presentado el miércoles en Madrid, «la disposición final primera de la LES, por fuertes que sean las presiones del sector, no es una buena idea. No lo es porque no va a aportar nada al cambio de modelo de negocio y probablemente lo haga más difícil. Equivocada porque es una ineficaz manera de defender a los artistas e inútil porque es una forma antigua de luchar contra la piratería».


Según afirmó Boldrin, con esta disposición «el Gobierno le está haciendo el trabajo sucio a las discográficas y a las entidades de gestión. El Ejecutivo no debería entrar en estas guerras y las compañías discográficas deberían buscar soluciones adaptadas a los nuevos tiempos».


Además, los autores insisten en que "dedicarse a perseguir webs de música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a Internet por temas relacionados con el ocio, probablemente no sea la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial en el nuevo modelo".


Para Boldrin, la solución se basa en rebajar drásticamente la duración de los derechos de autor y dejar que el mercado y la tecnología fijen los precios. "No creo que los derechos de autor deban durar 90 años. De hecho, creo que en la música sólo deberían ser de dos o tres años, que es cuando el autor vende el mayor número de copias. Además, el Ejecutivo no debería pensar en ideas antiguas, sino en realizar cambios adaptados a los tiempos y aceptar las nuevas tecnologías".


El economista cree en el enriquecimiento del artista a través de los conciertos. «Los grupos deberían vender directamente sus canciones nuevas a los distribuidores digitales –iTunes, Amazon– y contar con los ingresos por derechos durante un máximo de tres años. Esto reduciría el precio de la obra y frenaría la piratería digital. Los grupos ganarían menos por disco vendido, pero tendrían una mayor difusión y podrían salir de gira con más frecuencia».


Uno de los últimos aspectos que apunta Boldrin es que los sellos discográficos no han sabido cambiar su estrategia económica a tiempo. «La música no tiene problemas. Las víctimas son las compañías de discos, que no han sabido aceptar las nuevas tecnologías y que quieren mantener su posición de monopolio».


Un código de circulación para Internet


Jorge Blasco, fundador y director de la empresa Diseño de Sistemas en Silicio (DS2), es el primer español que se ha colado entre los finalistas de los Premios al Inventor Europeo del Año, concedidos por la Oficina Europea de Patentes y la Comisión Europea, y que entregaron el miércoles en Madrid los Príncipes de Asturias.


Aunque no ha sido galardonado, el jurado ha reconocido su invento: un sistema de circuitos integrados que forman la base de equipos de comunicación de alta velocidad, como módems, que se enchufan directamente a una toma de corriente eléctrica. Blasco es uno de los afectados por la piratería digital, pero asegura que «no hay nada a prueba de piraterías, ni las inscripciones más seguras (que descifran los servicios secretos).


A nosotros, la competencia nos ha copiado». En su opinión, el problema de las descargas ilegales en Internet responde a que «es un fenómeno nuevo que no está suficientemente regulado, y hay que hacerlo como en su día se hizo con el tráfico. Una regulación excesiva no es buena, pero también es malo una regulación inexistente.


Es casi aberrante proponer cobrar a las peluquerías por poner la radio, pero copiar software de Microsoft y venderlo en China sin pagar nada es triplemente aberrante. En algún sitio está el punto medio». Insiste en que Internet debe de ser como el tráfico: "No tenemos que tener pilotos de combate de Internet pero tampoco conductores borrachos que vayan por la izquierda".


Conclusiones


Hay que crear un marco legal que permita el desarrollo de un mercado competitivo de distribución digital de música. Con precios razonables se acabarían las descargas ilegales.


La adopción de la tecnología digital generará actores y modelos distintos y mejorará la situación de los consumidores.


Los ingresos del sector no han bajado. Ha caído la venta de discos, pero ha crecido la música en vivo. Los derechos de autor benefician principalmente a los que tienen mucho poder en el mercado.

Expansión

domingo, 2 de mayo de 2010

En defensa de la libertad de expresión y del derecho de propiedad intelectual: no a la Ley Sinde

Acto libertad20 30 abril97

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