martes, 21 de diciembre de 2010

Somos una nación

NAVEGANTE Rechazo de todos los partidos

El Congreso tumba la ley antidescargas en Internet


El Gobierno se ha quedado solo en la votación para enmendar la Ley de Economía Sostenible y la 'ley Sinde' no pasa el filtro: 18 votos frente a 20 en la comisión parlamentaria. Ahora se debatirá en el Senado.

domingo, 19 de diciembre de 2010

No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs.

AYÚDANOS A SEGUIR TEJIENDO


Discúlpanos si no es esta página lo que querías leer este domingo. Seguramente vienes de otra página de Internet donde esperabas encontrar algo muy distinto. Si así lo deseas, puedes dejar de leer ahora mismo, pero nos gustaría explicarte por qué hoy han cerrado algunas webs. Si el próximo martes 21 de diciembre algunos políticos deciden aprobar la Ley Sinde, la Internet en español que hemos conocido cambiará para siempre, y miles de páginas podrán ser cerradas desde el poder.


A lo largo del último año, en esta página se ha publicado mucha información sobre la Ley Sinde, un proyecto de censura de Internet escondido dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible. Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícaselo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet.


La Ley Sinde no nace de la voluntad del pueblo español, sino que es una imposición extranjera. La embajada de Estados Unidos ha presionado a nuestro gobierno para aprobarla, pisoteando nuestra soberanía nacional. Quieren una Internet sumisa y controlable, que sea útil para convencer a la población, como los restantes medios de comunicación controlados desde el poder. No quieren que la gente comparta información, no quieren que sepamos quién mueve realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una red esclava desde la que vendernos su visión del mundo.


Hubo una vez un hombre que creyó en la paz y en la libertad, y que murió asesinado. Se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi, y se enfrentó a un imperio con una primitiva herramienta: su rueca de hilar. Pronunció estas palabras: "Si trescientos millones de personas hilaran una vez por día, no porque un Hitler se lo ordenara, sino porque se inspiraran en el mismo ideal, tendríamos una unidad de propósitos suficiente para alcanzar la independencia."


Mucho más de trescientos millones de personas están tejiendo cada día esta inmensa red de intercambio de conocimiento que se llama Internet. Millones y millones de personas compartimos información a través de redes abiertas. Hemos creado una cultura y tenemos un objetivo común y universal. Todo eso puede cambiar a partir del próximo martes. La Ley Sinde es una tijera que permite cortar los hilos que mantienen viva Internet, una red que debe seguir siendo libre y neutral, como instrumento de progreso, paz y libertad.


Ayúdanos a seguir tejiendo. Sal a la calle, explícaselo a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Y discúlpanos por haberte estropeado este domingo, pero lo hacemos para que puedas disfrutar en libertad del resto de tus domingos. Muchas gracias.


jueves, 16 de diciembre de 2010

Sindegate










Una campaña de Hacktivistas.net

miércoles, 15 de diciembre de 2010

El Gobierno pretende aprobar la 'Ley Sinde' sin debate ni enmiendas

  • La Ley de Economía Sostenible se aprobaría en una única reunión de la Comisión de Economía celebrada el próximo martes 21 de diciembre.
  • El uso de la competencia legislativa plena suprime el paso de la Ley por el Senado.
  • Estados Unidos no quiere que la legislación se debilite con enmiendas.

A pesar de los muchos meses de protestas y discusiones en torno a la polémica 'Ley Sinde', parece ser que finalmente se aprobará el próximo martes por la vía rápida, sin debates ni enmiendas, "escondida" dentro de la Ley de Economía Sostenible.

Para ello, según fuentes parlamentarias consultadas por 20minutos.es, el Gobierno pretende recurrir a un procedimiento legal denominado "competencia legislativa plena", usado habitualmente para leyes poco importantes o de amplio consenso.

La fórmula permite a la Comisión, en este caso la de Economía y Hacienda, pasar un proyecto de ley directamente al Senado sin pasar por el Pleno del Congreso. Además, una vez que haya sido enmendada y votada en el Senado y haya vuelto al Congreso, éste puede ignorar las enmiendas y decidir en una unica votación que la ley se apruebe tal cual salió de la Comisión.

De este modo, la Ley de Economía Sostenible se aprobaría en una única reunión de la Comisión celebrada el próximo martes 21 de diciembre. Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero, portavoz y ministro de Interior, ya manifestó la intención de que la Ley de Economía Sostenible entre en vigor en febrero. Ahora, fuentes socialistas dicen que al Ejecutivo le gustaría que estuviese aprobada antes del 31 de diciembre.

Sin embargo, hay grupos que no están de acuerdo con este procedimiento y han pedido que se alarguen los trámites debido a la complejidad de una ley que, según ellos, debería debatirse más en profundidad. A pesar de las intenciones del PSOE, muchos partidos dudan de que finalmente se lleve a cabo esta aprobación express precisamente en un asunto al que se le ha dado una gran relevancia durante la presente legislatura.

Para poder realizar este trámite, se necesitan mas del 51% de los apoyos. Según la plataforma Red SOStenible, el PSOE, que ya ha pactado con PNV y CC, está a punto de conseguir el apoyo de CiU a cambio de un acuerdo sobre "un poquito de vigilancia a las entidades de gestión". La mismo grupo afirma que la urgencia del Gobierno procede en gran medida de las presiones estadounidenses.

Los cables filtrados por Wikileaks revelaron la implicación de EE UU en la creación de la 'Ley Sinde' y cómo "el Gobierno norteamericano no quiere que la ley sea debilitada por los emendamientos".

Ante estas quejas, fuentes socialistas confirman la intención de que la Ley de Economía Sostenible se apruebe cuanto antes y alegan que se está siguiendo el trámite parlamentario habitual. Aseguran que no existe ninguna doble intención y que la ley ya ha sido ampliamente debatida en las etapas legislativas precedentes. Además, el PSOE se ampara en que todas las enmiendas a la totalidad fueron rechazadas en el Congreso.


Fuente: 20 minutos

jueves, 9 de diciembre de 2010

Seamos justos con Sinde: el guión no era suyo














El sistema político nacido del catálogo de renuncias que supuso la Constitución de 1978 nunca le agradeció suficientemente a Pilar Miró los servicios prestados. Años antes de contribuir a la consolidación del prestigio de la monarquía en el imaginario colectivo -mediante efectistas retransmisiones de bodas de infantas- la directora de cine tuvo un papel estelar en el posicionamiento geoestratégico de nuestro país. Suya fue la escenografía que permitió a Felipe González conseguir la victoria en el trascendental referéndum sobre la permanencia de España en la estructura militar de la OTAN, y con ella, la subordinación definitiva de nuestro país al imperio norteamericano.


Veintitrés años después, de nuevo una guionista y directora de cine, Ángeles González-Sinde Reig, fue llamada a filas para cumplir con una misión trascendental: conseguir el control efectivo de la Internet española por parte de un estado satélite de Estados Unidos, la antigua nación soberana llamada España. Ella debía poner el rostro amable, el cartel cinematográfico, a una coproducción de propaganda que había sido diseñada lejos de nuestras fronteras, con el declarado objetivo de poner límites a la libertad de expresión en la Red. El gran error de los estrategas fue limitarse a utilizarla de carátula: hubiese sido mucho más inteligente dejarle escribir el guión. Si algo le sobra a Ángeles González-Sinde es talento literario.


Mutilar el ingenio creativo del director es un error común en las producciones norteamericanas, y la Ley Sinde no fue una excepción. Su estreno fue desastroso, y a ello contribuyó la filtración en Internet de copias de mala calidad, lo que obligó en reiteradas ocasiones a reescribir el montaje. La impostada sobreactuación de sus protagonistas -muy especialmente los histriónicos Tourné, Farré y Guisasola- acabó convirtiendo el film en la peor coproducción legislativa de la historia.


La Ley Sinde fue una imposición extranjera, una obra de encargo, y como consecuencia de ello, una producción mediocre. Pero el estiércol es fértil, y hasta la peor de las películas puede encerrar una feliz metáfora: si algo nos ha enseñado la Disposición Final Segunda del proyecto de Ley de Economía Sostenible es cómo se hacen las leyes en España. El prisma narrativo de la Ley Sinde puede extrapolarse a todas y cada una de las actuaciones legislativas de nuestro Gobierno, dirigidas a blindar a la oligarquía financiera que ha sumido al país en la peor crisis de su historia.


No he citado el referéndum de la OTAN en vano: la humillación del Gobierno Zapatero por el gigante norteamericano pasa en todo momento por encima de la voluntad popular, que un 12 de marzo de 1986 votó por la reducción de las bases militares norteamericanas en España, por la no incorporación a la estructura militar de la Alianza Atlántica, y por la prohibición de introducir armas nucleares en territorio español. La cáustica comicidad de la Ley Sinde no puede competir en los Goya frente al terror global en el que nos ha sumido este Gobierno.


No diré aquí determinadas cosas. Tanto este letrado como uno de sus clientes, elrincondejesus.com, aparecen en los cables de la embajada norteamericana en Madrid. Declino ahora contestar por alusiones: lo que tengo que decir al respecto, lo diré ante unos tribunales que me merecen mucha más confianza que los políticos que han de votar la Ley Sinde.


En próximos días volveré para hablar de WikiLeaks, muy especialmente sobre lo que todavía no se ha revelado acerca del papel estratégico de un determinado tipo de prensa. Pero hoy Surfer's Lawyer tenía que hacer justicia a una dama, cuya dignidad quedará completamente a salvo el día en que decida presentar la dimisión.


Carlos Sánchez Almeida, en el blog Jaque Perpetuo

Más mentiras y más gordas: la Ley Sinde era made in USA



La lectura de los documentos sobre propiedad intelectual y España revelados por El País es una de actividad francamente recomendable para un político de bien. Particularmente, si ha estado siguiendo minimamente los avatares que han rodeado al intento de cambio legislativo tendente al endurecimiento de todo aquello relacionado con las descargas a traves de Internet, una actividad desarrollada de manera habitual por millones de ciudadanos en todo el mundo y que en nuestro país, como bien podemos leer en esta Circular de la Fiscalía General del Estado, no son delito cuando no conllevan ánimo de lucro directo.


Si nuestro querido amigo político no ha ido siguiendo este tema, varios cientos de miles de ciudadanos sí lo hemos hecho. Lo hemos hecho con estupor, al ver cómo la música, contrariamente a lo que decían los agoreros, no solo no se moría, sino que parecía más viva y con mejor salud que nunca. Cómo los mayores taquillazos de la industria del cine se daban ahora, y no hace diez años cuando estas tecnologías no existían. Cómo aquellos que sabían adaptarse al nuevo entorno seguían ganando dinero, mientras únicamente determinados intermediarios y fósiles de la industria reclamaban histéricos que todo siguiera igual, a modo de demanda contra natura, de imposible parálisis del tiempo.


Lo hemos seguido además preocupados, al ver el cariz liberticida que estaba tomando el tema. Al ver como multiples fuerzas, incluidas aquellas que rara vez se alinean entre sí, iban cambiando sus opiniones como si fueran fichas de un dominó, para acabar dando origen a una ley absurda, peligrosa, a la consagración de una auténtica “justicia paralela” que amenazaba con retirar a los jueces la potestad para tomar decisiones sobre los casos relacionados con propiedad intelectual y entregársela a un siniestro organismo administrativo dependiente del propio Ministerio de Cultura, convertido además en “Ministerio de la Industria Cultural”. El porqué España tenía dos ministerios de Industria, uno para la industria en general y otro para la industria cultural, era algo que permanecía en el misterio. Por qué España, cuya cultura podría claramente beneficiarse de una gestión de la propiedad intelectual innovadora y avanzada, optaba por querer parecerse a una realidad como la norteamericana, completa y radicalmente diferente en sus circunstancias e intereses, era algo que no cabía en el sentido común. Si todos los jueces, uno detrás de otro, estaban de acuerdo, ¿por qué cambiar de jueces, si lo que decían éstos tenía todo el sentido?


Finalmente, el misterio se ha revelado: TODO ERA MENTIRA. MENTIRA y GORDA. En realidad, como se desprende claramente de las comunicaciones filtradas por WikiLeaks, todo era parte de un plan maestro en el que España y sus políticos eran meros peones al servicio de una industria, de una serie de empresas norteamericanas. Comprobar hasta qué punto esas industrias, a través de la Embajada, han estado manipulando y amenazando a nuestros políticos es sencillamente sobrecogedor. Ver frases que evidencian ataques a quienes opinan diferente, intentos por cambiar la interpretación que se hace de las leyes locales y pactos internacionales por ser contraria a sus intereses, presiones y amenazas hace que a cualquiera le entre complejo de república bananera. como la famosa Lista 301, cuya falsedad y uso torticero queda patente, es utilizada como arma para obtener cambios y torcer voluntades es algo que te hace pensar.


La famosa Ley Sinde era, en realidad, made in USA. Los misteriosos cambios de opinión que pudimos los que, aquellos días de diciembre y enero, tuvimos la oportunidad de reunirnos con diversas fuerzas políticas para explicar nuestra actitud coinciden perfectamente con las presiones ejercidas por la embajada norteamericana, con las fechas de los distintos documentos filtrados, a cada cual más vergonzoso. Es momento de plantearse la responsabilidad de los intermediarios de la industria norteamericana en España, de esos que han estado encargando y dirigiendo informes en los que se calumniaba la imagen de España, haciéndola parecer “el paraíso de las descargas” cuando, en realidad, lo que descarga un español no difiere de lo que descarga un inglés, un francés o un norteamericano. Mentiras destinadas a forzar una acción que les permitiese obtener una legislación más acorde con sus intereses, que les permitiese seguir exprimiendo un mercado inexistente, que murió cuando la red sustituyó al plástico. Mentiras gordas que, además, hemos podido comprobar que venían de una injerencia extranjera, de una presión desarrollada en la oscuridad, de las auténticas cloacas de la política. Todo está muy claro. Hemos sido burdamente manipulados. Y ya no tienen argumentos.


Se acerca el momento de votar la Ley de Economía Sostenible. Sobre ella, hagan lo que políticamente crean que deban hacer. Pero fuercen la retirada de ese “pegote”, de esa Disposición Final que nada pinta ahí y que llegó además de tan mala manera, de forma turbia, por manejos e intrigas palaciegas teledirigidas desde la embajada. Muchos miles de ciudadanos vamos a estar mirando, vigilando atentamente. Y no nos vamos a callar.


Enrique Dans

miércoles, 8 de diciembre de 2010

La Ley Sinde, una imposición extranjera



Lo sospechaba mucha gente y se publicó. Me tengo que ir hasta el 9 de diciembre del año pasado, cuando Ignacio Escolar escribió que EE UU presionaba a España a cuenta del peer to peer (P2P) y se menciona que España lleva dos años en la llamada Lista 301, una lista negra de los países donde más se atenta contra el copyright estadounidense. Las revelaciones de Wikileaks demuestran que la permanencia o no de nuestro país en esa lista fue una de las armas empleadas por la Administración estadounidense, con la embajada como intermediario de las gestiones, para lograr que en España prosperase un endurecimiento de la legislación contra las descargas, plasmado en la famosa "Ley Sinde" que se encuentra en el anexo de la Ley de Economía Sostenible (LES), en estos momentos en tramitación parlamentaria. En el transcurso de esas fructíferas presiones, El País así lo ilustra en un gráfico, mantuvieron reuniones secretas con miembros del Gobierno, así como con el presidente del PP. Se trató por ejemplo del vicepresidente de AOL Time Warner en 2005, o del presidente de la Motion Pictures Association en 2008. El actual embajador de EE UU se reunió con Mariano Rajoy en enero de este año ante el hecho de que el PP se manifestara públicamente del lado de los internautas. La entonces llamada Disposición Final Segunda, colada de rondón en la LES para luchar contra las descargas, motivó como sabemos una ola de protestas que se ve reflejada en el cable 238.241, de 4 de diciembre de 2009, donde se cita el "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet", pensado y escrito contra dicha Disposición, se comenta la reunión de un grupo de sus firmantes con la ministra de Cultura y se menciona de forma expresa al abogado Carlos Sánchez Almeida, que entre otras cosas mantiene un blog en El Mundo, y que se encargó de la defensa del sitio de enlaces "elrincondejesús", que es mencionado en otro de los cables de la embajada de EE UU. Su dueño fue absuelto por el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona de los cargos que le imputaba la SGAE.

La mención a Sánchez Almeida se refiere precisamente a uno de sus textos para El Mundo, aquel donde hablaba de la "siniestra Sección Segunda". Le citan como "el autoproclamado (sic) 'Abogado del Navegante', cuando en realidad ése no es otro que el nombre del blog donde se escribió la pieza. Sánchez Almeida no se ha autoproclamado nada. En este caso yo casi hablaría de ignorancia o de estupidez por parte de quien redactó el cable. En el texto vemos burradas como una traducción literal del nombre de la coalición Izquierda Unida como "United Left".

Veamos parte del contenido del cable 238.241:

"Internet users' associations have reacted with shrill denunciations. A manifesto harshly critical of the government's proposals that appeared on the Internet early on December 2 has reportedly garnered tens of thousands of adherents".

"The Minister of Culture met with a group of Internet experts in an effort to restore calm, and the Presidency put out a clarifying press release".

"Final Disposition 1 of the draft LES proposes to add "safeguarding intellectual property rights" to this list of interests that could justify interrupting service or removing offending material. (...) In support of these measures, LES would also amend the RLD 1 to expand the jurisdiction of an existing Intellectual Property Commission affiliated with the Ministry of Culture".

"The draft law would establish a "Second Section" of the Commission as the "competent organ" under LSSI Articles 8 and 11 (which requires service providers to cooperate with such entities)".

"The Manifesto argues that "copyright cannot be placed above citizens' fundamental rights such as privacy, security, the presumption of innocence, effective judicial protection, and freedom of expression." Its authors decry the empowerment of an administrative entity to do judges' work, and claim that bypassing the judicial system violates due process".

"Several attorneys specializing in telecommunications and Internet law published op-eds opposing the measures, arguing that websites should not be shut down without a judicial order. An opinion piece in daily El Mundo by self-proclaimed "Surfer's Lawyer" Carlos Sanchez Almeida, entitled "Closing Websites: The Sinister Second Section," denounces "the systematic contempt with which our political class treats the judicial power."



El texto, en definitiva, como el anteriormente publicado por El País donde se mencionaban las presiones para cerrar el 'caso Couso' (ver entrada anterior) y las investigaciones sobre Guantánamo y los vuelos secretos de la CIA sobre territorio español, pone de manifiesto una terrible evidencia: no sólo hubo gestiones y presiones de un estado extranjero, cometiendo una clara injerencia en el devenir de la política interna y la justicia de España, es decir, vulnerando la soberanía nacional de otro país, sino que además los gobernantes y fiscales españoles fueron receptivos a estas presiones, hasta el punto de pergeñar legislaciones ad hoc para satisfacer en la medida de lo posible las pretensiones estadounidenses. En el caso de delitos cometidos por nacionales de EEUU contra españoles (Couso, arresto ilegal de cinco españoles o residentes por supuestos delitos terroristas) o en territorio español (los arrestos y los vuelos secretos), una de las claves era la modificación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, lo que finalmente se hizo por parte del Gobierno, pero no para contentar a EE UU sino a Israel. En el caso de la propiedad intelectual, estas presiones derivan en el anexo a la LES.

Como bien ha comentado Sánchez Almeida a Público, "Se ha confirmado lo que veníamos denunciando el último año. Nuestras leyes vienen impuestas desde fuera (...)". Y, como denuncia, mientras se hacen estas revelaciones, el Gobierno, el principal partido de la oposición y las entidades de gestión tienen la boca oportunamente cerrada, no ya con esparadrapo, más bien con grapas. Estos entes "están defendiendo unos intereses, los de la industria del entretenimiento de EEUU, distintos a los que deberían defender, los de los ciudadanos españoles". Zapatero ha pasado de no levantarse al paso de la bandera de EE UU, o de retirar las tropas de Irak, a bailarle el agua a la industria del entretenimiento estadounidense, cuando lo que debería defender es a la cultura española. Sin duda esto es más propio de una república bananera que de una democracia consolidada y verdadera.


domingo, 5 de diciembre de 2010

"Nuestras leyes vienen impuestas desde fuera"


La revelación de las presiones de EEUU para que se legislara contra el P2P en España incendia la Red



Aunque ya se conocía la existencia de presiones de la industria cultural de EEUU por el P2P, la filtración de los cables diplomáticos en los que se amenazaba a España con incluirla en una "lista negra" si no legislaba contra las descargas ha logradoincendiar la Red española . De hecho, se llega ha establecer una hoja de ruta con las presiones a las que se debe someter al Gobierno con las medidas que debe tomar si no quiere seguir mal visto desde el otro lado del Atlántico, según publica El País.

A finales de 2008 se amenaza a España con incluirla en la lista 301 de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual, un documento del lobby de la industria cultural estadounidense que revisa el estado de la protección del copyright en cada país. En unos meses, se inicia la tramitación de la Ley de Economía Sostenible, que incluye un polémico apartado sobre las descargas en Internet , conocido como la 'Ley Sinde'. Un paso legislativo similar al francés, también del agrado de EEUU.


"Se ha confirmado lo que veníamos denunciando el último año. Nuestras leyes vienen impuestas desde fuera; se pone en cuestión nuestra misma democracia", afirma el abogado Carlos Sánchez Almeida, uno de los ciberactivistas más enérgicos en la denuncia de las presiones ahora confirmadas. Almedia habla de un "silencio estruendoso" por la ausencia de reacción por parte del Gobierno, la oposición y las entidades de gestión a las que se refieren estos cables y que según él "deben una explicación a los ciudadanos". "El que calla, otorga", zanja este ciberactivista al que también se menciona en los documentos filtrados.


Según Almeida, Gobierno y oposición están representando una "inmensa obra teatral" cuyo resultado es que "están defendiendo unos intereses, los de la industria del entretenimiento de EEUU, distintos a los que deberían defender, los de los ciudadanos españoles". Coincide con él Enrique Dans, profesor del IE Business School, quien lamenta que se esté "tratando de imponer un modelo de cultura beneficioso para las multinacionales de EEUU, pero no para España".


"Lo bueno de estos cables es que ahora podemos explicar más fácilmente tanto la postura del Ejecutivo como los bandazos que han dado la oposición con respecto a estos temas", asegura Dans. Este destacado bloguero, el más 'retuiteado' hoy a propósito de esta filtración, se queja de la concepción "tan limitada" que los políticos españoles tienen "del papel que debe desempeñar este país, el de hacerle la ola a EEUU".


Público

viernes, 3 de diciembre de 2010

EE UU ejecutó un plan para conseguir una 'ley antidescargas'

La Embajada norteamericana en España diseñó una minuciosa estrategia en 2007 y colocó la propiedad intelectual como tema prioritario en su agenda


La Embajada de Estados Unidos en Madrid convirtió la lucha contra la piratería en Internet en una de las prioridades de su agenda en el periodo 2004-2010. Según se deduce de la lectura de más de 35 cables dedicados a la protección de los derechos de propiedad intelectual, las presiones empezaron a intensificarse a partir del año 2004, tras la llegada al Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y se vertebraron en torno a una lista negra, la Lista Especial 301 que elabora la oficina de Comercio estadounidense.

Ante la falta de resultados en esos primeros años, diseñaron en 2007 una minuciosa hoja de ruta que incluía encuentros con ministros, secretarios de Estado y mandos intermedios de los departamentos de Cultura e Industria. La estrategia incluía encuentros con las empresas que proveen el acceso a la red como Telefónica, colaboraciones con partes interesadas -SGAE, Federación para la protección de la propiedad intelectual (FAP), Asociación de Productores Musicales Promusicae- y visitas de altos cargos de la administración y la industria estadounidense: a España trajeron a Christopher Wilson, número 2 del comercio exterior; y a Dan Glickman, presidente de la todopoderosa Motion Pictures Association, el órgano que agrupa a las majors de Hollywood.

A pesar de que los cables reflejan la contrariedad de los agregados de la Embajada y de cada uno de los embajadores por los lentos progresos de la Administración española en la erradicación de la piratería, finalmente, el año pasado pudieron comprobar cómo se daba un paso en la dirección que consideran adecuada (aunque insuficiente; su referencia es el duro plan implementado por Nicolas Sarkozy en Francia). El 27 noviembre de 2009, la polémica ley antidescargas encontraba su vía englobada en la Ley de Economía Sostenible. Superado el primer trámite parlamentario, el pasado 23 de septiembre, la ley se enfrenta en estos días a enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda.

Reuniones con ministros y Rajoy

Los tres embajadores de la etapa 2004-2010 se entrevistaron con todos los ministros de Cultura de este periodo (Carmen Calvo, César Antonio Molina y Ángeles González Sinde); con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega; con el ministro de Industria, Miguel Sebastián; y con el líder de la oposición, Mariano Rajoy. En la agenda de todos estos encuentros la piratería tuvo su sitio de honor.

La lista negra fue el instrumento más claro de la presión. 25 de febrero de 2008. Han transcurrido cuatro años desde que la Embajada estadounidense en Madrid situara la piratería como prioridad en su agenda. No se producen resultados. El tema encalla una y otra vez. El plan estratégico de 2007 no ha dado frutos. El embajador Eduardo Aguirre, cansado ya de tanto mareo y palabrería, emite una nota elocuente. España no ha hecho los deberes: "Proponemos decir al nuevo Gobierno que España aparecerá en la lista negra si no hace tres cosas para octubre de 2008", reza el segundo punto del despacho número 142920. "La Embajada reconoce que la falta de progresos españoles en el último año podría justificar colocar a España en la lista negra".

La piratería, ya sea de zapatillas deportivas, CD y DVD de la manta o vía bajada de archivos de la red, venía siendo desde hace tiempo una preocupación para los intereses estadounidense en España. Pero es en marzo de 2004 cuando la Embajada decide que los derechos de propiedad intelectual se van a convertir en prioritarios. En cuanto sea nombrado el nuevo Gobierno. Así queda reflejado en el despacho 14530 del 3 de marzo de 2004.

España, mezcla de tercer y primer mundo

La sorprendente victoria del PSOE en las elecciones del 14 de marzo, tres días después del 11-M, abre a finales de ese mismo año nuevas expectativas en la delegación estadounidense en Madrid. "La fotografía de la piratería contra la propiedad intelectual en España es una mezcla de tercer mundo y primer mundo", se lee en el despacho número 27536. Pese a describir un panorama de país mantero y descargador, la Embajada propone en un cable dirigido al máximo responsable del comercio exterior de EE UU, el USTR (United States Trade Representative), que no incluya a España en la lista negra.

La prioridad que los estadounidenses otorgan a la cuestión se manifiesta en el nivel de los interlocutores elegidos. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega es uno de los primeros objetivos. Un agregado de la Embajada habla del tema con ella el 22 de febrero de 2005. El cable 27536, elaborado por el agregado al día siguiente de la conversación con De la Vega, se cierra así: "Dada la cantidad de estrellas de la industria del entretenimiento con una abierta preferencia por el Gobierno socialista (es significativo, por ejemplo, que Zapatero acudiera al equivalente español de los Oscar), es posible que este Gobierno sea especialmente sensible a hacer algo en este sector. Necesitaremos un año o así para ver si esta sensibilidad se traduce en resultados".

El 10 de noviembre de 2005, el embajador se entrevista con la ministra de Cultura, Carmen Calvo: en el cable 45583, el propio embajador concluye que en el Gobierno español hay buenas intenciones, pero no hay resultados.

La tónica se mantiene. La potente Motion Pictures Association, que agrupa a las majors de Hollywood, presiona desde EE UU. La industria local española también se queja de la permisividad con las descargas, sobre todo la musical. En 2007 se produce el punto de inflexión: el 28 de diciembre, la delegación estadounidense en Madrid emite un cable (135868) que contiene un minucioso plan. Asunto: estrategia para los derechos de propiedad intelectual en España. El despacho despliega un detallado plan a corto, medio y largo plazo plagado de citas con responsables políticos, con mandos intermedios de los ministerios de Cultura e Industria, encuentros con las operadoras de telecomunicaciones, visitas a España de expertos norteamericanos... y anticipa, ya, la medida que hay que tomar a medio plazo: colocar a España en la lista negra.

El plan es para el periodo 2007-2012 y culmina con la visita de un alto cargo del Comercio Exterior de EE UU a España. "Esta es la hoja de ruta de adónde queremos llegar y cómo", señala el cable. "Nuestra estrategia requiere una continua y constante atención de alto nivel de la Embajada a esta cuestión así como la ayuda ocasional de organismos de Washington en los próximos tres o cuatro años".

La presión aumenta

Cuatro meses más tarde, en abril de 2008, España ingresa en la Lista Especial 301. La presión se redobla a partir de ese momento. La entrada en la lista es el instrumento esgrimido en las reuniones con ministros y mandos intermedios: hay que conseguir que los españoles acaben de una vez con las descargas.

El 29 de julio de 2008, un cable refleja un estudio de la situación llevado a cabo por la Embajada. Detalla la manera de funcionar de siete sitios de descargas españoles. Conclusión: "Es fácil para los españoles obtener acceso a material pirateado en Internet". El informe se realiza con la ayuda, entre otras, de la Motion Picture Association, la Federación para la protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Sociedad General de Autores (SGAE) y la Asociación de Productores Musicales (Promusicae). Su colaboración, dice el cable 163969, permite identificar siete webs de descargas. El informe contiene una acotación tan solícita como surrealista: "Nota: La Embajada estudió estos sitios pero no subió ni bajó ningún material".

El instrumento de la presión, la lista negra, permite elevar algunos grados los mensajes. Al director general para Europa y Norteamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Luis Felipe Fernández de la Peña, se le deja clara la cosa (cable 169777): "El jefe adjunto de la misión [número 2 de la Embajada] planteó la aparición de España en la lista Especial 301, instando al Gobierno de España a tomar medidas enérgicas contra la piratería en Internet". Es 15 de octubre de 2008.

El 12 de noviembre desembarca en España el alto representante de Hollywood, el presidente de la Motion Pictures Association, Dan Glickman.

Ley antidescargas

Un año más tarde llega la polémica Ley antidescargas. El 27 de noviembre 2009, el Gobierno envía al Congreso la Ley de Economía Sostenible y cuela en el paquete, Disposición final segunda, la ley que desencadena la movilización de los colectivos de internautas del país. Manifiestos, manifestaciones, recogidas de firmas, protestas. Se desata la revuelta.

La creación de una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura que permita cerrar páginas sin la intervención de un juez focaliza en diciembre de 2009 la mayor parte de las críticas. Se acusa al Gobierno de querer crear una policía cultural en Internet. La movilización lleva al Gobierno a matizar el mensaje.

El presidente del Gobierno dice el 3 diciembre: "Estoy dando mi opinión, la libertad de expresión siempre prevalecerá". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, arguye que es necesaria "la autorización judicial y el control". La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, afirma que el Congreso podrá "perfeccionar" el borrador en el trámite parlamentario. El comentario final del cable 238241, fechado el 4 de diciembre de 2009, refleja la decepción de la delegación estadounidense. "La desconfianza en las buenas intenciones del Gobierno y en su habilidad para producir buenos resultados crece".

Mientras la tormenta internauta arrecia, el PP se arrima a los nubarrones y saluda los movimientos de la comunidad internauta . Preocupado, el embajador Alan D. Solomont se reúne con Mariano Rajoy el 21 de enero de 2010. Le hace ver lo que la industria del cine estadounidense está perdiendo en esta partida. "La cuestión es importante económicamente pero políticamente también", le dice Mariano Rajoy, tal y como el embajador refleja en el despacho 244979. La conclusión final que Solomont extrae del encuentro no ofrece muchas dudas: "En Derechos de Propiedad Intelectual, captamos que el mensaje de Rajoy es que aunque el PP entiende la necesidad de que España haga más, va a extraer cualquier beneficio político que pueda del debate sobre cuál debe ser exactamente el mecanismo que España use para cerrar sitios piratas".

Mayores esfuerzos

Solomont redobla el ritmo de reuniones. El 25 de enero, con el ministro de Industria Miguel Sebastián, que anima al embajador a que hable con el PP nacional y madrileño para que reconduzcan su postura (despacho 245612). El 10 de febrero, con Ángeles González Sinde, la ministra que está siendo en esos días objeto de todas las iras internautas.

Unos días antes, el 4 de febrero, aterriza en España Christopher Wilson, número 2 del comercio exterior estadounidense. El secretario de Economía del Partido Popular, Álvaro Nadal, se reúne con él y matiza la posición popular. Distingue, según el despacho 248887, que supervisa el propio Wilson, entre política y políticas. "En política", se dice en referencia a Nadal, "dijo que el PP no está lejos del Gobierno en las disposiciones sobre el cierre de páginas del borrador de la Ley de la Economía Sostenible. El PP apoya firmemente una fuerte protección de la Propiedad Intelectual y algo se debe hacer con los sitios piratas". Se refleja, eso sí, el rechazo del PP a la Comisión de la discordia.

Wilson acude a una comida en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Habla con el director general de Política Cultural, Guillermo Corral, que le hace saber que dentro de las propias filas del PSOE hay detractores de la nueva legislación. Cable 248887: "A la vista de la percepción de que el Gobierno de España está siendo presionado por el Gobierno de Estados Unidos, Corral pensó que sería contraproducente que la Embajada hiciera acercamientos a los que se oponen a esta iniciativa. Sugirió, no obstante, que la Embajada hablara con los diputados de Convergencia i Unió y del Partido Nacionalista Vasco sobre la legislación". La misiva concluye: "La Embajada redoblará su compromiso con Gobierno, oposición y otras partes interesadas a lo largo del proceso de La lista Especial 301 y en adelante".

En mayo, tres meses después de la visita del número 2 del comercio exterior estadounidense, España vuelve a aparecer en la lista negra.

El pasado 17 de noviembre, el Senado instaba al Gobierno a reformar la Ley de Propiedad Intelectual. Mientras, la Disposición final Segunda de la discordia aguarda en el Congreso a las enmiendas parciales de los grupos parlamentarios.



About Us

noalcierredewebs.com