sábado, 25 de septiembre de 2010

Ecos de un atropello al que llamamos "Ley Sinde"



Si la oposición es incapaz de unirse contra la LES, que invade competencias en materia de propiedad intelectual y daña el núcleo de valores y derechos que mantiene la esencia de la libertad en los países democráticos y avanzados, es que estamos peor, mucho peor de lo que imaginamos.

La política ya es una pesada carga sobre los ciudadanos. Por eso arrastran al burro. Algún día el mero hecho de que un macroproyecto intervencionista incorpore, además, una ley como “la Sinde”, será motivo de movilización en su contra más allá de lo digital.

Ahora no, menos todavía entre los peculiares partidos bisagras del Estado español, dispuestos a negociar el marco competencial y algún que otro sillón más, pero no a plantarse en defensa de la libertad. Toma nota, ciudadano.

Por eso, también es justo, citar uno a uno a los grupos que quisieron echar atrás el esperpento y recordar, insistimos, a los que ayer (PNV y Coalición Canaria) han hecho posible que la Ley Sinde siga avanzando para un minuto después llamar para comentar, poco menos, que ellos han copiado y pegado el manifiesto en su enmienda. Vayanse a la… Comisión a defender de verdad la libertad digital, que hemos tomado nota de que han salvado la LES cuando podía morir.

Los que intentaron frenar el atropello merecen el elogio y la cita, si bien ningún grupo, ni partido, ni político con escaño a hecho un trabajo en la calle y los medios contra esta Ley después de la movilización del Manifiesto. Los más claros Unión Progreso y Democracia (UPyD) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que mostraron su rechazo total a la Ley Sinde y su estupefacción al verla incluida en un conjunto legislativo tan variopinto.

También el PP, CiU e IU-ICV (no ERC) por unas u otras razones, no precisamente la Ley Sinde, salvo en el caso de IU-ICV, defendieron, siendo derrotados, devolver el texto de forma íntegra. Todos coincidiero en una aspecto, la LES trata de abarcar demasiados sectores.

La política de lo concreto, de lo pequeño, es una corriente, también de dimensión legislativa, que abandera la micropolítica, más próxima al pacto con la sociedad civil. La LES es un canto a la teoría de la estructuración que no tiene en cuenta las nuevas corrientes de pensamiento y acción política parlamentaria o civil que reivindican la micro (especialidad y espacialidad). La LES es, salvando la larga distancia hasta la muralla china, como la construcción de una macropresa, en su afán de servir para todo y a todos. Valga el ejemplo, tomando distancia.

La ley Sinde no es de Sinde, es de José Enrique Serrano

Resuenan, como la máquina pesada que cruje la tierra en las tres gargantas del río Yangtsé, los ecos del estropicio de ayer. Oxigeno político para “la Sinde” y respuesta ciudadana en la red, también desde el periodismo digital. Aquí merece cita en primer lugar el artículo de Gustavo Bravo en El Confidencial, que recuerda algo esencial, que la Ley de Sinde no es de Sinde, es de un “tal” José Enrique:

Pero la ley no es suya. La inclusión de la norma en el anteproyecto de la Economía Sostenible (LES) fue de José Enrique Serrano, director de Gabinete del Presidente del Gobierno y ‘mano derecha’ de José Luis Rodríguez Zapatero. Da igual. Ella pone su nombre y da la cara, porque procede de lo más profundo de la industria audiovisual. Dicen luchar contra lo que llaman “la cultura del todo gratis”; pero mienten. Los españoles llevan casi cuatro años pagando un canon digital indiscriminado en cada aparato electrónico que compran para “solventar el daño económico de la piratería”, sin contar con que los internautas españoles sufren las tarifas más altas de Europa para poder navegar. De gratis nada. Está más que pagado.
No se puede legislar para salvar un negocio obsoleto, y no se pueden ignorar los derechos civiles. El problema no es Internet; está dentro de la propia industria, que se niega a evolucionar en un mercado global que no se detiene ante nada ni ante nadie. Hablar de “cultura del todo gratis” es una defensa en ataque, mientras lobbies y legisladores buscan la manera de asentar la cultura del “derecho al dinero” para unos y la del “derecho a saltarme el derecho” para otros.

Siempre que rascas un poco aparecen los amigos del Departamento de Estado (Washington, DC) en esto de dañar la red. No hay “conspiración” es algo tan evidente como la conexión de Sinde con intereses privados.

La dichosa ley en la macroley y su bautizo parlamentario de ayer le merece a Enrique Dans esta opinión:

El trámite parlamentario que estos días se inicia no es ni bueno, ni malo: es simplemente erróneo. Toda discusión que incluya la disposición final en cuestión no procede, está fuera de lugar, está viciada. La presencia de dicha disposición final debe ser enmendada. A lo mejor, en lugar de intentar crear “justicias a medida” y “comisiones de rompe y rasga” o de pretender que la economía sostenible consiste de alguna manera en el cierre de páginas web, deberíamos dedicarnos a repensar hasta qué punto el obsoleto concepto de propiedad intelectual resulta sostenible en la era digital.

En el mismo peródico económico que podemos leer este recomendable artículo de Enrique Dans, se hace crónica del suceso de ayer, esto es lo que pueden leer los lectores de Expasión:

Lejos de los objetivos de las normativas francesa y británica, que se centran en los usuarios infractores que realizan descargas ilegales y que se apoyan en el sistema de los tres avisos –los internautas tienen tres oportunidades de cambiar su actitud antes de quedarse sin acceso a Internet–, la propuesta española va directamente al origen del problema: las páginas de enlaces. Así, el contenido de la Ley Sinde apuesta por un sistema mixto en el que la CPI y la Audiencia Nacional deciden sobre el cierre de las webs infractoras.

En 20minutos.es titulan con precisión “La Ley Sinde sigue adelante sin encontrar casi oposición en su camino parlamentario”:

Se han presentado enmiendas y se han manifestado objeciones en contra de la Ley de Economía Sostenible, pero casi todas son muy vagas o proceden de los grupos parlamentarios más pequeños. Además, la mayoría ha pasado por alto o ha mostrado poca oposición al tema más espinoso de la Ley, la disposición conocida como Ley Sinde.
A diferencia de lo que ha sucedido en el plano político, multitud de grupos y medios se han alzado contra la ‘Ley Sinde’ desde el mismo momento en que fue planteada, ya que su entrada en vigor podría conllevar la vulneración de derechos fundamentales de los internautas además de un gran freno para la Red y la Sociedad de la Información.
Periodistas, medios (entre los que se encuentra 20minutos.es) y figuras relevantes de la blogosfera fueron los primeros en reaccionar. No tardaron en elaborar un manifiesto en contra del proyecto de ley. Bajo el título ‘En defensa de los derechos en Internet’ se inició un gran movimiento en Internet que se propagó a gran velocidad por páginas web y bitácoras.

Se percibe una diferencia editorial en la crónica de 20 Minutos y Expansión, habrá apreciado el fino lector. El Norte de Castilla hace honor en titulares a los dos partidos que salvaron el honor.

El PP también se lleva merecidos titulares contra el Canon Digital pero hay un profundo malestar entre destacados promotores del Manifiesto por lo que se considera más que una posición posibilista de mejora de la Ley una legitimación de la Disposición Adicional conocida por Ley Sinde.

En breve Nación Red publicará un profundo y detallado análisis jurídico y político de las enmiendas populares y su impacto o calado con respecto a la Disposición propuesta por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y Ángeles González Sinde, no lo olvidemos la ministra peor valorada por los ciudadanos según el CIS.

Los ecos del atropello Sinde llegan a México donde aparece citada con Hadopi y otros entes liberticidas que son consecuencia de ACTA y de los que que ven a Internet como un enemigo:

... al cual deben “destruir” para perpetuar su caduco modelo de negocios, presionando a los gobiernos a criminalizar actividades que son legítimas, a pisotear los derechos y libertades de los ciudadanos digitales, acabando con la democracia que existe en Internet…

Desde microsiervos, pesimismo razonado:

De muy poco han servido las protestas contra la llamada Ley Sinde, que camuflada dentro de la Ley de Economía Sostenible busca sustraer al poder judicial la potestad de cerrar sitios web y dejarla en manos de una comisión cuyos miembros están todavía por especificar.
parece que por ahora la posición de gobierno, que permanece enrocado en su postura en esta cuestión, tiene todas las de ganar y que más bien pronto temprano que tarde veremos como se cierran las primeras webs amparándose en esta nefasta ley.

La censura llega a nuestro Internet y algo habrá que hacer. Te lo sugiere Silvia:

Así las cosas, la Ley Sinde vuelve a cernirse sobre nosotros. Tal vez salga adelante por completo, sin cambiar una coma, tal vez les importe bien poco el revuelo y el estruendo que sacude la Red sobre el tema, pero no por ello hemos de encogernos de hombros y mirar hacia otro lado. Ahora es el momento de volver a menear las noticias, de volver a explicar lo que mil veces hemos explicado, de recordar los propósitos que en su día nos alumbraron. Después de todo, quizás falte muy poco para que dejemos de poder hacerlo. La sombra de la Sinde es alargada.


Nación red

jueves, 23 de septiembre de 2010

La 'Ley Antidescargas' supera intacta su primer trámite parlamentario

El proyecto de Ley de Economía Sostenible (texto, PDF), que incluye la polémica Disposición Final Segunda en contra de las descargas digitales -la parte conocida como 'Ley Sinde'-, ha superado las cinco enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso con los votos de PSOE, PNV y CC (176) en contra de la devolución del texto y 169 a favor, sin ninguna abstención.

El texto pasará a continuación a la Comisión Parlamentaria corerespondiente, la de Economía y Hacienda, en la que se debatirán las enmiendas parciales, "muy numerosas" según fuentes del Congreso, al tratarse de un proyecto complejo.

En este sentido, el Partido Popular ha presentado varias enmiendas de modificación la mencionada Disposición, que trata sobre el cierre de sitios web que infrinjan derechos de propiedad intelectual.

La principal propuesta popular es establecer que el procedimiento de cierre de sitios web se realice en un plazo de nueve días y siempre bajo tutela judicial, en virtud de la modificación del nuevo artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de abril, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que quedaría como sigue:

"El Juzgado, en el plazo improrrogable de cuatro días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante, a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá mediante auto en el plazo improrrogable de 5 días".

Además, propone añadir una Disposición Adicional Nueva, que obligue al Gobierno a presentar una nueva Ley de Propiedad Intelectual en la que quede eliminado el canon digital, en línea con las conclusiones de la Subcomisión de la Propiedad Intelectual.

Cierre de sitios web

El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el pasado 19 de marzo, y a pesar de los esfuerzos por acelerar su tramitación, debido a la complejidad del texto, se han producido hasta 12 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.

El texto aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan sólo cuatro días.

Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.

Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.

Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.

¿Derecho fundamental?

Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal. En este sentido, el pasado mes de diciembre un movimiento de ciudadanos y blogueros suscribieron el llamado 'Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet', que denunciaba esta situación.

Grupos de activistas intentan caldear el ambiente mediante comunicados y protestas. Desde el colectivo Red SOStenible aseguran en una nota que "la 'Ley Sinde' ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse".

"La Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual", recuerda este colectivo, y afirma que "no se deben mezclar asuntos del orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro".


Fuente original ElMundo.es

Ley Sinde: Por una enmienda a la mediocridad

Carlos Sánchez Almeida, Jaque Perpetuo


La lectura de las enmiendas a la totalidad presentadas por los distintos grupos parlamentarios a la Ley de Economía Sostenible provoca un sentimiento de absoluta desolación. Y ello por cuanto las únicas críticas fundamentadas al proyecto gubernamental de establecer un procedimiento judicial privilegiado en favor de los titulares de derechos de propiedad intelectual, vienen de dos partidos con exigua representación parlamentaria: Unión Progreso y Democracia y el Bloque Nacionalista Gallego. En total, 3 diputados, lo que no llega ni a la centésima parte del Parlamento.


El Partido Popular, teórica alternativa de Gobierno, ha presentado una enmienda a la totalidad en la que se limita a indicar que la propuesta del Gobierno es insuficiente para proteger la Propiedad Intelectual, al no abordarse una reforma integral de su legislación específica. Pero el PP, a diferencia de lo que sí hacen UPD y BNG, no cuestiona de forma directa el cierre administrativo de webs que propugna el proyecto gubernamental.


Poco se puede esperar, en consecuencia, del debate de las enmiendas a la totalidad. La Ley Sinde ha sido camuflada expresamente dentro de un ladrillo, con la clara intención de que el posterior debate de las enmiendas parciales pase sin pena ni gloria. Pero es bueno saber la posición de unos y otros, y su grado de compromiso con los derechos y libertades fundamentales, para que así los ciudadanos digitales podamos decidir en conciencia nuestro voto para las próximas citas electorales.


El modelo productivo post-industrial está por inventar, y no vendrá de la mano de una generación de políticos que ha perdido el tren de la historia: Internet es la gran ausente, tanto del proyecto de ley como de las enmiendas a la totalidad. No saben qué hacer con ella: no tienen ni idea de la inmensa riqueza que puede generar, de la inmensa cantidad de puestos de trabajo que podrían crearse si se apostase por una descentralización absoluta del modelo productivo, una descentralización que sólo puede estar basada en la Red. Sólo saben que les da miedo, porque el triunfo de la Red conlleva la desaparición de su privilegiada posición de intermediarios entre los ciudadanos y el verdadero poder económico.


Las elecciones más cercanas serán en Cataluña. Personalmente soy muy escéptico: hace muy pocos días he podido leer en la versión Kindle de este periódico que más de 5.000 empresas representativas han cerrado en Cataluña: "La estela de Philips ha sido seguida por Samsung, Panasonic, Pirelli, Braun o Sony, con tensos capítulos como el de Seat o el que se cierne sobre Nissan. Cataluña suma 6.508 ERE en tres años, el triple que la comunidad madrileña y más del doble que la andaluza. Y, con casi 1.500 quiebras anuales, acapara uno de cada cuatro procesos concursales del país."


Ya me gustaría que los ciudadanos catalanes, en noviembre, hiciesen un ejercicio colectivo de lucidez como el que un día fabuló Saramago, y llenasen las urnas de papeletas en blanco. Que los partidos que se han ido turnando en el poder en los últimos treinta años perdiesen de una vez todo crédito político, y se apostase por nuevas ideas, nuevas personas y nuevos proyectos. Pero todo está aún por construir: mientras los ciudadanos no asumamos que la política del siglo XXI exige un compromiso personal, que los intermediarios son tan inútiles en el Parlamento como en la industria cultural, seguiremos siendo rehenes de la mediocridad que nos gobierna.


Tengo que pensarme muy bien a quién voto, si es que voto. Pero si finalmente lo hago, y no lo hago en blanco, sólo tengo clara una cosa: será a un partido que aún no haya chupado del bote.


El Mundo

miércoles, 22 de septiembre de 2010

La polémica 'Ley Sinde', a punto de iniciar su camino en el Parlamento

El proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), que contiene la polémica Disposición Final Segunda -inicialmente, Disposición adicional Primera- en contra de las descargas digitales (la parte conocida como 'Ley Sinde'), llega mañana al Pleno del Congreso tras nueve meses de tortuoso camino. ()


El Pleno celebrará el debate de totalidad del proyecto de ley, lo que marcará el inicio así del trámite parlamentario de esta iniciativa legislativa. El Gobierno confía en superar esta votación con el respaldo del PNV y Coalición Canaria. Por su parte, el PP, CiU, IU-ICV, UPyD y el Grupo Mixto han presentado enmiendas a la totalidad para devolver el texto a La Moncloa.


El PP, en su enmienda, considera que hubiera sido más adecuado tratar la protección de los derechos de autor en una nueva Ley de Propiedad Intelectual, e insiste en que el Gobiero ha "perdido el tiempo sin abordar una ley específica".


UPyD considera en la suya un "error" el cierre de páginas web, así como el traslado a la jurisdicción contencioso-administrativa de la protección de los derechos de autor. El Grupo Mixto afirma que "resulta cuestionable, incluso indescifrable, la relación que guarda una regulación en la que se priva a los usuarios de páginas web de sus derechos fundamentales con la economía sostenible", y aboga por "otros mecanismos que no pongan en entredicho el principio de proporcionalidad".


Ni CiU ni IU-ICV mencionan la Disposición entre sus razones en sus respectivas enmiendas.


Además, ese mismo día tendrá lugar el debate de totalidad del Proyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible (texto íntegro, PDF), por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional; 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que se tramitarán paralelamente.


Cierre de sitios web


El Gobierno aprobó el texto del proyecto de la LES el pasado 19 de marzo, y a pesar de los esfuerzos por acelerar su tramitación, debido a la complejidad del texto, se han producido hasta 12 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.


El texto aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura) y la Audiencia Nacional, que será la encargada de llevar a cabo un proceso judicial 'ultrarrápido' en la vía contencioso-administrativa, y mediante el cual se podrá decretar el cierre de páginas web en tan sólo cuatro días.


Dicha Comisión será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren que se están vulnerando sus derechos de autor.


Este órgano será el que estudie cada caso e inicie cada expediente administrativo correspondiente. Se encargará de advertir al propietario del sitio para que retire los contenidos que, según esta Comisión y basándose en la denuncia previa, vulneran derechos de propiedad intelectual.


Si el denunciado no hace caso, la Comisión acudirá a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que centralizará las denuncias en este ámbito. El juez tendrá, desde que reciba el expediente, un plazo de cuatro días para pronunciarse y ordenar o no el bloqueo de la página denunciada.


Una de las principales críticas a este proyecto normativo es la equiparación 'de facto' de los derechos de propiedad intelectual con el resto de derechos fundamentales, tal y como apuntó en su informe sobre la LES el Consejo Fiscal. En este sentido, el pasado mes de diciembre un movimiento de ciudadanos y blogueros suscribieron el llamado 'Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet', que denunciaba esta situación.


Protestas


Grupos de activistas intentan caldear el ambiente mediante comunicados y protestas. Desde el colectivo Red SOStenible aseguran en una nota que "la 'Ley Sinde' ataca los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse".


"La Disposición se ha introducido de espaldas al propio parlamento: ha sido creada mientras una SubComisión Parlamentaria estaba trabajando sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual", recuerda este colectivo, y afirma que "no se deben mezclar asuntos del orden de la competencia desleal, como puede ser lucrarse del trabajo de otro sin que esto repercuta sobre este último, con la libertad de enlazar, citar y compartir, que son la esencia misma de Internet, una herramienta crucial para el futuro".


El Mundo

viernes, 10 de septiembre de 2010

La Ley Sinde y el niño alemán

A Sinde se le rebelan hasta las asociaciones de derechos de autor

Ha perdido las riendas, los calendarios y el rumbo de su propia ‘Ley Sinde’. Y, con ellos, la confianza de la industria audiovisual y de las entidades de gestión de derechos de autor que tejieron, a cuatro manos con la ministra, un plan ‘antipirata’ llamado a propiciar el corte administrativo de 200 webs en 2010. Si hasta junio la ministra de Cultura aún aseguraba que “era cuestión de días” para la regulación de los contenidos online recogida en la disposición adicional segunda de la LES, González-Sinde ha acogido ya sólo con el silencio la undécima ampliación de la prórroga en la tramitación parlamentaria de la Ley de Economía Sostenible.


La ministra sigue teniendo prisa para que vea la luz la Ley Sinde. Al menos, la de sus discursos, pero ya no es asunto suyo. Ni urgente para Moncloa. Se lo ha dejado claro la undécima prórroga al plazo de presentación de enmiendas al proyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) desde que salió del Consejo de Ministros el 19 de marzo, que José Bono aprobaba en el Congreso de los Diputados el pasado 7 de septiembre. Pero ya asume que será muy difícil que entre en vigor durante el próximo año. Hoy, las promesas no resisten en la mesa de la Ministra de Cultura: no está clara la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual y González-Sinde no está en condiciones de blindar ni la Ley de Propiedad Intelectual (que Ferraz quiere cambiar) ni el canon digital que el Tribunal de la UE cuestiona. No hay Plan Nacional de Contenidos Audiovisuales. Por primera vez, las sociedades de gestión de derechos de autor y la industria audiovisual se le rebelan, quieren una regulación ad hoc si la LES tarda mucho más.


Le marcan las distancias: no habrá macroweb sin regulación, se pensarán dos veces las denuncias ante la Audiencia, los especialistas advierten que les pueden salir caras, a la luz de la oleada de sentencias a favor del P2P. Le ha puesto desde junio el ultimátum sobre la mesa el director del I Seminario Ortega y Gasset sobre la industria audiovisual, José María Otero: si se va a retrasar mucho más la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, exigen que esas medidas ‘anti-piratería’ se pasen a un "texto normativo independiente que se promulgue de manera urgente". Según sus calendarios y las conclusiones del estudio sobre la industria audiovisual, -“El cine en internet”-, la normativa debía haberse desarrollado ya hace tres años.


El ‘precio’ de sus retrasos se lo cuantifica de nuevo -aunque sea con un informe controvertido- la Coalición de Creadores: Si la medida tarda tres meses más en aprobarse, se traducirá, al menos, en 2.560 millones de pérdidas, según la tendencia que apunta el Primer Observatorio de «piratería» encargado por la Coalición de Creadores, que establecía una tasa de contenidos «piratas» e España del 76 %. La Coalición -que en enero de este año había prometido comenzar a presentar las primeras denuncias a webs en septiembre- exige de nuevo a la ministra cortes directos a los usuarios si no se reduce en un 70% la ‘piratería’, con o sin LES. La SGAE busca suplir las grietas del canon digital con la puerta abierta a tasas sobre el adsl y las transacciones en la red.


Los aliados de González-Sinde han aprendido, contradicción a contradicción, a dejar en cuarentena las promesas de la cineasta, desde que fue desautorizada por Zapatero y el ministro Caamaño en su plan de cortes administrativos para las webs. Sinde tenía su guión y sus calendarios: el original pasaba por una Comisión de Propiedad Intelectual con ‘licencia’ para perseguir directamente a las páginas sospechosas. Ya se encargaron Bruselas y el ministro Caamaño de hacerlo pasar por la Audiencia Nacional. Con la pátina de la tutela judicial prometían la persecución ‘ejemplarizante’ de unas 200 webs. Esperaban apaciguar a Washington para la revisión de la Lista 301 y hacer del modelo ‘made in Spain’ un plan exportable al resto de los Veintisiete. Ahora, ni lo uno ni lo otro. Ni en Industria ni en Ferraz quieren sostener el mismo texto, ya cuestionado por el CES y varias organizaciones de la judicatura. Moncloa y el grupo socialista sopesan aprovechar el tiempo para la cirugía de la Ley de Propiedad Intelectual y un nuevo modelo de canon digital. González-Sinde sólo espera. Ya en silencio. Se ha quedado sola y, con cada desautorización desde Moncloa y Ferraz, se le acaban también los ‘soles’ de la SGAE, de la Coalición de Creadores, o las demás sociedades de gestión de derechos de autor, que la habían convertido en su ‘musa’ ‘antipirata’.


El tiempo corre en contra de los planes y los calendarios de la ministra. En el Grupo Socialista aún buscan la cuadratura del círculo pero se da ya casi por hecho que durante el trámite parlamentario se verá obligado a introducir algunas modificaciones respecto al texto de la ‘Ley Sinde’ aprobado en el Consejo de Ministros del 19 de marzo. Sinde sólo espera. Empieza a sospechar que tiene razón la propia SGAE con eso de que en España “es más fácil ponerle puertas al campo que regular internet”. La ministra ya sabe que cuando la LES y su disposición final segunda para regular los contenidos de internet vea la luz lo hará ante los recelos de la industria de contenidos -que no adelantará su web y ha enfriado el ‘idilio’ con la ministra-, ante los informes de Fedea -que advierten de que la regulación será ineficaz y hasta contraproducente para la industria- y las evidencias de un mercado en el que los usuarios del P2P son también los que más contenidos audiovisuales consumen.


Por eso el propio PSOE exige ahora al Gobierno un plan de impulso al sector de contenidos digitales “liderado desde el Gobierno, pero que cuente con la participación de empresas, creadores y otras instituciones, con la cooperación de diversos actores". Un programa que -en palabras de la portavoz socialista en materia de Sociedad de la Información, Lourdes Muñoz, podría impulsar un proceso similar al del Plan Avanza. Y, como él, podría dejar su ‘volante’ en manos del ministerio de Industria, lejos otra vez de Angeles González-Sinde. Su iniciativa suma y sigue con la del presidente de la Asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica, Asimelec, Martín Pérez, que pide un Plan Nacional para el desarrollo de la industria de contenidos digitales, liderado desde la Administración y que proteja eficazmente la creatividad y la propiedad intelectual.


Intelligence & Capital News Report


lunes, 6 de septiembre de 2010

El Congreso sigue sin tramitar la Ley de Economía Sostenible

La Mesa del Congreso de los Diputados volverá a ampliar mañana el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Economía Sostenible, con lo que la norma verá retrasado por undécima vez el arranque de su tramitación parlamentaria, tras el parón estival de más de dos meses, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.


El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, decidió a finales de junio que mañana, 7 de septiembre, sería la fecha límite para que los grupos registraran sus propuestas de modificación, si bien la mayoría de grupos, encabezados por el PSOE y el PP, han solicitado una semana más para prepararlas.


Con esta, ya son once las ocasiones en las que se ha prorrogado el plazo de enmiendas a la norma aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 19 de marzo, pero que no entró en el Congreso hasta el 9 de abril.


Esta ley, que incluye reformas estructurales en distintos ámbitos a corto, medio y largo plazo, fue anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el Debate sobre el estado de la Nación de 2009, e incluso provocó la celebración de un Consejo de Ministros monográfico en agosto del pasado año.


La intención inicial del PSOE era que la norma culminara su trámite en la Cámara Baja antes del pasado junio, para pasar a debatirse en el Senado en otoño, pero este calendario no ha podido cumplirse finalmente, con lo que la negociación de la norma podría coincidir con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011.


Tanto socialistas como 'populares' coinciden en recalcar la "enorme complejidad" del texto, ante la gran cantidad de sectores e intereses que implica --entre ellos los afectados por la polémica disposición acerca del control de las descargas de contenidos por Internet-- y que ha obligado a repartir la tarea de redacción de enmiendas entre varios grupos de trabajo.


EL PP ESPERA CAMBIOS TRAS LOS RECORTES.

Pese al paréntesis estival, todavía no está claro qué grupos de la oposición pedirán la devolución al Gobierno del texto, aunque, a priori, el PP y UPyD son las dos formaciones más proclives a esta posibilidad.


En cualquier caso, los 'populares' consideran que la "soledad" del Gobierno, constatada tras al falta de apoyo parlamentario a sus medidas de ajuste y a la reforma laboral, ha restado interés a un proyecto que se presentó como la medida 'estrella' para la salida de la crisis.


"¿Qué texto tenemos que estudiar ahora?", indicó a Europa Press un parlamentario 'popular', quien advirtió de la posibilidad de que el propio PSOE aproveche para "dar la vuelta" al proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de marzo en función de las nuevas exigencias de ajuste del déficit, que ya se han traducido en una rebaja del sueldo de funcionarios y congelación de las pensiones para 2011.


En cualquier caso, todos los grupos tienen la firme intención de "modificar a fondo" la norma que el Gobierno quiere tramitar con el "máximo consenso", según ha reiterado el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero.


Europa Press

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